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31.oct 2014
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Informe Relator ONU J. Anaya: Situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, 2009

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El Relator Especial presenta las siguientes observaciones y recomendaciones con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile , de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia."

'Existen grandes desafíos que debe enfrentar el Estado de Chile para cumplir con sus deberes de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en particular en materia de consulta y concertación, derechos a tierras y territorios, explotación de recursos naturales, y políticas acerca de conflictos vinculados a reivindicaciones de tierras mapuche.'

Informe de Observaciones y Recomendaciones del Relator James Anaya a Chile, resultado de su visita del 5-9 abril de 2009. I nforme presentado al Consejo de Derechos Humanos, 14 de septiembre 2009.


 

A/HRC/12/34/Add.6
5  de Octubre 2009

Original: SPANISH

[Versión  preliminar: 14 de Septiembre 2009]


LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE:
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS
POR EL RELATOR ESPECIAL ANTERIOR**

Resumen

El presente informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre su visita de trabajo a Chile del 5 y 9 de abril de 2009 y el intercambio de información con el Gobierno de Chile y otras partes interesadas, con relación a la situación de los pueblos indígenas del país.

Esta visita e intercambio de información se han dado a la luz del informe y recomendaciones hechos por el anterior Relator Especial después de su misión a Chile en el año 2003.

El Relator Especial toma nota de los avances realizados por el Estado de Chile hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, tal como la ratificación del Convenio Nº 169 y las iniciativas de reforma constitucional en materia indígena. Se constata un nivel importante de atención de parte del Estado de Chile a los asuntos indígenas, expresado en el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del Relator Especial anterior, Rodolfo Stavenhagen, especialmente en materia de políticas asistenciales.

Sin embargo, todavía existen grandes desafíos que debe enfrentar el Estado para cumplir con sus deberes de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en particular en materia de consulta y concertación, derechos a tierras y territorios, explotación de recursos naturales, y políticas acerca de conflictos vinculados a reivindicaciones de tierras mapuche.

El Relator Especial presenta las siguientes observaciones y recomendaciones con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia.

 

Documento completo en versión PDF 

INDICE

 


Párrafo
I. Introducción 1-5
II. Observaciones sobre la información recibida 6-47

A. Consulta y participación

9-24

B. Derechos a Tierras y Territorios

25-33

C. La Explotación de los Recursos Naturales

34-40

D. Conflictos por reivindicaciones de tierras mapuche

41-47
III. Conclusiones y recomendaciones 48-66
 63  

Apéndice A

Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile

 

Apéndice B

Carta de Rodrigo Engaña Baraona, Comisionado Presidencial para asuntos indígenas, al Relator Especial

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN
 
1.             El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, presenta su informe sobre su visita de trabajo a Chile del 5 y 9 de abril de 2009 y el intercambio de información con el Gobierno de Chile y otras partes interesadas, con relación a la situación de los pueblos indígenas del país. Esta visita e intercambio de información se han dado a la luz del informe y recomendaciones formuladas por el anterior Relator Especial después de su misión a Chile en el año 2003[1]. Dados los acontecimientos en curso el Relator Especial transmitió al Gobierno, el 24 de abril de 2009, un informe sobre los “Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile”, que identifica las normas internacionales relevantes al proceso de consulta y criterios para operativizar la consulta sobre la reforma constitucional que se impulsa en Chile. Dicho documento se adjunta al presente informe (apéndice A). El 12 de mayo de 2009, el Gobierno de Chile presentó observaciones sobre el procedimiento de consulta en curso, lo cual también se adjunta al presente informe (apéndice B)[2]
 
2.             Durante su visita a Chile, el Relator Especial realizó reuniones con la Presidenta de la República; el Ministro Secretario General de la Presidencia; la Ministra del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN); el Comisionado Presidencial de Asuntos Indígenas; el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Subsecretaria de Carabineros; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal Constitucional; la Comisión de Constitución del Senado; y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Asimismo el Relator Especial sostuvo reuniones con pueblos y organizaciones indígenas en Santiago, Temuco, e Iquique y con organizaciones de la sociedad civil.
 
3.             El Relator Especial expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de Chile por su cooperación en la planificación y desarrollo de la visita así como por su disponibilidad para seguir un diálogo constructivo con el Relator Especial con miras a contribuir a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. Asimismo, el Relator Especial expresa su agradecimiento a los representantes de las Naciones Unidas en Chile, especialmente a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el apoyo indispensable brindado durante el curso de la visita.
 
4.             Mediante una carta del 12 de mayo de 2009, el Relator Especial comunicó al Gobierno sus observaciones preliminares relativas a los asuntos discutidos durante su visita, e hizo una serie de preguntas al Gobierno solicitando información adicional al respecto. El Gobierno respondió a las preguntas del Relator Especial, con información detallada, mediante nota con fecha 6 de julio de 2009[3]. Posteriormente, el Relator Especial envió una versión inicial del presente informe, y en respuesta, mediante una nota del 8 de septiembre de 2009, el Gobierno transmitió comentarios adicionales[4]. El Relator Especial agradece al Gobierno por sus respuestas detalladas. El presente informe incluye las observaciones ya comunicadas al Gobierno, con actualizaciones hechas en vista de sus comentarios y la información proporcionada por diversas fuentes.
 
5.             Las observaciones presentadas a continuación no pretenden dar cuenta de una evaluación exhaustiva de la situación de los pueblos indígenas del país o de la implementación de las recomendaciones del anterior Relator Especial, sino que versan sobre las cuestiones y temas que fueron planteados de modo principal y transversal durante la visita del Relator Especial en relación con dichas recomendaciones. Estos asuntos incluyen la consulta y participación, derechos a tierras y recursos naturales, los proyectos de explotación de recursos naturales, la política penal, y el conflicto respecto a tierras mapuches.
 
II. OBSERVACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
 
6.             Resulta aparente que el Estado ha dedicado esfuerzos en materia de asuntos indígenas, especialmente en años recientes, incluyendo la ratificación del Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989, el 15 de septiembre de 2008 y la dictación del plan denominado “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, dado a conocer por el Gobierno el 1 de abril de 2008. La ratificación del Convenio N.º 169 fue una de las recomendaciones principales del Relator Especial anterior (E/CN.4/2004/80/Add.3, párr. 58), y su entrada en vigor ayuda a consolidar un marco normativo para garantizar derechos y guiar las políticas públicas del Estado en torno a los pueblos indígenas. El Relator Especial toma nota del anuncio de implementar el Convenio N.º 169 de la OIT y dar pasos hacia la reforma de leyes sectoriales que afectan intereses y derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, el Relator Especial toma nota del plan Re-Conocer y las iniciativas que representa para el fortalecimiento de programas asistenciales para promover el desarrollo de los indígenas en ámbitos culturales, económicos y sociales.
 
