Centro de Políticas Públicas

www.politicaspublicas.net

21.nov 2017
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Documentos e Informes

Relator DPI - Documentos e Informes

Fortalecimiento del compromiso con la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas y su aplicación (J. Anaya)

Fortalecimiento del compromiso con la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas y su aplicación (J. Anaya)

El Relator Anaya reafirma el peso normativo de la Declaración, sus fundamentos en los principios de igualdad y no discriminación, y el carácter fundamental del principio de libreterminación.  "El Relator Especial reitera que la aplicación de la Declaración debe ser considerada un imperativo político, moral y, además, jurídico, sin reserva alguna."


El 21 de octubre de 2013, el Relator Especial James Anaya presentó su informe anual a la Asamblea General de Naciones Unidas.  En su informe  (A/68/317 )el Relator dedica una sección temática a los desafíos que enfrenta la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En su informe, el Relator refuta algunas falacias que suelen argumentarse por los estados  para erosionar la fuerza de la Declaración, falacias que suelen repetir acríticamente  ONGs y abogados indigenistas.  El Relator llama a redoblar los esfuerzos por la aplicación de la Declaración.

Presentamos a continuación la sección del Informe A/68/317 del Relator Especial, en que aborda el crucial asunto de los principios, peso normativo y sentido de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Nota:  se mantiene la numeración de párrafos del Informe original.  

 


 

III. Fortalecimiento del compromiso con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y su aplicación

57. Durante su mandato, el Relator Especial ha sido especialmente consciente de la directiva del Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con sus resoluciones 15/14 y 6/12, párrafo 1 g), de que promueva la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos internacionales relativos a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas cuando proceda. En razón de esta directiva y la importancia de la Declaración como la principal afirmación de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, desde que asumió su mandato en mayo de 2008 el Relator Especial ha considerado la Declaración como el principal marco normativo de referencia para su labor, como lo ha aclarado en sus numerosos informes temáticos y de países y en sus comunicaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos.

58. El Relator Especial sigue observando que, a pesar de las expresiones de compromiso con la Declaración y los importantes acontecimientos positivos en todo el mundo, aún queda mucho por hacer para que los objetivos de la Declaración se conviertan en realidad en la vida cotidiana de los pueblos indígenas del mundo. En informes anteriores, el Relator Especial suministró un análisis amplio de la Declaración y destacó la necesidad de que se adoptaran medidas concretas para promover la aplicación de las normas de derechos humanos consagradas en ella (A/67/301, párrs. 26 a 32 y 82; A/66/288, párrs. 62 a 76; A/65/264, párrs. 54 a 69 y 83 a 88; A/64/338, párrs. 37 a 64 y 68 a 75; y A/HRC/9/9, párrs. 18 a 90). Sigue temiendo que persista la gran disparidad entre los derechos mencionados en la Declaración y su aplicación efectiva, dando lugar a una cierta complacencia y aceptación de esa condición por los actores dominantes y dentro del sistema de las Naciones Unidas. Como ya ha destacado, no hay que dejar que ello ocurra.

59. El Relator Especial percibe que en el caso de muchos Estados y otros agentes poderosos se ha debilitado el compromiso con la Declaración, no solo por las fuerzas políticas y económicas en pugna, sino por ciertas ambigüedades y posiciones sobre la condición jurídica y el contenido de la Declaración. En el análisis que se presenta a continuación, el Relator Especial examina algunas de esas ambigüedades y posiciones, con la esperanza de ayudar a superar sus efectos debilitadores y avanzar hacia un firme compromiso mundial con la Declaración y su aplicación. También examina la necesidad de una mayor conciencia acerca de la Declaración y de su papel como instrumento de reconciliación y armonía social.

A. El peso normativo de la Declaración

60. En el transcurso de su mandato, el Relator Especial ha escuchado a numerosos gobiernos caracterizar categóricamente a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como no vinculante o simplemente una aspiración, asignándole de este modo una condición jurídica inferior y justificando un menor compromiso con sus disposiciones. Aunque el Relator Especial ha abordado la cuestión de la condición jurídica de la Declaración en los informes anteriores, habida cuenta de las persistentes referencias a la Declaración como instrumento no vinculante, desearía una vez más formular algunas observaciones sobre esta cuestión.

61. El Relator Especial acepta que, con arreglo a la doctrina imperante del derecho internacional, las declaraciones aprobadas mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a diferencia de los tratados, no son fuentes directas de derecho. Sin embargo, simplemente afirmar que la Declaración no es vinculante es una caracterización incompleta de su peso normativo que puede inducir a error. Desde hace mucho tiempo se ha aceptado ampliamente que las resoluciones de la Asamblea General que establecen normas pueden tener repercusiones jurídicas, y generalmente las tienen, sobre todo si se las denomina “declaraciones”, lo que normalmente se reserva a resoluciones que establecen normas de gran importancia.

