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17.jun 2019
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2009. EPU. Colombia. Examen y Recomendaciones

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A/HRC/10/82 9 de enero de 2009
ESPAÑOL Original: INGLÉS
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Décimo período de sesiones Tema 6 de la agenda

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*
*Colombia


ÍNDICE
                                                                                                                                          Párrafos
INTRODUCCIÓN                                                                                                           1 -4

I. .RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN       5 -86
A. Exposición del Estado examinado                                                                         5 -16
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado                                   17 -86

II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES                                                    87 -90
III. .COMPROMISOS VOLUNTARIOS DEL ESTADO EXAMINADO                     91
Annex. Composition of the delegation


INTRODUCCIÓN
 

1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su tercer período de sesiones del 1º al 15 de diciembre de 2008. El examen de Colombia se celebró en la 14ª sesión, el 10 de diciembre de 2008.

La delegación de Colombia estuvo encabezada por el Excmo. Sr. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de Colombia. En su sesión de 15 de diciembre de 2008, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe.

Durante la sesión de aprobación del informe, Colombia informó de que el Congreso de Colombia estaba examinando un proyecto de ley sobe los derechos de las víctimas. Por esta razón, para responder a las recomendaciones mencionadas en el párrafo 89 infra, Colombia esperaría hasta que tuviera el resultado del examen de ese proyecto de ley.

2. El 8 de septiembre de 2008, el Consejo de Derechos Humanos seleccionó el siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de Colombia: Burkina Faso, Bahrein e Italia.

3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para el examen de Colombia se publicaron los siguientes documentos:
a) Un informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a)
(A/HRC/WG.6/3/COL/1);
b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) con arreglo al párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/3/COL/2);
c )Un resumen preparado por el ACNUDH con arreglo al párrafo 15 c)
(A/HRC/WG.6/3/COL/3).

4. Por conducto de la troika, se remitió a Colombia una lista de cuestiones preparada de antemano por Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia. Las cuestiones pueden consultarse en la extranet del Examen Periódico Universal.


I. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN


A. Exposición del Estado examinado

5. El Excmo. Sr. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia, presentó el informe nacional.

Se refirió al compromiso de Colombia con los derechos humanos y a su apertura y transparencia, y destacó la presencia en el país de 24 oficinas de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); desde 2002 se habían recibido 15 visitas de mecanismos relacionados con derechos humanos; conjuntamente con la sociedad civil y 39 embajadas acreditadas en Colombia se había establecido un sistema de seguimiento de la situación en el país; y los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales tenían acceso total al país sin ninguna restricción.

También observó que Colombia, antes señalado como negligente o de complicidad con los grupos paramilitares, había encarcelado a todos los jefes de esos grupos, desmovilizado sus estructuras y se había incautado de sus bienes; ya no era un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que había logrado una mejora notable en cuanto a garantizar la vida y la libertad en el país, lo que se podía constatar en la disminución, entre 2002 y 2007, de los homicidios, en un 45%, las masacres, en un 77%, los atentados terroristas, en un 76,5%, y los secuestros extorsivos, en un 87%.

Con respecto a la situación de los grupos armados ilegales, el representante afirmó que, en ese momento esos grupos no tenían ningún respaldo ni representatividad en Colombia y mucho menos opción de tomarse el poder. Como consecuencia de ello, los paramilitares habían aceptado la desmovilización de manera colectiva, y 17.000 personas pertenecientes a otros grupos armados ilegales se habían desmovilizado de manera individual.

Observó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se habían ganado un merecido repudio; apenas dos días atrás, habían asesinado a 2 miembros de una misión médica y herido a otros 7 servidores públicos en el departamento del Caquetá. Esa no era más que la última de sus cientos de acciones violentas, como la detonación de un artefacto explosivo en Ituango (Antioquia), que causó 7 muertos y 51 heridos en una fiesta popular, y la muerte de varios líderes comunitarios en Arauca, acusados de apoyar al grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Señaló en particular el secuestro de cientos de colombianos, 28 de los cuales estaban pudriéndose en la selva desde su captura hacía entre 6 y 10 años debido a las condiciones infrahumanas en que sobrevivían.