7.             El Relator Especial además toma nota de los avances en la situación socioeconómica de los pueblos indígenas, en particular en aspectos como reducción de pobreza, salud y educación. Cabe notar que, según las cifras oficiales, se ha disminuido el nivel de la población indígena bajo la línea de pobreza de manera importante (10,4 puntos, de 29.4% a 19%), así como se ha reducido la brecha entre poblaciones indígenas y no indígenas entre 2003 y 2006 en cuanto a ocupación, analfabetismo y nivel de escolaridad[5]. El Relator Especial reconoce que estos avances representen pasos importantes hacia el cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial anterior en materia de temas sociales y enfatiza la necesidad de seguir desarrollando iniciativas en este respecto, en consulta con los pueblos indígenas del país.
 
8.             Sin embargo, aún persisten en Chile severas brechas de desigualdad en el goce de los derechos económicos y de la salud y educación de los pueblos indígenas. De acuerdo a la Encuesta Casen 2006, todavía persiste en Chile una marcada discriminación en los ingresos entre personas indígenas y no indígenas, y desigualdades en la cobertura de seguros de salud y previsión[6]. Asimismo, de acuerdo a estudios realizado por el Centro de Demografía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población mapuche en la provincia de Arauco y la población aymara en la provincia de Arica presentan niveles de salud más deteriorados que la población no indígena[7]. En cuanto al derecho a la educación y derechos lingüísticos, la encuesta Casen 2006 revela una alarmante pérdida de las lenguas indígenas en los niños y niñas indígenas, lo que señala una necesidad de fortalecer los programas de educación bilingüe intercultural.
 
A. Consulta y participación
 
1. El desarrollo de un procedimiento de consulta
 
9.             A pesar de los avances mencionados, incluida la ratificación del Convenio N.º 169 de la OIT, el Relator Especial expresa su preocupación por las reiteradas comunicaciones recibidas de las organizaciones y representantes indígenas, que han expresado sentirse excluidos de los procesos de toma de decisiones de las políticas gubernamentales y legislativas que les conciernen, incluyendo el Plan Re-conocer, y aquellas iniciativas gubernamentales relacionadas con reformas legislativas y constitucionales, políticas sobre tierras y territorios, y proyectos públicos y privados de desarrollo e inversión económica. Asimismo, el Relator Especial ha constatado la existencia de un nivel significativo de desconfianza, descontento y hasta rechazo de los planes, programas y políticas del Gobierno por parte de los pueblos indígenas. Para superar esas reticencias, el Relator Especial estima que un paso fundamental es mejorar y garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de tales iniciativas de políticas estatales.
 
10.         Por lo anterior, y debido a la importancia central que tiene el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas para el goce de otros derechos humanos por parte de dichos pueblos, en particular los derechos de participación y derechos sobre las tierras y recursos naturales, el Relator Especial observa que el desarrollo de un procedimiento efectivo de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales obligatorios para el Estado, es uno de los principales desafíos a enfrentar en Chile. A este respecto, el Relator Especial enfatiza que un aspecto fundamental del Convenio N.º 169 de la OIT es la obligación de los gobiernos “de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos” (art. 2, párr.1).
 
11.         Durante su visita a Chile el Relator Especial observó que podría ser de mutua utilidad y provecho, tanto para el Gobierno como para los pueblos indígenas en Chile, llevar a cabo “una consulta sobre la consulta” para determinar el procedimiento para implementar en Chile los estándares internacionales en las consultas propiamente dichas, antes de la adopción de cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas o a una comunidad indígena. Dicho proceso, dirigido a establecer y regularizar los mecanismos de consulta ajustándolos a los estándares internacionales, podría ser necesario para generar confianza y crear canales de diálogo con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta que debe implementar el Estado y, de este modo, consecuentemente, alcanzar resultados sustantivos aceptables.
 
12.         El Relator Especial toma nota de las afirmaciones del Gobierno de adoptar medidas al respecto. En este contexto el Gobierno ha informado  que  “se dictará un reglamento provisional con el objetivo de regular las obligaciones contendidas en los Artículo 6 y 7 del Convenio 169 y el Artículo 34 de la Ley Indígena”. Según el Gobierno, con este reglamento provisional, los órganos de la administración tendrán un procedimiento que “los obligará a escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas en relación con las políticas, planes y programas, y las medidas legislativas que les afecten directamente”[8]. Al respecto, el Relator Especial enfatiza que tal reglamento debe ser consultado previamente con los pueblos indígenas del país y debe contemplar los requisitos esenciales de la consulta establecidos en las normas internacionales. El Relator Especial considera que, en la elaboración de los procedimientos de consulta, podría ser útil contar con la participación y asesoría de expertos independientes, con miras a orientar la toma de decisiones en torno a los contenidos del proceso de consulta a la luz de las normas internacionales aplicables, una recomendación que ha sido señalada como bien recibida por el Gobierno.
 
13.         Cabe notar que, en general, las normas contenidas en el informe del Relator Especial sobre “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile” (apéndice A, infra), podrían ser aplicadas a los procesos de consulta sobre la elaboración de toda medida legislativa, administrativa, reglamentaria o política que afecte directamente los derechos y los intereses de los pueblos indígenas.
 
2. Reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
 
14.         En el curso de la visita del Relator Especial, el 7 de abril de 2009, el Senado de la República votó afirmativamente sobre la idea de llevar a cabo una reforma constitucional en materia indígena, sobre la base de una iniciativa legislativa promovida por el Gobierno en acuerdo con una Comisión del Senado. El Relator Especial nota que dicha iniciativa podría  representar un paso importante hacia el cumplimiento de la recomendación del anterior Relator Especial de “[aprobar] a la brevedad posible la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena” (E/CN.4/2004/80/Add.3, párr. 57). En su comunicado de prensa al concluir la visita a Chile el 7 de abril de 2009, el Relator Especial señaló su “preocupación por algunos aspectos de la propuesta, sobre todo la falta de un consenso con las organizaciones y dirigentes indígenas del país”. Asimismo, enfatizó que “es crucial asegurar que se lleve a cabo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional que sea conforme a las normas internacionales aplicables, incluidas aquellas reconocidas en el Convenio N.º 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que, el resultado de la reforma también sea conforme a estas normas”.
 
