La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación.  Analiza el grado de impacto de los estándares, recomendaciones, y decisiones del sistema interamericano en la jurisprudencia de los países.

CIDH: "La discriminación y la violencia no siempre afectan en igual medida a todas las mujeres; hay mujeres que están expuestas al menoscabo de sus derechos en base a más de un factor de riesgo.  Algunos ejemplos destacados por la CIDH son la situación preocupante de las niñas y las mujeres indígenas en la garantía y el ejercicio de sus derechos."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas, donde se examina la participación de las mujeres en la esfera política desde una perspectiva de derechos humanos.

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos son reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos. 

La obligación de crear las condiciones para que las mujeres puedan ejercer de forma plena sus derechos políticos, libres de toda forma de discriminación, surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”) y la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

[CIDH, Washington DC, 19 Agosto 2011] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso No. 12.576, Norín Catriman y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche), Chile.

El caso se relaciona con la violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe - Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche - debido a su procesamiento y condena por delitos denominados terroristas, en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria. Todo esto en un contexto de aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en perjuicio de miembros del pueblo indígena Mapuche en Chile.

[CEPPDI ]. 1 de junio de 2011 Los  relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa, África, y las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta sobre la necesidad de proteger y promover Internet y los límites del Estado a la hora de regular este medio.

"Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres."

 

 

"Quisiéramos expresar nuestro profundo desacuerdo con la postura que Usted defendió en esa misma entrevista hacia los derechos de los pueblos indígenas. Sugerir, o dejar entender que las violaciones a estos derechos no tienen la misma importancia que la tortura y desapariciones forzadas equivale a menoscabar los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de los cuales los derechos humanos son indivisibles e interdependientes"

 

CIDH, Washington, DC, 17 de febrero de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales.

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se explica porque el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH ha venido prestando una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos.

En virtud de esto, el derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21 adquiere una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales. La garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.

Washington, D.C., 9 de diciembre de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora la muerte de internos en un incendio en la cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias a fin de investigar debidamente estos hechos y evitar su repetición.

Según la información recibida, al menos 83 personas murieron y al menos 14 resultaron con quemaduras graves, como consecuencia de un incendio que se habría producido en la madrugada del 8 de diciembre de 2010. La Comisión Interamericana insta al Estado a tomar las medidas adecuadas para informar en forma pronta y precisa la identidad de los internos que perdieron la vida en el incendio y las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento. Asimismo, insta al Estado a informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna a los familiares de internos que puedan ser trasladados a otras cárceles. Por último, la CIDH urge al Estado a informar sobre las medidas que se están tomando en la Cárcel de San Miguel con posterioridad al incendio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó  al Gobierno de Guatemala lo siguiente:

Organización de Estados Americanos
Washington, D.C. EEUU

20 de mayo de 2010

Ref.: Comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos.
Medida Cautelar MC-260-07
Guatemala

En vista de los antecedentes del asunto, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25 de su Reglamento con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de las Comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos.

En particular, la CIDH solicita al Gobierno de Guatemala:

1) Suspender la explotación minera del Proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A., e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares.

Washington, D.C., 3 de febrero de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una reunión de trabajo el 28 y 29 de enero de 2010, en dicha reunión, la CIDH distribuyó sus Relatorías Temáticas y de País.

Dina Shelton es la nueva relatora de la CIDH sobre derechos de los pueblos indígenas.

La  Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró la autoejecutabilidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, y ordenó reabrir la investigación penal en cuatro casos de graves violaciones a los derechos humanos. Los casos habían sido sometidos por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CIDH convoca a participar de estudio continental sobre los estándares de derechos territoriales indígenas  y el cumplimiento del deber estatal de consulta previa.

 

 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), el 17 de junio de 2009, solicitó al Gobierno  de Panamá que adopte medidas con el fin de evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad del pueblo Ngobe asentado en el Valle del Río Changuinola, provincia de Bocas del Toro, afectados por los proyectos hidroeléctricos de la empresa AES Corporatión, a través de su filial AES-Changuinola. 

 

"La Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios."

Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al culminar visita a Guatemala

 

Las democracias de hoy deben incluir la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América. Todo Estado democrático de derecho debe cumplir de buena fe las obligaciones internacionales derivadas de su ratificación del Convenio 169.

Mensaje del Director Ejecutivo del IIDH con motivo de los sucesos de Bagua, Perú

 

"Hemos recibido información sobre proyectos hidroeléctricos, que son más de 80, los cuales se están desarrollando sin haberse efectuado, por parte de las autoridades del Estado, una consulta previa, libre e informada."

 

"La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.

 

7 de junio de 2009. Salón Pintores del Hotel Camino Real, Avenida La Reforma, Zona 10, Ciudad de Guatemala.

Durante los últimos años, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha conocido importantes avances en relación con la protección de los derechos de los pueblos indígenas en las Américas, tanto en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se ven reflejados en los procesos de soluciones amistosas, decisiones en casos individuales y medidas cautelares, como en las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los principales desarrollos jurisprudenciales se ha dado en relación con los derechos de propiedad indígena sobre las tierras, territorios y recursos naturales, derechos que revisten una importancia vital para la supervivencia cultural y material de estos pueblos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el  libro "La infancia y sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos".

El 12 de Agosto de 2008 La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia interpretativ a en que establece  que cuando proyectos de desarrollo o inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales de un pueblo indígena el estado tiene el deber no sólo de consultar sino también de obtener su consentimiento libre, previo e  informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.

La sentencia del caso Saramaka es vinculante para todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tambien para Chile.La jurisprudencia de la CIDH proporciona un marco para abordar los casos de El Tatio, Mehuin, Pellaifa, etc. 

Publicamos texto de la sentencia y un comentario de Fergus Mackay.

En su informe preliminar la Mision señala: "la delegación observó con preocupación que en todos los centros de detención visitados en Chile existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas".