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24.ene 2020
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ONU: Normas aplicables ante proyectos de inversión en territorios indígenas

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Informe del Relator Especial, James Anaya sobre caso de proyecto hidroeléctrico en Panamá.

El Informe sistematiza y aplica al caso un conjunto de principios y deberes de derecho internacional  que vinculan a  los estados y las empresas privadas  a la hora de plantear proyectos  que afectan a comunidades indígenas.

 

 

 

El Relator Especial, James Anaya, ha dado a conocer su informe de "Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá),  proyecto energético que impulsa la empresa transnacional AES Corporation  a través de su filial AES Changuinola con respaldo del Gobierno de Panamá.

El documento tiene el  mérito de respaldar  la lucha por los derechos de  las comunidades Ngobe que resisten al proyecto hidroeléctrico  y aportar directrices generales para los cientos de casos semejantes al de Charco La Pava.

Presentamos a continuación un resumen de extractos del Informe.  El documento completo, que incluye la respuesta del Estado de Panamá,   se adjunta abajo.

 



Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,

 

S. James Anaya


Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá)
12 de mayo de 2009

 

(Extractos)

1. Este documento presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (Panamá). 

 

Estas observaciones son el fruto del intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Panamá y otras partes interesadas, así como de la visita in situ del Relator Especial llevada a cabo los días 27 a 30 de enero de 2009.

 

14. Las condiciones en que se ha elaborado y promovido el proyecto presentan una serie de implicaciones respecto a los derechos de las comunidades afectadas:  a la consulta y consentimiento; a recibir una indemnización; a la adopción de medidas de mitigación; a la participación en beneficios; a la tierra y a los recursos naturales; y a su seguridad física.


A. Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado

24. Según las normas internacionales fundamentadas en estos tratados y expresadas en la Declaración sobre pueblos indígenas, las consultas deben realizarse directamente con las comunidades afectadas, dándoles la oportunidad de influir en todas las fases de elaboración, aprobación y ejecución del proyecto en consideración, con el objetivo de llegar a su consentimiento con relación a todos aquellos aspectos del proyecto que les afecten. Además, la consulta en estos contextos debe realizarse por medio de los mecanismos de representación definidos por las propias comunidades, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.


26. Para que puedan tomar decisiones libres e informadas acerca de los proyectos de esta naturaleza es necesario que los pueblos indígenas cuenten con información amplia y objetiva sobre todos los aspectos de los proyectos que les afecten, incluyendo el impacto que tendrán sobre sus vidas y sobre el medioambiente.


El Relator Especial considera, no obstante, que el Estado debería intentar alcanzar el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, dando inicio a un nuevo diálogo que se ajuste a los criterios de consulta regulados en las normas internacionales pertinentes.

 

B. Los derechos a la indemnización, a la adopción de medidas de mitigación, participación en los beneficios, y a la consulta en relación con estos derechos

35. En el ámbito del derecho internacional, el Estado es el responsable de asegurar las medidas efectivas de indemnización y de mitigación necesarias, así como de llevar a cabo el proceso de consulta con las comunidades afectadas para definir esas medidas. Sin embargo, en este caso, dentro del ordenamiento jurídico interno, el Estado ha delegado esta responsabilidad a la empresa, de acuerdo a la resolución administrativa antes señalada, y de hecho ha sido la empresa la que se ha encargado del proceso de negociación, reubicación e indemnización de los pobladores de las comunidades.

El Estado informa que ha supervisado de cerca el trabajo de la empresa en este proceso. En cualquier caso, el Relator Especial observa que la delegación de la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de reasentamiento a la empresa presenta un problema fundamental, en la medida en que ésta es una de las partes de las negociaciones con intereses lucrativos en los resultados de la consulta y el traslado de las comunidades.


C. Derechos a las tierras y los recursos naturales

45. Bajo los criterios de derecho internacional aplicables, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras y los recursos naturales no se limitan a las áreas, como son las comarcas, ya tituladas o delimitadas por el Estado a favor de estos pueblos. Independientemente de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno, el derecho internacional establece que los pueblos indígenas tienen derechos a las tierras y los recursos naturales que han utilizado u ocupado tradicionalmente, y que el Estado tiene la obligación de reconocer y proteger estos derechos.


48 (…) en la opinión del Relator Especial, la tenencia tradicional de la tierra debe entenderse como una serie de patrones definidos de uso y ocupación de tierras y recursos naturales, que forman parte del sustento material y la vida cultural de una comunidad o pueblo indígena cuya presencia en el área antecede la de otros grupos.

Comunidad Charco la Pava

Conforme a este criterio, cuando se trata de pueblos indígenas que poseen la tierra de esta manera, no deberían tener que probar el asentamiento ancestral o continuidad histórica por múltiples generaciones. Tal como ha afirmado la Corte Interamericana, “Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios

No corresponde al Relator Especial, ni es su intención por la presente, probar la existencia definitiva de tales derechos de propiedad. Lo destacable es que hasta el momento no se ha probado la no existencia de estos derechos, en vista de los hechos mencionados.


D. Derecho a la seguridad física

52. (…) es cuestionable la necesidad y proporcionalidad de la detención de 35 o mas personas, incluyendo niños, en algunos casos por más de 30 horas, tal como está documentado en la información recibida del Gobierno, cuando, según lo indicado por el mismo Estado, la actuación policial estuvo dirigida a evitar el cierre de vía de acceso al sitio de construcción por parte de los manifestantes.

El Relator Especial desea enfatizar que los pueblos indígenas, al igual que el resto de la sociedad, tienen derecho a hacer demandas legítimas en relación con sus legítimos derechos, también a través de manifestaciones pacíficas.

53. (…) el Relator Especial estima que la relación contractual entre las fuerzas de seguridad del Estado y una empresa puede resultar problemática, en la medida en que ésta tiene sus propios intereses que no siempre pueden corresponder en todos sus aspectos con el interés público.

Asimismo, el Relator Especial considera que la presencia permanente de la policía puede contribuir a crear una atmósfera de presión y desequilibrio de poderes entre las partes que desestabiliza las relaciones entre las mismas.
 

Niños Ngobe rodeados por policias.
Charco La Pava . Panamá

 


E. Consideraciones sobre la responsabilidad de la empresa AES Changuinola

54. El Estado de Panamá es responsable de asegurar el goce de derechos humanos de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico, y esta responsabilidad incluye la de asegurar que la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola, lleve a cabo sus actividades sin infringir estos derechos.

 

55. Aparte de lo establecido en el derecho interno, las empresas privadas deben actuar conforme a las normas internacionales de derechos humanas relevantes a sus actividades.

En términos estrictamente jurídicos, salvo en algunas excepciones, el derecho internacional no impone responsabilidad directa a las empresas con relación a los derechos humanos.

No obstante, las empresas privadas están sujetas de forma creciente a una evaluación de su comportamiento dentro del marco de las normas internacionales de derechos humanos, al tiempo que existe una expectativa cada vez mayor de que las empresas acaten estas normas dentro de sus esferas de conducta e influencia,

expectativa que ha sido manifestada por la sociedad civil internacional, las instituciones internacionales de protección de derechos humanos, los Estados y las propias empresas.

59. (…) como parte de su diligencia debida, la empresa debe asegurarse que su comportamiento no ratifica ni contribuye a ningún acto u omisión por parte de las autoridades del Estado que pudieran infringir los derechos humanos de las comunidades afectadas por el proyecto.

 

 En este sentido, hubiera sido deseable que la misma empresa, antes de comprometerse al proyecto, llamara la atención al Estado sobre la falta de consulta previa y adecuada con las comunidades sobre el proyecto y sobre la decisión de reasentarlas.


Recomendaciones

65. El Relator Especial destaca la necesidad de que el Estado de Panamá incorpore dentro de sus leyes un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas que sea compatible con las normas internacionales pertinentes. Este procedimiento debería ser elaborado con la participación de los pueblos indígenas del país, y debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas.

66. Asimismo, el Relator Especial recomienda que las empresas panameñas o aquellas que lleven a cabo sus actividades en el país, incluyendo AES Changuinola, desarrollen códigos de conducta, que sean conformes con las normas internacionales pertinentes, que guíen su actuación en relación con la planificación e implementación de proyectos que afectan a pueblos indígenas.

67. Con respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, el Relator Especial estima, con base en las reflexiones anteriores, que es necesaria una reevaluación del proyecto y la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación.
 


 

 icon James Anaya,Relator Especial DPI. Informe sobre caso Charco la Pava, Panama, 2009 (688.47 kB)

 

 

 


 

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