Centro de Políticas Públicas

www.politicaspublicas.net

23.ago 2014
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Política de tierras indígenas, negación y validez de las reclamaciones de tierras ancestrales mapuche

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

bandera_mapuche

14 de Agosto 2009.

¿Por qué fue acribillado por la espalda Jaime Mendoza Collio? Por reclamar las tierras ancestrales de su pueblo.

¿Qué dice los Informes y políticas oficiales de Chile acerca de las tierras ancestrales? Niegan que existen tales tierras ancestrales.

Ese es un sistemático disparo por la espalda a todo un pueblo.

¿Por qué protestan los mapuches de Requem Pillan y decenas de comunidades se lanzan una y otra vez a las vías de hecho aun a riesgo de sus vidas? Porque cientos de reclamos de tierras usurpadas son declarados arbitrariamente como 'inadmisibles' por CONADI. Y porque, si sus reclamos son admitidos deben esperar años y años, porque no hay fondos. Ambos factores - presupuesto escaso y procedimientos arbitrarios- son inductores de conflictos sociales.

En Ginebra, Suiza, el jueves 13 de agosto de 2009,  la Ministra de MIDEPLAN Paula Quintana representó a  Chile ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial.  Tuvo que comenzar explicando las circunstancias de la muerte de un comunero mapuche el dia 12 de agosto, acribillado por  un funcionario policial en nombre del Estado. Y enseguida presentó un informe que niega los derechos mapuche  sobre las tierras ancestrales

En Requem Pillam, Malleco,  y en la conciencia  de cada mapuche las circunstancias de la muerte de Jaime Mendoza Collío  son conocidas. La  negativa de las autoridades a atender las reivindicaciones de derechos;  la postergación durante años; la cotidiana respuesta desproporcionadamente violenta. En fin, la exclusión y el racismo. Aquello que resume la frase oficial que considera válido  matar comuneros mapuches "en defensa propia".


LAS TIERRAS ANCESTRALES DE LOS INVISIBLES

Como Garabombo, el personaje de la novela de Scorza, pareciera que sólo  los actos de protesta  sanan  por un momento a los mapuches de ese raro mal que afecta a los indígenas: ser invisibles a los ojos de las autoridades cuando llegan a las puertas del palacio de Gobierno en plan de diálogo y  paz.  El  comunero  Jaime Mendoza Collio - el invisible-  ahora tiene rostro y el inconfundible semblante de campesino mapuche. Ni taliban, ni subversivo, ni lector de Bakunin.  Un campesino de 24 años, padre de un niño de cuatro años.

¿Por qué protestan los mapuches? Más allá del cliché de la prensa, más allá de si cubren o no sus cabezas con una polera raída ¿Por qué reclaman esos mapuches, los de Requem Pillan?

De acuerdo a sus declaraciones la comunidad Requem Pillan se ha sumado a las acciones de protesta social acordadas por un centenar de comunidades mapuches en las provincias de Malleco y Cautín de la Región de la Araucanía. Protestas iniciadas a fines de julio de 2009 porque se cansaron de esperar. Las comunidades protestan por la negativa oficial  de admitir sus reivindicaciones de tierras ancestrales, y por incumplimientos de compromisos adquiridos por autoridades estatales hace ya lustros,  de dar solución a sus reclamaciones.

Más de cien lonkos y jefes de comunidades viajaron hace un mes atrás a Santiago para presentar su situación a las autoridades. No fueron recibidos en La Moneda. Eran invisibles. Entonces resolvieron protestar. Y al instante se han hecho visibles y puesto a tiro.

Tras la muerte del comunero  Jaime Mendoza Collio la prensa ha hecho visible que la comunidad Requem Pillan, en Malleco, reivindica derechos sobre tierras ancestrales, actualmente en poder de un privado bajo el nombre de Fundo San Sebastián. Y que llevan años en el mismo afán, generaciones de Collios contumaces reivindicando un valle, un arroyo y unas lomas, aferrados a la memoria de sus tierras antiguas.

 

REQUEM PILLAM  Y REQUIEM DE LA POLITICA DE TIERRAS Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONADI

¿Por qué protestan y se lanzan a las vías de hecho a riesgo de sus vidas?  Porque cientos de reclamos de tierras usurpadas son declarados arbitrariamente como  "inadmisibles" por CONADI.  Y porque, si sus reclamos son admitidos deben esperar años y años, porque no hay fondos. Ambos factores - presupuesto escaso y procedimientos arbitrarios-  son inductores de conflictos sociales.