15.         Las observaciones específicas del Relator Especial sobre las normas internacionales relevantes a este proceso así como observaciones sobre los criterios para operativizar la consulta sobre la reforma constitucional en Chile están contenidas en su informe “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile” (apéndice A, infra). Como el Relator Especial señaló en aquel informe, se reserva la oportunidad de transmitir al Gobierno de Chile sus observaciones en torno a los contenidos mínimos que, en su opinión y considerando los estándares internacionales, deberían plasmarse en el texto constitucional en relación con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
 
16.         Comenzando en abril de 2009, el MIDEPLAN y la CONADI realizaron un proceso de recolección de observaciones de organizaciones y representantes indígenas acerca del proyecto de reforma constitucional. El Relator Especial toma nota de este proceso y agradece al Gobierno por la información detallada proporcionada por el Gobierno al respecto. Sin embargo, cabe notar que, según la información recibida de organizaciones y representantes indígenas, incluyendo los Consejeros indígenas de la CONADI, dicho proceso se enfocó principalmente en la difusión de información; al respecto, el Gobierno disiente de esta caracterización y afirma que también se buscó “promover una discusión amplia sobre el tema una vez que dichos dirigentes retornaran a sus comunidades”[9]. Las observaciones recolectadas por el MIDEPLAN durante este proceso fueron entregados a la Comisión de Constitución del Senado para su consideración. Por su parte, los Consejeros indígenas de la CONADI realizaron reuniones con representantes indígenas sobre las reformas constitucionales, y según la información proporcionada por el Gobierno, los resultados también serán remitidos al Congreso.
 
17.         Aparte del proceso implementado por el MIDEPLAN y la CONADI, corresponde al mismo Congreso el deber de consultar con los pueblos indígenas del país el proyecto de reforma constitucional en materia indígena, tal como enfatizó el Relator Especial en su informe (apéndice A, infra). Al respecto, el Relator Especial hace presente que el Tribunal Constitucional de Chile en su sentencia Rol 309, de agosto de 2000, determinó que el deber de consultar a los pueblos indígenas establecida en el Artículo 6 del Convenio N.º 169 de la OIT constituye una norma autoejecutable y obligatoria para el Congreso (Ibíd., párrs 42 y 43)[10]. Asimismo, los Consejeros indígenas de la CONADI realizaron reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para enfatizar el deber del Congreso de realizar un procedimiento de consulta, tal como establece la sentencia Rol 309. El Relator Especial seguirá monitoreando el desarrollo del proceso de reforma constitucional ante el Congreso con la expectativa razonable de que se lleve a cabo un proceso de diálogo entre ambas cámaras y los pueblos indígenas, con miras a llegar a un consenso en torno al texto de la reforma. Asimismo, enfatiza la necesidad que el texto de la reforma constitucional sea conforme a las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas.
 
3. Participación de los pueblos indígenas en las estructuras y definición de políticas del Estado
 
18.         En cuanto a la participación indígena en las estructuras de Estado, el Relator Especial toma nota que el Gobierno está considerando la presentación de dos proyectos de ley para a) garantizar la participación de los pueblos indígenas en el Parlamento y en los Consejos Regionales; y b) crear un Consejo de Pueblos Indígenas. El Relator Especial valora estas iniciativas,  a la vez que reconoce los desafíos y requisitos que pudiera implicar el dar curso a tales iniciativas debido a las particularidades del sistema político institucional en Chile. Según entiende el Relator Especial, para garantizar la participación de los pueblos indígenas en el Parlamento, se requiere previamente una reforma constitucional respecto al número de parlamentarios, circunscripciones y el sistema electoral binominal.
 
19.         En relación a la propuesta de crear un Consejo de Pueblos Indígenas, el Relator Especial recuerda al Gobierno la importancia de asegurar que los mecanismos de interlocución entre los estados y los pueblos indígenas faciliten el ejercicio pleno de los derechos y facultades de que son titulares cada pueblo y comunidad indígena, de conformidad con sus propias instituciones representativas. Al respecto, el Relator Especial quisiera hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama v. Nicaragua, que señala:
 
“…El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas (....) puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización”[11].
 
20.         Similarmente, el Convenio N.º 169 de la OIT establece que la participación de los pueblos indígenas se realiza a través de sus organizaciones e instituciones representativas (arts. 6.1(a)). Un comité del Consejo de Administración de la OIT ha señalado que “[d]ada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución representativa, lo importante es que estas sean el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas”[12]. Además, el comité afirmó que no deben confundirse las “instituciones representativas de los pueblos indígenas” con las “organizaciones más representativas” de estos pueblos en términos de cobertura[13]
 
21.         A este respecto, el Relator Especial observa la importancia que los mismos pueblos indígenas desarrollen o revisen sus propias instituciones, a través de sus propios procedimientos de toma de decisiones, para facilitar los procesos de consulta y su participación en las estructuras de toma de decisiones del Estado. El Relator Especial ha observado que, en general, la falta de consideración de organizaciones representativas de los pueblos indígenas puede confundir o retrasar los procesos de consulta y participación. Sobre este punto, el Gobierno ha reconocido que “la implementación de un proceso de consulta bajo los estándares del Convenio N.º 169 de la OIT […] requiere un gran esfuerzo de parte de todos los actores, públicos, privados y de los pueblos indígenas y, en consecuencia, constituye una tarea realizable en un marco de diálogo y comprensión mutua”[14].
 
22.         El Relator Especial nota que, en el marco legal vigente,  la CONADI, bajo la dirección de su Consejo Nacional, que es integrado paritariamente por representantes del Ejecutivo y de los pueblos indígenas, podría ser un punto focal importante para la interlocución entre el Estado y los pueblos indígenas, incluyendo en los procesos de consulta a desarrollarse, considerando su mandato según la Ley 19253 de 1993 (“Ley Indígena”) de “[p]romover el reconocimiento y respeto de las etnias indígenas, de sus comunidades y de las personas que las integran, y su participación en la vida nacional;” (art. 39, inc. a) y de “[s]ugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas” (art. 39, inc. j). El Relator Especial observa también que dentro de la estructura de CONADI, el Consejo Nacional tiene la función, entre otras, de “[e]studiar y proponer las reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas o que les afecten directa o indirectamente” y de “[s]ugerir a los diversos ministerios y reparticiones del Estado los planes y programas que estime conveniente aplicar y desarrollar en beneficio de los indígenas” (art. 42, inc. c).
 
23.         Asimismo, el Relator Especial toma nota de la existencia de diversos proyectos de ley que guardan relación con institucionalidad de políticas indígenas, tales como el proyecto de creación de una Subsecretaria de Asuntos Indígenas (Boletín 6018-06) y el proyecto “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública” (Boletín 3562-06). El Relator Especial señala que tales proyectos deben ser debidamente consultados con los pueblos indígenas.
 
