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01.ago 2014
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Guatemala: Corte declara autoejecutabilidad de sentencias de la Corte Interamericana

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logo-cidhLa  Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró la autoejecutabilidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, y ordenó reabrir la investigación penal en cuatro casos de graves violaciones a los derechos humanos. Los casos habían sido sometidos por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Washington, DC, 3 de febrero de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su satisfacción ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala mediante la cual ordenó reabrir la investigación penal en cuatro casos de graves violaciones a los derechos humanos. Los casos habían sido sometidos por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la decisión de la Corte Suprema marca un paso importante en el cumplimiento de las sentencias del tribunal regional y en contra de la impunidad.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de diciembre de 2009, en virtud de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo de los Casos “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros)” (1998); “Panel Blanca (Paniagua Morales y otros” (1999); “Bámaca Velásquez” (2000) y; “Carpio Nicolle y otros” (2004) declaró la autoejecutabilidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana; la nulidad de las sentencias emitidas a nivel interno en los casos mencionados porque fueron violatorias a los principios universales de justicia que se encuentran consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y; ordenó una nueva investigación en cada caso, dando intervención al Ministerio Público con el objeto de que realice las investigaciones que permitan determinaren forma efectiva a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos establecidas por la Corte Interamericana en las respectivas sentencias.

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala se fundan en el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana y en que el Estado de Guatemala “bajo pretexto de la normatividad interna no puede obstruir o impedir el cumplimiento de lo mandado por el Tribunal supra nacional”. Estas decisiones fueron pronunciadas en el marco de solicitudes de ejecución de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpuestas por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

La CIDH valora estas importantes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala porque reflejan un paso importante hacia el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana y muestran señales concretas para combatir la impunidad. Asimismo, la CIDH reitera la importancia de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, dotándola de recursos suficientes y adecuados para responder al gran número de causas pendientes en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

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Las tierras ancestrales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

"1) La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado;
2) La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro;
3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y
4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad"

"Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas"


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