El primer factor es  la “Política de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI”, aprobada por el Consejo Nacional de la Corporación el 27 de agosto de 1999; y en Resolución Exenta de CONADI, Nº 878 del 1 de Septiembre de 2003, que aprueba el Manual para la aplicación del Procedimiento para la Compra de Tierras a través del Programa Subsidio Artículo letra b) del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la CONADI, que establece los requisitos de admisibilidad de las reclamaciones de tierras.

El  Manual de Procedimiento limita arbitrariamente los alcances del Artículo 20 letra b) de la Ley Indígena 19.253,  y solo  considera admisibles aquellas reclamaciones que se refieren a casos de usurpaciones  de tierras que estuvieron bajo un título otorgado por el estado:  titulos de merced, titulos de reforma agraria, u otros de similar origen estatal. Sin embargo, ninguno de esos criterios de admisibilidad están en el Art. 20 letra B de la Ley Indígena.

El Manual excluye y considera inadmisibles   las reclamaciones de tierras ancestrales o tierras antiguas, que quedaron fueran de los títulos de merced, y cuyos deslindes se conservan solo en  la memoria colectiva de las comunidades. En tales circunstancias, las comunidades solo cuentan con el recurso de las vías de hecho para reivindicar sus tierras.

UN FONDO DE TIERRAS DESFINANCIADO

El hecho cierto es que, movilización mediante, y al cabo de algunos años en múltiples ocasiones y lugares, finalmente, CONADI  ha debido admitir tales reclamaciones de tierras ancestrales. Sin embargo,  aun en aquellos casos, los comuneros  deben  ponerse a la fila para obtener la  "aplicabilidad".  Ahi emerge el otro obstáculo: no hay recursos. Entonces se da paso a una disputa por lograr ser visibles y "priorizados"  para el reparto de la escasez.

Recientemente el Comisionado Presidencial Para Asuntos Indígenas ha admitido, por fin,  que el presupuesto destinado para el Fondo de Tierras es insuficiente:

“A la falta de capacidad financiera y administrativa atribuyó el Alto Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, el no poder solucionar la compra de terrenos para las comunidades indígenas” . (La Tercera 31/07/2009)

 

Lo que no dijo el Comisionado es que no hay recursos porque en Chile se destina  a políticas indígenas solo el 0, 3 % del presupuesto estatal. Tal es la medida del peso que se le asigna a los asuntos y derechos  indígenas:  0,3 %.

¿Y QUE PASÓ CON LAS 150 MIL HECTAREAS ?

A los factores enunciados, sumemos el incumplimiento de los compromisos adquiridos de restituir 150 mil hectareas durante el mandato de Ricardo Lagos 2000-2005,  las que correspondían a los casos más urgentes, como los de Malleco. Tierras a adquirir mediante el  Art. 20 letra B de la Ley Indigena. Hubo compromisos de Ministros de Estado, hubo palabras empeñadas y  acuerdos con la dirigencia. Sin embargo, en ese período solo fueron restituidas 30 mil hectáreas. En 2001 la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda "congeló"  al Fondo de Tierras, al mismo tiempo que se iniciaba una desproporcionada política de penalización de las reivindicaciones de tierras.

Cuando las autoridades y el Comisionado afirman que se han "entregado"  más de 600 mil hectáreas a los pueblos indígenas, faltan a la verdad y engañan a la ciudadanía con una falacia. Hasta la fecha, de acuerdo a los propios catastros de CONADI entre 1994-2009  sólo han sido adquiridas en total 93.321 hectáreas, y de ellas el 25 % no son restituciones sino traslados forzosos.

Para completar la fantástica cifra de 600 mil hectáreas, las autoridades proceden a mezclar tramposamente las cifras.   Agregan 25 mil hectáreas en subsidios individuales  y 450 mil hectareas de tierras de superficies que  corresponden a regularizaciones de titulos de tierras que estaban inscritas a nombre del Fisco, pero que nunca salieron del dominio indígena, y de esas superficies 400 mil hectáreas son desierto altiplánico.