B. Derechos a tierras y territorios
 
24.         En Chile, la Ley Indígena 19253 estableció en su momento el marco nacional principal respecto a derechos de los pueblos indígenas a las tierras y recursos y creó un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, administrado por la CONADI. El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas funciona a través de dos mecanismos establecidos en el artículo 20: a) el subsidio a la compra de tierras para su ampliación; y b) la compra directa de “tierras en conflicto”. De acuerdo a la información recibida, desde 1994, la política de tierras de la CONADI se ha concentrado en la compra de tierras. El Relator Especial toma nota de que el Gobierno de Chile ha comprado y entregado un conjunto significativo de tierras de más de 140.000 hectáreas, las que sumadas a las tierras fiscales regularizadas y que ya se encontraban en posesión indígena, totalizan hasta la fecha unas 657.520 hectáreas, según la información oficial. El Gobierno nota que durante la vigencia de la Ley 19253 se han obtenido los siguientes resultados entre 1994 y 2009[15]:

 

 
Tierra Adquirida por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, años 1994 al 2009
 
Art. 20 b)
Art. 20 a)
Traspaso Predios Fiscales
Saneamiento Propiedad
Total
Total 1994-2009 (Ha)
97.811
28.491
245.134
286.084
657.520
Familias
8.618
3.476
8.015
49.091
69.200
Comunidades
251
165
189
8
613
Subsidios Individuales
-
1.465
-
-
1.465
Monto Inversión
$ 119.616.271.244
US$ 217.484.130
$ 41.063.417.559
US$ 74.660.760
 
 
 
US$ 292.144.890
 
25.         A pesar de la existencia de los programas de compra y transferencia de tierras, llama la atención que, según la información recibida, no existe un mecanismo específico para el reconocimiento de derechos a las tierras o a los recursos naturales con base en los patrones de uso y ocupación tradicional o ancestral de las comunidades indígenas, situación sobre la cual el Comité de Derechos Humanos hizo una recomendación expresa al Estado de Chile, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Chile (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 19). Cabe mencionar asimismo que el anterior Relator Especial recomendó en su informe sobre Chile que “[a]demás de la titulación de predios privados, deberán ser rescatados y reconstituidos los tradicionales territorios comunales indígenas que contengan recursos para uso comunal” (E/CN.4/2004/80/Add.3, párr. 65).
 
26.         El Relator Especial toma nota de la información recibida respecto a que los procedimientos  administrativos del Fondo de Tierras establecida por la CONADI solo contemplan la posibilidad de atender a las reclamaciones de tierras indígenas que estuvieron reconocidas en títulos emitidos por el Estado desde 1861 hasta el siglo XX, lo cual parece excluir las reclamaciones de tierras ancestrales o acceso a recursos naturales basados solo en la posesión o uso tradicional. Sin embargo, el Gobierno ha comunicado al Relator Especial que la Ley 19253 sí posibilita la recuperación y restitución de tierras ancestrales de los indígenas, aunque agrega que esto es “siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro público de tierras indígenas, a solicitud de la respectiva comunidad o titular de la propiedad”[16]. Sin entrar en un debate sobre este punto, el Relator Especial desea enfatizar que recibe con agrado cualquier interpretación de las leyes existentes para que se reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas de manera conforme a los estándares internacionales. En todo caso es preocupante que al parecer no exista un mecanismo dentro del orden interno chileno que claramente permita reconocer, restituir y proteger los derechos sobre tierras y recursos indígenas de ocupación ancestral, sin que hubieran derechos inscritos anteriormente.
 
27.         Asimismo, el Relator Especial expresa su preocupación acerca de la información recibida de varias fuentes de que la política de compra de tierras en muchas ocasiones ha resultado en la fragmentación de los territorios tradicionales de comunidades mapuches y que el Fondo de Tierras ha sido reorientado hacia una práctica de reasentamiento de individuos y comunidades a tierras lejanas de sus territorios tradicionales. La información recibida señala además que la política de tierras ha tendido a favorecer títulos individuales de propiedad y no títulos de propiedad colectiva. Al respecto el Gobierno hace notar que la Ley Indígena establece dos mecanismos para la adquisición de predios (art. 20, incs. a y b) y que, de los dos mecanismos, sólo una parte del primero (art. 20, inc, a) está dirigida a títulos individuales[17].  Otro efecto colateral de la política de adquisición de tierras, según la información recibida, es la especulación en el mercado de tierras, que ha resultado en la subida artificial de los precios de tierras compradas a beneficio de los indígenas.
 
28.         Cabe enfatizar que en las últimas décadas, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos han llegado a ser reconocidos en el ámbito del derecho internacional. En particular, el Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, establece que:
 
Artículo 14
1)      Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2)      Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3)      Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
 
29.         Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido estos derechos y la obligación de los Estados de protegerlos, estableciendo que la posesión tradicional de las tierras se ve amparada como derecho de propiedad en virtud del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado del que es parte el Estado de Chile. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales (art. 26) y la reparación por medios que pueden incluir la restitución o una indemnización justa “por las tierras que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado” (art. 28).
 
30.         Con respecto a la situación de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en el norte del país, el Relator Especial recibió información alegando un insuficiente y tardío cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19253 respecto a la salvaguarda y restitución de tierras patrimoniales atacameñas (lickanantays) (art. 63). Según la información, la Ley 19253 estableció un plazo de tres años, que venció en 1996, para restituir las tierras patrimoniales de estas comunidades. De acuerdo a los catastros realizados por el Ministerio de Bienes Nacionales, las tierras a restituir representan una superficie superior a los 3 millones de hectáreas; sin embargo, de ellas solo han sido restituidas 400.000 hectáreas, aproximadamente.
 
31.         Además, el Relator Especial expresa su preocupación por la información recibida alegando que las comunidades indígenas de la isla de Chiloé reclaman derechos de propiedad procedentes de la época colonial, a cuya protección se comprometió la República de Chile en el Tratado de Tantauco, firmado entre Chile y España al finalizar la guerra con España y la subsecuente anexión de la provincia de Chiloé a Chile en 1826, el cuál reconocía que “los bienes y propiedades de todos los habitantes que se hallan actualmente en esta provincia” serían “inviolablemente respetados” (arts. 6 y 7). Según la información, los territorios ancestrales y antiguas propiedades de tiempo colonial de las comunidades de Weketrumao, Coinco, Coldita Incopulli de Yaldad figuran  actualmente como tierras fiscales y no como tierras de las comunidades indígenas de Chiloé.
 
32.         El Relator Especial toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que desde el año 2006, hubo un incremento presupuestario del Programa de Subsidio para la aplicación de los incisos a y b del artículo 20 de la Ley 19253, lo que haría posible aumentar la cobertura del Fondo de Tierras a nivel nacional. Sin embargo, el Relator Especial nota que las partidas presupuestarias destinadas a políticas indígenas representan sólo un 0,31 % del Presupuesto Nacional, lo que según la información recibida, resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales de restitución de tierras y aguas, y otros programas en materia indígena Por ejemplo, de 115 comunidades priorizadas en el 2008 para la aplicación del artículo 20 de la Ley 19326 y comprometidas en el Plan Reconocer, solo 36 de ellas han recibido solución a sus reclamaciones hasta la fecha. El Relator Especial toma nota de la afirmación del Gobierno respecto del proceso de restitución de tierras, que sostiene que su plan Re-Conocer establece “una agenda clara y metas para el trienio 2008-2010 con los recursos necesarios para su cumplimiento”[18].
 