62. La Asamblea General tiene una larga historia de aprobación de declaraciones sobre distintas cuestiones de derechos humanos, incluido el primer instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948. La Asamblea General aprueba esas declaraciones, al igual que otras resoluciones, en virtud de la autoridad que le confiere el Artículo 13 1) b) de la Carta de las Naciones Unidas de formular recomendaciones para ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

63. A pesar de que en un sentido técnico es una resolución, la Declaración tiene importancia jurídica, en primer lugar, porque refleja un importante grado de consenso a nivel mundial acerca del contenido relativo a los derechos de los pueblos indígenas y porque ese consenso sirve de base a la obligación general que tienen los Estados en virtud de la Carta, un tratado multilateral del más alto nivel indudablemente vinculante, de respetar y promover los derechos humanos, en virtud de sus Artículos 1 2), 1 3), 55 y 56, entre otros. La Declaración se aprobó por una mayoría abrumadora de Estados Miembros y con el apoyo de pueblos indígenas de todo el mundo, y como se señaló anteriormente, los pocos Estados que votaron en contra de la Declaración posteriormente revocaron sus posiciones. Las resoluciones de la Asamblea General sobre cuestiones de derechos humanos aprobadas en virtud de la autoridad dimanada de la propia Carta, especialmente cuando representan un consenso generalizado, pueden servir de base para las obligaciones de los Estados Miembros conforme a las cláusulas de derechos humanos de la Carta, y en la práctica lo hacen [1].

64. En segundo lugar, algunos aspectos de la Declaración, incluidos los principios fundamentales de la no discriminación, la integridad cultural, la propiedad, la libre determinación y los preceptos conexos que se articulan en la Declaración, son parte del derecho internacional consuetudinario, o se están integrando en este, o son principios generales del derecho internacional, como determinó la Asociación de Derecho Internacional después de que un comité de expertos realizara una encuesta amplia de la práctica internacional y de los Estados en relación con la Declaración [2]. Una norma del derecho internacional consuetudinario surge cuando una mayoría de Estados (y otros agentes con personalidad internacional) convergen en una comprensión común del contenido de la norma y, en general, esperan su cumplimiento y comparten un sentido de obligación respecto de esta. No puede negarse que al menos algunas de las disposiciones básicas de la Declaración, arraigadas en principios de derechos humanos bien establecidos, poseen estas características y, por consiguiente, reflejan el derecho internacional consuetudinario.

65. Por último, la Declaración es una ampliación de las normas contenidas en diversos tratados de derechos humanos que han sido ampliamente ratificados y que son jurídicamente vinculantes para los Estados. Entre los tratados de derechos humanos que contienen disposiciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que interpretan y aplican estos tratados frecuentemente emplean sus disposiciones de formas que reflejan las normas incluidas en la Declaración, a veces haciendo referencia expresa a esta al hacerlo. Ello ocurre, en particular, en lo que respecta a las disposiciones de los tratados que afirman los principios de la no discriminación, la integridad cultural y la libre determinación, principios que también figuran en la Declaración y que la Declaración profundiza en relación directa con los pueblos indígenas. Aunque la Declaración no es necesariamente dispositiva, al interpretar un tratado cuyas disposiciones coinciden con las de la Declaración, proporciona orientación importante de peso significativo [3].

66. Además, con independencia de su importancia jurídica, la Declaración tiene un peso normativo significativo basado en su alto grado de legitimidad. Esta legitimidad deriva no solo del hecho de que haya sido aprobada oficialmente por una mayoría abrumadora de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sino también de que es el fruto de años de actividades de promoción y lucha de los pueblos indígenas. Las normas de la Declaración reflejan básicamente las propias aspiraciones de los pueblos indígenas, que después de años de deliberaciones han llegado a ser aceptadas por la comunidad internacional. El texto de la Declaración, que ha sido aprobado por los Estados Miembros, manifiesta de manera explícita un compromiso con los derechos y principios que encarna la Declaración. Es simplemente una cuestión de buena fe que los Estados adhieran a esa expresión de compromiso con las normas que los propios pueblos indígenas han propugnado.

67. Para resumir, las afirmaciones de que su condición técnica de resolución, que en sí misma tiene un carácter jurídicamente no vinculante, no deben menoscabar la importancia de la Declaración. El Relator Especial reitera que la aplicación de la Declaración debe ser considerada un imperativo político, moral y, además, jurídico, sin reserva alguna.