7. Colombia se refirió a los inmensos recursos que producía el tráfico de 500 Tm de cocaína que alimentaba a todos los grupos armados ilegales. El afán de esos grupos por el dinero llevaba a la destrucción masiva de la selva y a la agresión de toda la sociedad, en particular los grupos vulnerables. Por ello el Estado había pedido a la comunidad internacional que asumiera su parte de responsabilidad en la lucha contra las drogas ilícitas. Añadió que en Colombia el narcotráfico alimentaba a los más importantes violadores de los derechos humanos.

8.Con respecto a las cuestiones relacionadas con la eficacia de la justicia y la lucha contra la impunidad, Colombia señaló que, para hacer respetar el estado de derecho, contaba con una rica mezcla de bases constitucionales, desarrollos legislativos, jurisprudencia y políticas y medidas para enfrentar problemas específicos. Todos los ciudadanos contaban con recursos jurídicos para proteger sus derechos individual o colectivamente y para hacer frente a los actos de cualquier autoridad. Señaló que la Corte Constitucional de Colombia era reconocida como una de las Cortes más activas en el mundo en el desarrollo de jurisprudencia para la protección de los derechos humanos.

En el ámbito de la legislación, Colombia destacó el reciente establecimiento del sistema penal oral acusatorio, que descongestionaba los despachos judiciales e instauraba garantías, y la celebración de la audiencia de control de legalidad en un plazo máximo de 36 horas; la reforma de la justicia penal militar para limitar su competencia a los delitos relacionados con el servicio; la Ley de 2005 contra la trata de personas y las leyes promulgadas en 2007 y 2008 relativas a la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la violencia contra la mujer.

9.La política para el fortalecimiento del sistema judicial había sido una de las prioridades del Estado. En virtud de ella se había procurado garantizar las condiciones de seguridad para la acción independiente de los operadores judiciales; se había aumentado en un 86% el presupuesto del sector de la justicia entre los años 2002 y 2007; se habían creado 2.166 nuevos cargos en la Fiscalía General de la Nación desde enero de 2008; y de manera concertada se había aprobado y comenzado a aplicar una nueva política para aumentar la eficiencia en el tratamiento de los casos de graves violaciones de los derechos humanos. Colombia también había creado varias unidades de fiscales encargados de casos de especial preocupación, como las agresiones cometidas contra sindicalistas. Mientras que en 2000 y 2001 se habían dictado sólo 2 sentencias, desde el 2002 a la fecha del examen se habían dictado 153 sentencias, y se había condenado a 233 personas por actos violentos contra sindicalistas.

Además, la justicia colombiana había dado una formidable respuesta a las denuncias contra miembros de la fuerza pública por supuestos homicidios; en efecto, a la fecha del examen se estaban realizando 716 investigaciones contra 1.000 miembros de la fuerza pública, 138 de los cuales eran oficiales; 46 de ellos habían sido condenados y 232 habían sido acusados o estaban ya siendo enjuiciados. A la fecha del examen, 285 casos habían sido trasladados de la justicia militar a la justicia ordinaria.

10. En respuesta a las preguntas sobre las víctimas, la desmovilización y la Ley de justicia y paz, la delegación dijo que Colombia había tenido procesos de paz parciales y programas de desmovilización individuales muy exitosos.

Afirmó que la Ley de justicia y paz reconocía los derechos de las víctimas, establecía un proceso judicial independiente relativo a los beneficios jurídicos acordados a los desmovilizados, como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, la preservación de la memoria histórica y la reparación colectiva a las víctimas; establecía asimismo el deber de protección a las víctimas; una comisión de reparación y reconciliación integrada en su mayoría por personas de la sociedad civil y órganos de control del Estado; comisiones regionales de restitución de los bienes apropiados por los grupos ilegales; y penas alternativas de prisión sujetas a serios compromisos por parte de los delincuentes postulados a ellas y revocatoria de ellas, si se incumplían las obligaciones impuestas.