C. La explotación de los recursos naturales
 
33.         El Gobierno ha identificado como una tarea pendiente la reforma de las leyes sectoriales a la luz de la ratificación del Convenio N.º 169. El Relator Especial hace presente al Estado de Chile que tales reformas fueron una recomendación expresa del anterior Relator Especial en el informe sobre su misión a Chile de 2003, y ha sido reiterada por el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales de 2007 (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 19, inc. e) y el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 23) . El Relator Especial reconoce las iniciativas estatales en este contexto y enfatiza que es esencial la participación de los pueblos indígenas en este esfuerzo. A la vez reconoce que la reforma de leyes sectoriales es inevitablemente compleja y que requerirá un significativo compromiso político y financiero del Estado.
 
34.         El Relator Especial ha tenido conocimiento de algunas iniciativas gubernamentales en relación con las denominadas Áreas de Desarrollo Indígena. El plan Re-Conocer menciona como “desafíos”: a) el reconocimiento y operacionalización del derecho a participar en la gestión de las Áreas de Desarrollo Indígena; y b) el reconocimiento y expresión de nuevos ordenamientos legales del derecho sobre los recursos naturales en las Áreas de Desarrollo Indígenas y en las tierras indígenas, en especial aguas, minas y pesca (art. 1.1, párr. 2, incs. h e i). Otros pasos incluyen la propuesta en el plan Re-Conocer de la creación de “Mesas de Trabajo sobre Recursos Hídricos” en cada región para enfrentar el déficit de comunidades que han recibido tierras a través de la Ley Indígena (art. 1.2, inc. e). Asimismo, el Relator Especial toma nota de la presentación por el Gobierno de un borrador de un “código de conducta responsable para inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena”, y su difusión en una serie de reuniones con empresarios, agencias del Gobierno, y representantes indígenas.
 
35.         Además de las reformas a las leyes sectoriales y el desarrollo de procedimientos de consulta para proyectos futuros, en el contexto de las garantías del Convenio N.º 169, podría ser necesario reevaluar los proyectos de inversión ya existentes. Específicamente, el Relator Especial ha recibido alegaciones que en algunos casos específicos de inversión actualmente en curso, no se están cumpliendo los requisitos del Convenio, incluidos los siguientes casos en el sur del país:
 
a)      El proyecto de SN Power, empresa de capitales estatales noruegos, en Liquiñe, Coñaripe y Rupumeica, región de los Rios, para construir cuatro centrales hidroeléctricas que resultarán en la inundación de entre 400 y 1.200 hectáreas. Según la información, SN Power obtuvo los derechos de agua en 1999 y la concesión eléctrica y ha avanzado en su proyecto sin que se realice un proceso de consulta previa a las comunidades afectadas;
b)      Los proyectos de centrales hidroeléctricas impulsados por ENDESA/España y Colbun en la región del Bio Bio y región de los Rios, afectando tierras ancestrales y actuales de comunidades mapuche;
c)         La instalación de plantas químicas de tratamiento de aguas servidas en territorio mapuche amenazando ambientalmente a las comunidades por vertidos de cloro y otros desechos químicos en ríos y fuentes de agua, en la Región de la Araucanía;
d)     Plantas de celulosa (de las empresas CELCO S.A., Celulosa Arauco), que causan la contaminación de cursos de río, incluyendo la contaminación del Sitio Ramsar Río Cruces en territorio de comunidades mapuche Lafkenche. Durante 2008 CELCO siguió adelante su propuesta para la construcción de un ducto al mar para botar sus desechos contaminantes, lo que afectó a las comunidades lafkenches de Mehuin, Misisipi, Maiquillahue, Chan Chan y Qillalhue, en la región de los Ríos.
 
36.         El Relator Especial ha recibido información concordante de varias fuentes respecto a que el Código de Aguas reformado en 2005, el Código de Minería de 1982, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, y la Ley sobre Concesiones Geotérmicas de 2000, favorecen la apropiación, por empresas privadas, de agua, recursos minerales y fuentes geotérmicas, con efectos negativos sobre el uso o valor de las tierras tradicionales de grupos indígenas aymaras, quechuas, atacameños o lickanantays, mapuches, collas y diaguitas. A este respecto el Relator Especial recibió información que las reformas de 2005 al Código de Agua vinieron a consolidar el proceso de apropiación de agua por parte de las empresas mineras y dificultaronel acceso al agua para los pueblos indígenas. En el norte del país diversos proyectos mineros implican una pérdida de derechos de agua y/o la extracción de aguas subterráneas por empresas mineras, que generan como consecuencia el desecamiento de las tierras y recursos utilizados por comunidades indígenas en el área. Otros proyectos se relacionan con concesiones otorgadas en territorios tradicionales indígenas para el aprovechamiento de recursos del subsuelo para la generación de energía geotérmica, incluidos los proyectos de los Géiseres del Tatio, Volcán Tacora la Comunidad de Surire, y las zonas mapuches cordilleranas de Alto Bio Bio y Melipeuco.
 
37.         Dependiendo de los hechos de cada caso específico, los estándares internacionales podrían requerir que se abran procesos de consulta respecto a tales leyes sectoriales, concesiones o proyectos, de acuerdo con el derecho de los pueblos indígenas de participar en la utilización y administración de los recursos naturales en sus tierras, así como consideración de la indemnización equitativa por cualquier daño resultante de esas actividades. Al respecto, el Relator Especial hace presente al Estado la recomendación del anterior Relator Especial en su informe sobre Chile respecto a que “[e]n todo proyecto de desarrollo que se contemple en sus regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente” (E/CN.4/2004/80/Add.3, para. 67). Asimismo, el Relator Especial hace presente que el artículo 15 del Convenio N.º 169, establece lo siguiente:
 
Artículo 15
1)      Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2)      En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
 
38.         El Relator Especial toma nota de lo señalado por el Gobierno[19] respecto a que el Convenio N.º 169 no estaba vigente para Chile cuando se iniciaron algunos de los proyectos mencionados y que, por el principio de la no retroactividad, el Convenio no se aplica estrictamente a aquellas decisiones adoptadas antes de la aprobación y ratificación del Convenio. Sin embargo, el Relator Especial hace presente al Estado que los proyectos ya en marcha de extracción de recursos naturales, industriales y de infraestructuras, obviamente tienen efectos actuales y futuros en las vidas de las comunidades en las zonas de estos proyectos. Por lo tanto, las normas internacionales actualmente vigentes son aplicables por lo menos en relación con aquellos impactos actuales y futuros de estos proyectos, tanto privados como estatales. Al respecto, los órganos de control normativo de la OIT han concluido que, aunque las disposiciones del Convenio N.º 169 no pueden ser aplicadas retroactivamente, sí pueden aplicarse a actividades llevadas a cabo en relación con concesiones otorgadas con anterioridad a que el Convenio entrase en vigor, porque “…la situación creada por la firma de[l] contrato [de concesión] persiste hasta la fecha. Además, la obligación de consultar con los pueblos interesados no es aplicable sólo a la celebración de contratos sino que surge de manera general en el contexto de la aplicación de las disposiciones del Convenio”[20].  Por lo tanto, en el caso de proyectos ya en marcha deben aplicarse procesos de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales, con respecto a sus impactos actuales y futuros, y tomarse todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades afectadas. Asimismo, estas normas deben guiar al Estado en relación con futuros proyectos de inversión en el país que puedan  afectar a los pueblos indígenas.
 
