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En un comunicado, Anaya señaló que los miembros de esta comunidad fueron desplazados de sus tierras por la fuerza, perdieron sus casas y sus cosechas fueron destruidas. Además, condenó el uso excesivo de la fuerza y la detención de quienes se opusieron a la construcción del proyecto hidroeléctrico, entre ellos, mujeres y niños.
“Mi papel como Relator Especial consiste esencialmente en vigilar las condiciones de vida de estos pueblos en todo el mundo y realizar toda acción que esté a mi alcance para sortear cualquier obstáculo que impida el goce pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, afirmó Anaya.
Anaya urgió al Gobierno de Panamá a investigar lo sucedido para que los responsables sean castigados y se adopten las medidas necesarias para reparar el daño a las víctimas.
La comunidad “Charco la Pava” forma parte de los indígenas Ngobe Buglé de la provincia panameña de Bocas del Toro.
Fuente: Centro de Noticias ONU