Las declaraciones de los que se habían sometido a esa ley habían posibilitado incoar 2.908 causas ante la justicia ordinaria, en las que se acusaba a 172 políticos, 112 miembros de las fuerzas armadas y otros 35 servidores públicos. Añadió que el Gobierno había expedido un decreto en virtud del cual se creaba un programa de reparación por vía administrativa que demandaría inversiones por una cuantía de alrededor de 5.500 millones de dólares, y que en ese momento el Congreso examinaba un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas.

11. En respuesta a las cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, la delegación afirmó que el Plan de Desarrollo de Colombia para el período 2006-2010, en cuya elaboración se había incorporado la perspectiva de los derechos, tenía el propósito de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Señaló también que el Gobierno había implementado una política de subsidios condicionados a los sectores más pobres de la población que, combinada con el desarrollo económico sostenido de los últimos años, había permitido reducir la pobreza del 55,7 al 45,1% y la pobreza extrema del 21,6 al 12% entre el 2002 y el 2006. Colombia informó haber logrado una cobertura del 94% en educación básica y del 31% en educación superior. Los programas de cobertura en educación se complementaban con la implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, programas de mejoramiento de la calidad y políticas especiales hacia los sectores más vulnerables.

Señaló que la población subsidiada por el Estado se había duplicado, pues había llegado a 23 millones en los últimos cinco años, y que para 2010 Colombia aspiraba a alcanzar la cobertura universal en salud. Informó asimismo de que el presupuesto de apoyo a la vivienda de interés social había aumentado, pasando de 75 millones de dólares a 330 millones de dólares por año, y que se tenía previsto asignar 125 millones de dólares anuales para la vivienda de la población desplazada.

12. Por lo que atañe a los derechos de los niños, Colombia destacó la expedición del Código de la Infancia y Adolescencia; la elaboración y aplicación del Plan de Acción para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; la estrategia de erradicación del trabajo infantil, que había permitido disminuirlo del 12,9% en 2001 al 8,9% en 2005; el presupuesto del Instituto de Bienestar Familiar, que entre 2002 y 2008 había aumentado de 311 millones de dólares a 1.092 millones de dólares; la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley; y la participación de 3.712 menores en los programas de atención integral para la población de desmovilizados que se llevaban a cabo con la colaboración del UNICEF.

Con respecto a las mujeres, Colombia mencionó la aplicación de la política relativa a las mujeres constructoras de paz y desarrollo; el Acuerdo nacional para la equidad entre mujeres y hombres, firmado por instituciones estatales; el promedio de participación de las mujeres en los ministerios del Gobierno (más del 30% de los cargos directivos); y la creación del Observatorio de Asuntos de Género, destacado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entre las mejores prácticas en el continente.

13. En cuanto a la cuestión de los desplazados, la delegación afirmó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados había reconocido que Colombia era el país que mayores esfuerzos hacía en el mundo por atender a la población desplazada, y añadió que entre 2002 y 2008 el presupuesto asignado para atender a la población desplazada había aumentado de 65 millones de dólares a 442 millones de dólares; que el 80% de los hogares desplazados inscritos recibían ayuda humanitaria de emergencia; y que los desplazados participaban en todos los procesos de decisión relativos a las políticas públicas sobre desplazamiento.

Con respecto a los grupos étnicos, la delegación afirmó que la población colombiana incluía un 10% de afrocolombianos y un 3% de indígenas, y que existían leyes que reconocían los derechos de esos grupos étnicos al territorio, a la autonomía y a la preservación de su cultura; políticas de discriminación positiva e instituciones dedicadas al desarrollo de esas políticas; y programas de etnoeducación y etnoprotección en los que se respetaban sus usos y costumbres. La delegación añadió que el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba un capítulo sobre el enfoque étnico del desarrollo, al que se asignaban recursos específicos.

14. Por lo que se refiere a los homicidios cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra personas protegidas, la delegación señaló que la participación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personas fuera de combate era una práctica que suscitaba la vergüenza y la condena del Gobierno. Recalcó que el Presidente Álvaro Uribe, desde su posesión, había ordenado que la lucha contra la violencia y el narcotráfico se realizara con la mayor eficacia y con transparencia, y recordó que, en su primera alocución a los militares, el Presidente los había instado a respetar "el buen nombre de la patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos".