 

LA DOCTRINA DE LA NEGACION DE DERECHOS ANCESTRALES

¿Por qué el Manual de Procedimientos del Fondo de Tierras excluye a las reclamaciones de tierras ancestrales? Para poner límites arbitrarios a la reclamaciones de tierras y por una singular doctrina inventada a inicios de la transición.

Según la singular doctrina chilena cristalizada en el Manual de CONADI, los derechos de propiedad de los indígenas emanan de títulos del estado. En otras palabras, se niega todo  el derecho internacional en materia de reconocimiento de derechos  de los pueblos indígenas -el título nativo- , derechos que se fundan en la ocupación tradicional anterior al propio estado.

La doctrina de negación de derechos, fue sistematizada por  el indigenismo chileno a inicios de la transición en 1991, como respuesta a las emergentes reivindidaciones de tierras ancestrales que fueron violentamente neutralizadas. En el 2003 un grupo de personas con el peculiar nombre de Comisión de Verdad Histórica  volvió a repetir dicha doctrina  en  su recomendación N° 9.

Por cierto, tal  doctrina de negación de derechos es contraria al derecho internacional. Al persistir en ella, el estado de Chile incumple el Convenio 169 de la OIT, desobedece la jurisprudencia de la Corte Interamericana,  desconoce a la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y desafía al Comité Para la Eliminación de la Discriminación  Racial.

 

LAS TIERRAS ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LAS OBLIGACIONES ESTATALES

El Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Finales de abril 2007 recomendó al Estado de Chile reconocer las tierras ancestrales. En su informe señala:

19. (…) El Comité lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27)

El Estado parte debería:

a) Realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales.
CCPR/C/CHL/CO/5 -17 April 2007

 

El Comité dió plazo de un año al Gobierno de Chile para que informara de la implementación de esta recomendación.

En su respuesta oficial, presentada al Comité recién en enero de 2009 , el estado de Chile repite su doctrina de negar derechos basados en ocupación tradicional,  e insiste en la afirmación contumaz de que las tierras indígenas son solo aquellas que proceden de títulos otorgados por el estado a fines del siglo XIX.

El informe del Comisionado Presidencial presentado a nombre del Estado de Chile afirma:

“17. Según información de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), no existen demarcaciones sobre tierras indígenas que se encuentren pendientes, ya que las diversas leyes del siglo XIX, que otorgaron los títulos de merced, los otorgaron debidamente delimitados y demarcados. Así mismo, los títulos de merced, que fueron divididos, estaban debidamente determinados en sus deslindes.” CCPR/C/CHL/CO/5/Add.1, 22 de enero de 2009

En otras palabras, el estado de Chile niega todo derecho sobre tierras ancestrales. El 12 de agosto de 2009 hemos conocido los efectos materiales de esa respuesta oficial.

 

CAMINOS PARA AVANZAR. DE GINEBRA A REQUEM PILLAM

 

La política de tierras de CONADI ha topado fondo. Es insostenible su Manual de Operaciones y es inadmisible el desfinanciamiento de las políticas indígenas y es inconducente la política policial.   La solución no es la que propone la derecha y el Instituto Libertad y Desarrollo  de suprimir el Fondo de Tierras  y aplicar "mano dura". Por eso camino solo se hará irreversible la profunda erosión de la legimidad del estado ante el pueblo mapuche, y cada año más autoridades seguiran sobrevolando en helicoptero sin animarse a descender en ciertas zonas del  territorio mapuche.

Si se toma en serio el discurso del estado de derecho, entonces debe comenzar el estado por cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los excluidos, los invisibles de la República. "Todo el rigor de la ley"  tambien vale para el Convenio 169,  para la consulta previa, para los derechos sobre las tierras ancestrales, para los derechos politicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.  Y las efectivas prioridades y voluntades políticas, a fin de cuentas, se miden en las partidas de la Ley de Presupuesto. El  0, 3 % del Presupuesto que actualmente se destina a políticas indígenas, no solo es insuficiente, es un acto manifiestamente discriminatorio.

El Consejo de CONADI puede y debe reformar instrumentos administrativos como el Manual de Procedimientos del Fondo de Tierras, que son contrarios al Convenio 169 (Art 14)  y por tanto ilicitos.    Al mismo tiempo, el proyecto de Presupuesto Público del Bicentenario 2010 debe hacerse cargo de los déficit y  establecer una regla fiscal que garantice en forma permanente los recursos para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones adquiridas por el estado al ratificar el Convenio 169.