B. Los fundamentos de la Declaración en la igualdad y los derechos humanos

68. Del mismo modo, la Declaración se ve debilitada por su caracterización como instrumento que concede a los pueblos indígenas una situación de privilegio respecto de otros grupos, tal como lo señalaron al Relator Especial funcionarios de Estados y otras personas en puestos de influencia en distintos entornos locales fuera del ámbito diplomático. Esta caracterización de la Declaración pone implícitamente en tela de juicio su equidad, socavando así su legitimidad.

69. Lejos de poner a los pueblos indígenas en una posición superior a otros, la Declaración, en su artículo 2, expresa que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas. La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales de la Declaración, de conformidad con el régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas en general, como se aclara en el preámbulo de la Declaración (entre otros, los párrafos 2, 5 y 22) y en varias de sus disposiciones (entre otros, los artículos 1, 2 y 17). Atribuir a la Declaración cualquier propósito de privilegio o superioridad es una grave distorsión de su verdadero carácter.

70. Si bien la Declaración establece normas específicas para los pueblos indígenas, básicamente no crea nuevos derechos sustantivos de los pueblos indígenas que otros no tienen, como señaló anteriormente el Relator Especial (A/64/338, párr. 47). Por el contrario, reconoce los derechos humanos que siempre deberían haber disfrutado por ser parte de la familia humana, contextualiza esos derechos a la luz de sus circunstancias y características particulares, en especial sus lazos comunitarios, y promueve medidas para remediar la violación histórica y sistemática de sus derechos. La interconexión de todos los derechos humanos y su universalidad, junto con su tendencia a dar lugar a prescripciones específicas al contexto, se pone de manifiesto en la articulación en la Declaración de normas basadas en los derechos humanos universales y, al mismo tiempo, específicas de los pueblos indígenas. Las interrelaciones entre los derechos universales de igualdad, libre determinación, integridad cultural, propiedad, desarrollo y bienestar social y económico, entendidos en el contexto concreto de los pueblos indígenas, definen un conjunto de derechos específicos de los pueblos indígenas que se articulan en la Declaración.

71. En consonancia con esta especificidad respecto del contexto, la justificación normativa básica de la Declaración se afirma en el párrafo 6 del preámbulo, en el que se reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Así pues, el preámbulo de la Declaración pone de relieve el propósito fundamentalmente correctivo del instrumento en un contexto de derechos humanos universales.

72. La Declaración es necesaria precisamente porque se ha negado a los grupos indígenas los derechos humanos haciendo caso omiso de sus características particulares. En otras palabras, la Declaración existe porque los pueblos indígenas se han visto privados de la igualdad, la libre determinación y los derechos humanos conexos, y no para otorgarles privilegios en detrimento de otros grupos. Este recurso no debería tener que existir, al igual que la historia de opresión que la originó. Sin embargo esta existió y sus persistentes consecuencias hacen necesaria una respuesta correctiva adecuada a las circunstancias y características particulares de los pueblos indígenas, que es lo que la Declaración representa [4].

C. El carácter fundamental del derecho a la libre determinación

73. Uno de los ejes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el artículo 3 que afirma: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. En el debate de más de 20 años que precedió a la aprobación de la Declaración, se ha comprendido cada vez más que la libre determinación es un principio fundamental que sostiene al conjunto de derechos de los pueblos indígenas.

74. Sin embargo, la afirmación en la Declaración del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y, por consiguiente, la fuerza de la Declaración, se ha atenuado por la posición mantenida por algunos Estados en el sentido de que ese derecho es diferente del de la libre determinación de los pueblos en el derecho internacional. Esta posición solo ha servido para socavar el consenso básico representado en la afirmación en la Declaración de la libre determinación de los pueblos indígenas y la definición de las modalidades concretas de aplicación de ese derecho.

75. El Relator Especial está totalmente en desacuerdo con cualquier insinuación de que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como se afirma en la Declaración es distinto del derecho a la libre determinación que disfrutan generalmente todos los pueblos en virtud del derecho internacional, por los motivos expuestos en los amplios artículos académicos que publicó sobre el tema [5]. Sin duda, el derecho a la libre determinación, al igual que otros derechos, da lugar a disposiciones diferentes en contextos diferentes, pero básicamente es el mismo derecho humano fundamental para todos los pueblos. Sugerir lo contrario es difícil, si no imposible, de justificar en un marco de derechos humanos en que la igualdad y la no discriminación son máximas esenciales, y es contrario a la propia Declaración, en que se establece, como ya se ha señalado, que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas.