39.         El Relator Especial, en adición a los criterios detallados en su informe del 24 de abril de 2009 sobre la obligación estatal de consultar, señala que en aquellas situaciones en que una actividad o proyecto de inversión tenga impactos substanciales que pondrían en peligro el bienestar físico o cultural de una comunidad indígena, el Estado no debería autorizar continuar con la actividad sin el consentimiento de la comunidad afectada. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha concluido que el requisito del consentimiento es exigible en aquellos casos de inversión a gran escala que tendrían un impacto mayor sobre los pueblos indígenas[21]. En este mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas exige el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, en casos tales como el traslado forzoso de comunidades indígenas o el depósito de materiales peligrosos en el territorio de una comunidad (arts. 10, y 29, párr. 2).
 
D. Conflictos por reivindicaciones de tierras mapuches
 
40.         En relación con la política estatal de tierras indígenas y recursos naturales, el Relator Especial ha recibido alegaciones sobre irregularidades procesales y discriminación a individuos mapuches, principalmente en el contexto de controversias sobre reivindicaciones de tierras y recursos naturales. Líderes tradicionales yotros dirigentes y comuneros mapuches han sido condenados y siguen siendo procesados bajo diversos regímenes penales por actos que de alguna manera se relacionan con la protesta social mapuche en torno a reivindicaciones de tierras. El Relator Especial desaprueba el recurso a actos de violencia como medio de protesta, inclusive en aquellas situaciones relacionadas con reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado.
 
41.         El Relator Especial entiende que este tema ha sido examinado, y sigue siendo examinado por varias instituciones internacionales de derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, así como mediante una serie de comunicaciones enviados por el anterior Relator Especial, Profesor Rodolfo Stavenhagen, en relación con casos específicos. El Relator Especial ha tomado nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno ante dichas instancias.
 
42.         Por otra parte, durante su visita el Relator Especial recibió información sobre alegaciones de casos de violencia o maltrato policial en contra de personas mapuches, ocurridos durante los últimos años desde la visita del Relator Especial del 2003. Uno de los aspectos de las denuncias recibidas son los allanamientos llevados a cabo en contra de familias e individuos mapuches en relación con casos de supuestos delitos que se hallan bajo investigación. La queja más frecuentemente versa sobre incumplimiento de las garantías procesales establecidas en el Código Procesal Penal. En varios de los casos, las personas alegan que no han recibido explicaciones por parte de la policía, ni posteriormente de la fiscalía sobre las razones por los allanamientos. Según las alegaciones recibidas, en algunos de estos casos los objetos incautados no han sido restituidos a las personas afectadas. Asimismo, en algunos de estos allanamientos se ha denunciado uso excesivo y desproporcionado de armas de fuego y gases lacrimógenos, así como la existencia de golpes e insultos por parte de la policía en contra de la población indígena, afectando a mujeres, niños y ancianos.
 
43.         Según la información, la acción de la policía ha resultado en numerosos heridos. Asimismo, el Relator Especial nota con preocupación que acciones de la policía han resultado en la muerte, como consecuencia de un disparo, del joven mapuche Matías Catrileo en enero de 2008, y más recientemente, del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collio en agosto de 2009. En su carta del 7 de septiembre de 2009, el Gobierno informó de que el funcionario de Carabineros procesado en este último caso como presunto autor del delito de “violencia innecesaria con resultado muerte”, fue detenido. Posteriormente fue dejado en libertad condicional mientras seguía bajo investigación.
 
44.         El Gobierno ha proporcionado información detallada respecto a los procedimientos existentes para verificar que la policía haya dado cumplimiento efectivo a las garantías procesales en allanamientos y otras diligencias. Según el Gobierno, toda orden de entrada y registro que realice la policía debe estar precedida de una orden del Tribunal de Garantía correspondiente y autorizada por un juez. En los casos en que se alegue una transgresión de las garantías procesales, se puede solicitar al Ministerio del Interior que se investigue la situación. Frente a cualquier alegación de abuso policial, la fiscalía puede investigar la situación y sancionar a los responsables. Asimismo, informa el Gobierno, representantes del Ministerio del Interior llevan a cabo reuniones periódicas con la policía, con fines de señalar cualquieras preocupaciones existentes sobre los procedimientos de los allanamientos. El Relator Especial valora la existencia de estos mecanismos de control y recomienda que se apliquen cabalmente.
 
45.         El Gobierno ha comunicado al Relator Especial que no se han recibido denuncias formales respecto a los procedimientos de los allanamientos. Sin embargo, ello contrasta con la información proporcionada por entidades no gubernamentales de derechos humanos al Relator Especial durante su visita a Chile, las que dan cuenta de numerosos denuncias enviadas al Gobierno respecto a situaciones de violencia policial, en particular en el contexto de allanamientos a comunidades, las que en algunos casos no han sido respondidas. En el mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado de Chile que “[v]ele por que los jóvenes indígenas no sean víctimas de malos tratos a manos de la policía y adopte medidas preventivas y correctivas en los casos de presuntos malos tratos”. (CRC/C/CHL/CO/3, párr. 74, inc. d).
 
46.         Otro aspecto preocupante de la política penal es la aplicación, especialmente en años pasados, de la Ley Antiterrorista (Ley 18314) para procesar y condenar a individuos mapuche por delitos cometidos en el contexto de la protesta social. En este sentido, el Relator Especial anterior recomendó que “[n]o deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas” (E/CN.4/2004/80/Add.3, párr. 70). Cabe notar que fueron condenados por la Ley Antiterrorista Juan Carlos Huenulao Lielmil, Jose Benicio Huenchunao Marinan, Patricia Troncoso Robles, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Carlos Marileo Saravia y Florencia Jaime Marileo Saravia, todos condenados por el delito de incendio terrorista, con una pena de 10 años y un día; Victor Anacalaf Llaupe, condenado a cinco años y un día por el delito de lanzamiento de artefacto incendiario; y Aniceto Norin y Pascual Pichún, condenados a cinco años y un día por el delito de amenaza de incendio terrorista. Además, la información que el Relator Especial ha podido recabar indica que en la actualidad 15 personas mapuches, o simpatizantes de su causa, están siendo procesadas por delitos contemplados en Ley Antiterrorista.
 