El 13 de Agosto en Ginebra, la Ministra Paula Quintana  tiene la oportunidad de cambiar de discurso, y  asumir compromisos de estado para erradicar de verdad el racismo en Chile. Comenzando por implementar el Convenio 169 que entra en vigor el 15 de septiembre. A su vez, la delegación de autoridades  que anuncia su visita a Malleco, debiera comenzar por pedir formales excusas a los lonkos que recibieron un portazo en la Moneda.

Que el Estado se allane a un diálogo de buena fe con los pueblos indígenas - ese diálogo que fueron a ofrecer 100 lonkos invisibles a La Moneda-   para alcanzar acuerdos sustantivos,  realizar las reformas necesarias de leyes sectoriales,  destinar los fondos suficientes, retirar a los destacamentos policiales y dar pasos efectivos para cumplir con el deber estatal de reparación y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

El 13 de Agosto en Requem Pillam, la familia de Jaime Mendoza Collio, su comunidad y su pueblo piden justicia. Los invisibles piden justicia. Donde quiera que se encuentre un mapuche, - ciudades, villorios, poblaciones,  campos, cárceles, universidades, oficinas - piden justicia, y reafirman la íntima convicción de que reivindicar las tierras ancestrales es un acto de memoria colectiva, en defensa de la propia existencia.

 

 


www.politicaspublicas.net

 

 

 

Esa doctrina  de negación de derechos, fue sistematizada por José Bengoa y el indigenismo chileno, a inicios de la transición.Según sus autores, los derechos de propiedad de los indígenas emana de títulos del estado. En otras palabras, se niega todo lo avanzado en el derecho internacional en materia de reconocimiento de derechos sui generis basados en la ocupación tradicional, y la pre existencia al estado.

Tal doctrina de negación de derechos ancestrales, en el presente, está cristalizada en la “Política de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI”, aprobada por el Consejo Nacional de la Corporación el 27 de agosto de 1999; y en Resolución Exenta de CONADI, Nº 878 del 1 de Septiembre de 2003, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de Tierras y Aguas  y establece los requisitos de admisibilidad  de las reclamaciones de tierras.

El resultado de tal Manual de Operaciones es que las reclamaciones de tierras ancestrales, basadas en la memoria colectiva de las comunidades son consideradas  "inadmisibles" por  CONADI. En tales circunstancias, las comunidades solo cuentan con el recurso de las vías de hecho  para reivindicar sus tierras.  Y en el mejor de los casos, si llegasen a ser admitidas, deberán ponerse a la fila para la "aplicabilidad". Y ya lo dijo el Comisionado: no hay recursos.

 

Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 28

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

 

 

 

Tierras Ancestrales y Tratados de Derechos Humanos

Recomendaciones a Chile respecto a las Tierras Ancestrales. ONU Comité de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

CCPR/C/CHL/CO/5, 17 Abril 2007

19. (...)  el Comité manifiesta su preocupación ante las varias y concordantes informaciones recibidas en el sentido de que algunas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales.

El Comité lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan el peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27)

El Estado parte debería:

a) realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales.

b) Modificar la ley 18.314, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto.

c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.

 

21. (...)el Estado Parte debería proporcionar, en el plazo de un año, la información pertinente sobre la evaluación de la situación y el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contenidas en los párrafos 9 y 19.

Las tierras ancestrales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

"1) La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado;
2) La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro;
3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y
4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad"

"Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas"


Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Sawhoyamaxa vs Paraguay.
Interpretación autorizada y vinculante para todos los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos

Chile. Bicentenario, Presupuesto Público y Políticas Indígenas

En su Bicentenario el Estado de Chile destina a políticas indígenas sólo un 0,34 % del presupuesto público

Porcentaje

 Fuente. Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto
Leyes de Presupuesto del Sector Público Chile 1994- 2010

Nota:Presupuesto de políticas indígenas: incluye TODOS los items destinados a programas indígenas registrados en las leyes de presupuesto : Conadi, BID Origenes, Salud, Educación,  Mideplan, Pro empleo, Gores, Vialidad.

Ver  Estudio sobre Presupuesto y Políticas Indígenas en Chile

Online

En este momento hay 190 lectores conectados

Suscribirse a Boletin