76. Dicho esto, el Relator Especial opina que no es necesario resolver el debate sobre la naturaleza de la afirmación en la Declaración sobre la libre determinación en relación con el derecho internacional para que haya un verdadero compromiso con esa afirmación. La posición de que la libre determinación reconocida en la Declaración es diferente de la del derecho internacional nace del supuesto, equivocado en opinión del Relator Especial, de que, en virtud del derecho internacional, la libre determinación entraña necesariamente el derecho a convertirse en un Estado independiente. Sin embargo, los pueblos indígenas rara vez o nunca tienen como objetivo crear un Estado independiente, con excepción de las situaciones clásicas de los territorios no autónomos. Por lo tanto, la posición es de poca o ninguna utilidad práctica para los Estados que la sostienen y es principalmente una distracción.

77. Independientemente de la validez de esa posición, está claro que el derecho a la libre determinación afirmado en la Declaración, al igual que ese derecho en virtud del derecho internacional en general, tiene un significado básico en torno al cual hay considerable consenso. En esencia, ese significado es que los pueblos indígenas tienen derecho a seguir sus propios destinos en todas las esferas de la vida en condiciones de igualdad, y a vivir dentro de un orden institucional concebido en consecuencia. Los Estados, al igual que las instituciones internacionales pertinentes y los propios pueblos indígenas, deberían centrarse en el fortalecimiento del compromiso con ese principio básico y la adopción de medidas prácticas para aplicarlo.

D. La necesidad de despertar la conciencia acerca de la Declaración y su papel en la promoción de la reconciliación y la armonía social

78. Sobre la base de su labor durante los dos períodos de su mandato, el Relator Especial está convencido de que una tarea fundamental pendiente es despertar la conciencia acerca de la Declaración entre los agentes gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas, los propios pueblos indígenas y la sociedad en general. El Relator Especial ha observado en toda su labor la falta de conocimientos y comprensión sobre la Declaración, los valores que representa y los arraigados problemas a que hacen frente los pueblos indígenas de los que se ocupa.

79. Como ya se señaló, el texto de la Declaración surgió de los sentimientos expresados por los pueblos indígenas que impulsaron el debate a escala mundial acerca de sus derechos y su lugar en el mundo. Esto llevó a los agentes gubernamentales a adoptar una visión de un mundo en que los pueblos indígenas y sus culturas diversas sobrevivían como parte del mosaico humano mundial. Las palabras de la Declaración marcan la transición de una era en la que la mentalidad dominante justificaba violar los derechos de los pueblos indígenas o hacer caso omiso de estos, a una era en que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas en el programa mundial de promoción de los derechos humanos y las relaciones pacíficas entre los pueblos del mundo.

80. La aplicación de las normas expresadas en la Declaración requiere ante todo una toma de conciencia acerca de esas normas y su justificación por los agentes gubernamentales y de las Naciones Unidas en todos los niveles, incluidos los agentes cuyas funciones y poderes afectan a la vida de los pueblos indígenas. También hay una gran necesidad de educar al público acerca de la Declaración y las cuestiones que procura abordar. Seguirá siendo difícil que los objetivos de la Declaración se logren en un entorno de fuerzas políticas, económicas y sociales que compiten entre sí a menos que las autoridades y los sectores no indígenas de las sociedades en que viven esos pueblos indígenas compartan la comprensión y la convicción acerca de esos objetivos.

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

87. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el principal marco normativo de referencia para todos los aspectos de la labor del Relator Especial. A pesar de las expresiones de compromiso por parte de los Estados sobre la Declaración y los importantes acontecimientos positivos en todo el mundo, aún queda mucho por hacer para convertir en realidad los objetivos de la Declaración en la vida cotidiana de los pueblos indígenas del mundo. El compromiso con la Declaración por parte de muchos Estados y otros agentes poderosos se ha debilitado debido a ciertas ambigüedades y posiciones sobre la condición jurídica y el contenido de la Declaración.

88. La Declaración se ve debilitada por las reiteradas aseveraciones de que la Declaración no es vinculante, por las caracterizaciones de la Declaración como instrumento que concede a los pueblos indígenas una situación de privilegio respecto de otros grupos, y por la postura de algunos Estados de que el derecho a la libre determinación afirmado en la Declaración es diferente al de la libre determinación en virtud del derecho internacional. Estas aseveraciones y posiciones tienen fallas, como explicó el Relator Especial (párrs. 61 a 78); solo sirven para debilitar la fuerza del consenso amplio en que se sustenta la Declaración y su papel como instrumento de derechos humanos y de justicia restaurativa.