47.         En marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos recomendó a Chile “adoptar una definición mas precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos” (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 7). Similar recomendación ha sido formulada a Chile por el Comité para la Eliminación de la Discriminación  Racial en agosto de 2009 (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 15). Sin embargo, la información recibida indica que hasta la fecha no se ha avanzado en la tramitación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para la modificación de la ley antiterrorista (Boletín 4298-07 del 5 de junio de 2006), ni se le ha asignado urgencia legislativa. El Relator Especial hace presente que el Gobierno de Chile, en su respuesta al informe del Relator Stavenhagen, reconoció que la Ley 18314 posee una definición demasiado amplia de los tipos penales, y que debía ser reformada, notando que “el Gobierno actualmente se encuentra analizando los tipos penales contenidos en la ley Antiterrorista, de acuerdo con las nuevas orientaciones de la política criminal, pues está consciente que tal legislación establece tipos penales demasiado amplios; por lo cual se hace necesario su revisión”. Asimismo, toma nota de la afirmación del Gobierno que está “abierto […] a perfeccionar” la legislación en esta materia y que “para ello constituir[á] un grupo de trabajo que a se avoque a analizar [la] legislación antiterrorista, tanto desde una perspectiva de comparada, como de derechos humanos”[22].
 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
48.         El Relator Especial toma nota de los avances verificados en Chile hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, tales como la ratificación del Convenio N.º 169 de la OIT y las iniciativas de reforma constitucional en materia indígena. Resulta  aparente que existe un nivel importante de atención de parte del Estado de Chile a los asuntos indígenas y el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del anterior Relator Especial, Profesor Stavenhagen, especialmente en materia de políticas asistenciales.
 
A. Consulta y participación
 
49.         El Relator Especial insta a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y concertación entre el Estado y los pueblos indígenas. En este sentido, el Relator Especial enfatiza al Estado la necesidad de crear condiciones de confianza y garantías entre las partes y desarrollar un procedimiento efectivo de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales obligatorios para el Estado. Los pueblos indígenas del país deberían consolidar sus propias instituciones, mediante sus propiosprocedimientos de toma de decisiones, para facilitar los procesos de consulta y concertación.
 
50.         Como medida de crear confianza en los procesos de consulta del Estado, el Relator Especial reitera su recomendación de llevar a cabo una consulta para determinar el procedimiento para implementar en Chile los estándares internacionales en las consultas propiamente dichas, antes de la adopción de cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas o a una comunidad indígena.
 
51.         El Estado de Chile ha tomado pasos importantes hacia el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos. El Relator Especial insta al Gobierno y al Congreso Nacional a realizar el proceso de consulta en relación con estas reformas, y a asegurar que tanto la consulta como los contenidos de las reformas a adoptar  sean plenamente conformes con las normas internacionales aplicables, incluido el Convenio N.º 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
 
52.         El Relator Especial valora las iniciativas tendientes a fortalecer la participación de los pueblos indígenas en las estructuras del Estado y urge al Estado a asegurar su participación en condiciones de igualdad y tomando en cuenta sus formas tradicionales de organización, de acuerdo con las normas internacionales. Al respecto, el Relator Especial enfatiza la necesidad de preparar a los gobiernos regionales y ministerios para la aplicación plena del artículo 7 del Convenio N.º 169 de la OIT, en particular respecto a la participación de los pueblos indígenas “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
 
B. Derechos a tierras y territorios
 
53.         El Relator Especial reconoce los esfuerzos del Estado en materia de políticas de  tierras indígenas, desde la aprobación de la Ley 19253,  y a la vez, en el nuevo marco legal reforzado con el Convenio 169 de la OIT, recomienda al Estado de Chile establecer un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales que se basan en la ocupación y uso tradicional o ancestral, de acuerdo con las normas internacionales relevantes. A este respecto, el Relator Especial observa la necesidad de resolver los reclamos de tierra pendientes e insta al Gobierno y al Congreso a asegurar que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y otras instituciones relevantes cuenten con suficientes recursos para poder realizar adecuadamente sus funciones al respecto.
 
54.         El Relator Especial enfatiza la necesidad de que el Estado desarrolle un máximo de esfuerzos en la adecuación de sus políticas públicas y de la legislación sectorial, de tierras, aguas, geotermia, y medio ambiente, entre otras, para su compatibilidad con el Convenio N.º 169 de la OIT, y las obligaciones internacionales del Estado respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, el Relator Especial recomienda reformar los procedimientos existentes del Fondo de Tierras y Aguas para adecuarlo a las normas contemporáneas de reconocimiento y restitución de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y recursos de ocupación y uso tradicional o ancestral, especialmente a la luz de la reciente ratificación del Convenio por parte de Chile.
 
C. La explotación de los recursos naturales
 
55.         En el caso de proyectos ya operativos de inversión industrial y de extracción de recursos naturales,  se deben aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos en los derechos, tierras y territorios de comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas.
 
56.         El Relator Especial enfatiza la necesidad de realizar consultas en relación con cualquier proyecto que pueda afectar las tierras, territorios y otros recursos de alguna comunidad indígena —tanto al interior como al exterior de las denominadas “Áreas de Desarrollo Indígena”— de conformidad con las normas internacionales aplicables.
 
D. Conflictos por reivindicaciones de tierras mapuches
 
57.         El Relator Especial observa que la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos a las tierras ancestrales o a reparar a los indígenas por las tierras que hayan sido tomadas sin su consentimiento, como se menciona arriba, podría haber contribuido a un ambiente de enfrentamiento en el que algunos miembros de las comunidades mapuches se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de delitos y de actos contrarios al orden público.
 
58.         Asimismo, observa que uno de los efectos colaterales de una política penal que ha sido materia de alegaciones sobre el incumplimiento de la normativa internacional y las garantías procesales internas, es la estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuches y los autoridades estatales, que no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta.
 
59.         Esta dinámica puede haber contribuido a generar un ambiente crítico de desconfianza de los indígenas hacia las autoridades estatales, que ha afectado de manera negativa a la convivencia y legitimidad democráticas, contribuyendo al descontento general sobre las iniciativas del Gobierno de Chile en materia indígena que el Relator Especial observó durante su visita.
 
60.         El Relator Especial manifiesta la necesidad de profundizar en una revisión de la política penal aplicada en los últimos años respecto a comunidades y personas indígenas y sus actos de protesta, de modo que ésta se oriente a la búsqueda de soluciones que permitan la compatibilidad entre los fines de orden público y el respeto a las normas internacionales y contribuir a crear una clima de gobernabilidad democrática entre los mapuches y los autoridades estatales.
 
61.         El Relator Especial tiene presente el compromiso hecho en años anteriores por el Gobierno e informado a los órganos de derechos humanos,  de no aplicar la ley antiterrorista para procesar a individuos en casos vinculados con movimientos sociales mapuches y hace un llamado a las autoridades competentes para que cumplan con dicho compromiso. Reitera la importancia, en este sentido, de reformar la Ley 18314 y adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de acuerdo con las recomendaciones pertinentes del Comité de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
 
62.         El Relator Especial recibe con preocupación las alegaciones sobre abusos y violencia ejercida por parte de la policía contra miembros del pueblo mapuche, en el contexto de allanamiento y otras operaciones policiales. El Relator Especial expresa su pesar por la muerte del jóven mapuche José Facundo Mendoza Collio ocurrida el 12 de agosto de 2009, como consecuencia de disparos de policias. El Relator Especial hace un llamado a que las autoridades competentes investiguen las quejas de abusos y violencia contra las personas indígenas cometidas por miembros de la policia, a que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos, y que se repare  a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Además, el Relator Especial exhorta a las autoridades competentes a que tomen las medidas necesarias para prevenir dichos actos.
 
E. Presupuesto público
 
63.         El Relator Especial enfatiza la necesidad de que la Ley de Presupuesto Público dote del financiamiento necesario a las políticas y programas dirigidos a los pueblos indígenas, en cumplimiento del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del deber estatal de adoptar las medidas “hasta el máximo de los recursos de que disponga”, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para dar plena efectividad a los derechos humanos. Debiera prestarse especial atención al financiamiento, entre otros, de programas de tierras y aguas, educación bilingüe intercultural, hogares de estudiantes indígenas, salud intercultural, y asegurar el financiamiento de los procesos de consulta.
 
F. Observaciones finales
 
64.         El Relator Especial toma nota del compromiso del Estado frente a la adopción de todas las medidas necesarias para implementar el Convenio N.º 169 de la OIT, incluida la adopción de reformas de legislación sectorial, y urge al Estado a cumplir con estos compromisos en plena consulta con los pueblos indígenas, haciendo una interpretación evolutiva del Convenio en vista de las provisiones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
 
65.          Es importante que el Estado siga teniendo presente las recomendaciones aplicables del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, en su informe del año 2004, así como el conjunto de las recomendaciones en materia indígena formuladas por los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en sus informes sobre Chile, y las conclusiones y recomendaciones del Examen Periódico Universal de Chile de mayo de 2009.
 
66.         El Relator Especial desea retomar en particular la recomendación del anterior Relator Especial que los órganos de las Naciones Unidas en Chile, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cooperación con el Gobierno, los pueblos indígenas del país y otras partes interesadas, proporcionen asistencia técnica al Estado para poner en practica las recomendaciones establecidas en el presente informe.
 
67.         El Relator Especial insta al Estado, a las agencias de las Naciones Unidas en Chile, organizaciones de los pueblos indígenas y de la sociedad civil chilena, y a los medios de comunicación, a asegurar la difusión del presente informe.
 
68.         El Relator Especial insta al Estado de Chile, a los pueblos indígenas, a los actores políticos y de la sociedad civil chilena a establecer procesos de diálogo y adopción de pactos sociales duraderos, dirigidos a la implementación de las recomendaciones de los distintos órganos de derechos humanos, del Convenio N.º 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y las recomendaciones del presente informe.
 

NOTAS

[1] Véase informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, sobre su misión a Chile (E/CN.4/2004/80/Add.3).
[2] Carta de 12 de mayo de 2009 dirigida al Relator Especial por Rodrigo Engaña Baraona, Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas (apéndice B).
[3] Carta de 30 de junio de 2009 dirigida al Relator Especial por Rodrigo Engaña Baraona, Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas (transmitido mediante nota fechada 6 de Julio de 2009).
[4] Carta del 7 de septiembre de 2009 dirigida al Relator Especial por Jose Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia (transmitida mediante nota fechada 8 de septiembre de 2009). En esta carta, el Sr. Viera-Gallo informó de que la Presidenta de la República había decidido nombrar al suscrito como Ministro Coordinador de la Política Indígena. Este nombramiento dejaba sin efecto la figura de Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Según la información proporcionada por el Gobierno, este nuevo arreglo institucional “tiene como objetivo agilizar y priorizar desde el más alto nivel de decisión gubernamental las respuestas a las demandas de los pueblos indígenas y acelerar la puesta en marcha de la política indígena ‘Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad’, así como la reestructuración de la CONADI para convertirlo en un servicio público eficaz y eficiente.”
[5] Encuesta CASEN (2006).
[6] Véase también OIT, Informe de Panorama Laboral de América Latina 2007 (marzo de 2008).
[7] CEPAL, “Diagnóstico de Salud en la Provincia de Arauco”. Informe preliminar (junio de 2009); Ministerio de Salud, Chile “Perfil Epidemiológico básico de la población Aymara del Servicio Salud Arica (2006).
[8] Carta del Ministro Vierra Gallo, supra (nota 4 supra), pág. 2
[9] Ibíd., pág. 3.
[10] Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 309, Considerando 7.
[11] Yatama v. Nicaragua, párr. 225.
[12] Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por México del Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), GB.283/17/1 (2001), párr. 109.
[13] Ibid. párr. 101.
[14] Observaciones del Gobierno de Chile sobre los “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en material de derechos de los pueblos indígenas en Chile” (12 de mayo de 2009) (apéndice B), pág. 12.
[15] Carta de Ministro Vierra-Gallo  (nota 4 supra), pág. 4.
[16] Carta de Rodrigo Engaña Baraona (nota 3 supra), pág. 7.
[17] Carta del Ministro Vierra-Gallo (nota 4 supra), pág. 3.
[18] Ibíd., pág. 4.
[19] Ibíd.
[20] Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio N.º 169 de la OIT, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), párrs. 28 y 30 a 33 (2000). Cf. Chief Bernard Ominayak and Lubicon Lake Band v. Canada, CCPR/C/38/D/167/1984, Comité de Derechos Humanos, 26 de marzo de 1990, un caso en que el Comité de Derechos Humanos en un procedimiento bajo el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos aplicó el Pacto a una situación enfrentada en la actualidad por los lubicon cree, cuando esa situación tenía raíces en acontecimientos mucho antes de la entrada en vigor del Pacto o de su Protocolo Facultativo para el Estado parte.
[21] Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, Sentencia de 28 noviembre 2007, Serie C. N.º 172, párrs. 133 a 137.
[22] Carta del Ministro Vierra-Gallo (nota 4 supra), pág. 5. El Relator Especial toma nota de la información proporcionado por el Gobierno que enviarán dos proyectos de ley en materia de derechos humanos: a) referido a la modificación de la competencia de los tribunales militares, que situará el funcionamiento de estas instancias sólo a causas estrictamente militares; y b) que tipificará el delito de tortura en el Código Penal de acuerdo a las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 


 

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