89. Hay una urgente necesidad de despertar la conciencia acerca de los valores y preocupaciones de derechos humanos representados por la Declaración y sobre las normas que se articulan en la Declaración para abordar esas preocupaciones. Deben redoblarse los esfuerzos por alcanzar esa concienciación amplia entre los organismos públicos y otros agentes influyentes, el sistema internacional y el público en general. Sin una comprensión amplia de las razones de la Declaración y el camino a seguir que marca, será difícil, si no imposible llegar a aplicarla.

90. El Relator Especial insta a los Estados y otros a recordar por qué existe la Declaración, es decir, para mejorar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo y renovar el compromiso con ese propósito.

 


 

NOTAS

1.  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, 7ª ed., 2009), pág 15.

2.  Véase Asociación de Derecho Internacional, 75ª Conferencia, resolución núm. 5/2102, párr. 2 (Sofía, 5 de agosto de 2012); Asociación de Derecho Internacional, Comité de Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe final (2012).

3.  En las comunicaciones al Relator Especial, al menos un Estado que había respaldado la Declaración adoptó la posición de que la Declaración no debía utilizarse para interpretar los tratados en los que era parte debido a que la Declaración no era jurídicamente vinculante y porque se había aprobado después de esos tratados y no se había negociado en su contexto específico. Véase la nota diplomática de la Misión Permanente de los Estados Unidos de América, Ginebra, de fecha 17 de noviembre de 2011, pág. 5, en A/HRC/19/44. El Relator Especial considera que esta posición contradice una posición de apoyo a la Declaración y no es sólida desde una perspectiva jurídica. En la medida en que los Estados han aceptado los principios de los derechos indígenas consagrados en la Declaración al haber votado a favor de ella o declarado su apoyo a ella, es difícil aceptar que la Declaración no se considere muy instructiva al aplicar un tratado pertinente para los pueblos indígenas. Negarse a ver la Declaración como instructiva en este sentido va en contra de las tendencias del derecho y la práctica internacionales por las que se interpretan los tratados de derechos humanos de manera dinámica, a la luz de una nueva comprensión del principio pro homine y de conformidad con este, que requiere la aplicación de los tratados de derechos humanos de la manera que más favorezca la protección de los derechos humanos. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, párrs. 146 a 148.

4. Para un análisis en profundidad del carácter correctivo de la Declaración, véase S. James Anaya, “Why there should not have to be a declaration on the rights of indigenous peoples”, en S. James Anaya, ed., International Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen-Wolters Kluwer, 2011), pág. 58.

5. Véase, por ejemplo, S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law (Oxford University Press, 2ª ed., 2004), págs. 97 a 128; S. James Anaya, “The right of indigenous peoples to self-determination in the post-declaration era”, en Claire Chartres y Rodolfo Stavenhagen, eds., Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2009).

 

Documento adjunto PDF

Informe completo A/68/317

 

*****


www.politicaspublicas.net

 

 
Relator DPI - Documentos e Informes

El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho Internacional

El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho Internacional

James Anaya

Conferencia en el Evento "El rol de los Ombudsman
en América Latina: La consulta previa a los pueblos indígenas"

Lima, Peru – 25 de abril de 2013

"La norma de consulta, con su principio conexo de consentimiento libre, previo e informado, se presenta en el derecho internacional como una salvaguarda para el conjunto de derechos sustantivos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por las decisiones administrativas o legislativas de los estados".

Leer más...
Relator DPI - Documentos e Informes

Estándares del deber de consulta. Informe del Relator ONU respecto a la Propuesta de Reglamento de Consulta del Gobierno de Chile

Estándares del deber de consulta. Informe del Relator ONU respecto a la Propuesta de Reglamento de Consulta del Gobierno de Chile

Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: "Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo", Chile

Noviembre de 2012


 

Conclusión:

"Resulta ineludible realizar ajustes y modificaciones al texto actual de la Propuesta, en vista de las normas internacionales en esta materia.

Además, es necesario avanzar en un proceso de dialogo y concertación con los pueblos indígenas de Chile del modo más amplio e inclusivo para la elaboración del texto final del Reglamento de Normativa de Consulta y del instrumento conexo de Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental."

Leer más...
Relator DPI - Documentos e Informes

Consulta Previa. Peritaje de James Anaya en Caso Sarayaku, Corte Interamericana de DDHH

Peritaje de James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, durante la audiencia del Caso Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de julio del 2011 en Costa Rica.

Leer más...
Relator DPI - Documentos e Informes

Declaración del Relator Especial sobre derechos de pueblos indígenas al concluir visita a Argentina

Declaración del Relator Especial sobre derechos de pueblos indígenas al concluir visita a Argentina

Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya:

"En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad civil.

"Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible.

"Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Argentina.

Leer más...
Página 1 de 5