La delegación informó de que, desde 2005, se habían adoptado varias medidas en materia de prevención, investigación y control. Afirmó que la muerte de personas fuera de combate era un crimen inexcusable y, tras reconocer que esos casos habían ocurrido en el país, pidió con profundo dolor perdón a las víctimas y les aseguró que ninguno de esos crímenes quedaría en la impunidad y que se estaban tomando todas las medidas para evitar que esos hechos se repitieran.

15. En cuanto a las cuestiones relativas a las relaciones con los defensores de los derechos humanos, la delegación indicó que el Gobierno estaba aplicando diversas políticas para brindar todas las garantías a los partidos políticos, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, los grupos étnicos, los líderes sociales, los periodistas y los testigos en el proceso de Justicia y Paz, entre otros sectores, y había llevado a cabo un proceso de interlocución permanente con ellos. El Presidente había celebrado prolongadas reuniones con defensores y cada 45 días presidía una reunión con los presidentes de las centrales obreras. La delegación citó una encuesta realizada por Latinobarometer, en la que se indicaba que entre 2002 y 2008 la percepción pública de la legitimidad de la democracia colombiana se había duplicado, alcanzando más del 60%, y que el número de votantes en las elecciones regionales de 2007 se había incrementado en un 30% con respecto al que se había registrado en las elecciones de 2003.

Afirmó que el Gobierno había rechazado públicamente todos los ataques contra los defensores de los derechos humanos, y deseaba una relación más constructiva con las organizaciones de derechos humanos. Tras señalar que el diálogo constituía la única manera de enriquecer las diferentes posiciones y propiciar la observancia efectiva de los derechos humanos en Colombia, expresó su disposición de hacer todos los esfuerzos razonables para mejorar esa relación.

16. Colombia recordó que había dedicado 14 párrafos del informe a enumerar 69 compromisos que asumía voluntariamente, y manifestó que esperaba contar con la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad internacional para hacer realidad dicho propósito.


B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

17. Durante el diálogo interactivo, formularon declaraciones 43 delegaciones.

18. Varias de las delegaciones felicitaron al Gobierno por la calidad de su exposición y por su informe nacional, y por haberse sometido voluntariamente al examen. Algunas reconocieron también la transparencia del Estado en el proceso. Varias delegaciones mencionaron la cooperación del Estado con la comunidad internacional, y algunas citaron su colaboración con el ACNUDH y su decisión de prorrogar hasta 2010 el memorando de entendimiento relativo a su presencia; otras se refirieron a su cooperación con otros mecanismos de las Naciones Unidas. Varias delegaciones celebraron que la delegación hubiera estado encabezada por el Vicepresidente del Estado. Algunas también expresaron su agradecimiento a Colombia por sus respuestas a las cuestiones presentadas con antelación.

19. Chile destacó la actitud abierta y de cooperación del Estado, lo que propiciaba un análisis profundo y una cooperación transparente con otros Estados. Señaló que comprendía la compleja situación del Estado, y subrayó los esfuerzos del Gobierno para controlar la violencia y la delincuencia. Se habían registrado avances importantes en cuanto a desmovilizar a los grupos irregulares de combatientes y a hacer frente a la violencia en contra de los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos, pero las cifras seguían siendo altas. Instó a que se redoblaran los esfuerzos para proteger a esas personas, y destacó la preocupación por atender a la necesidad de lograr que se impartiera justicia de manera pronta, objetiva e imparcial, protegiendo los derechos de las víctimas y de los procesados.

Chile indagó acerca de las medidas para aplicar efectivamente las avanzadas normas que tipificaban penalmente las desapariciones forzadas; las acciones para luchar contra el reclutamiento forzado practicado por actores no estatales; la situación en que se encontraban los niños reclutados para servir como combatientes o informantes; el estado de la aplicación de los planes para reinsertar, rehabilitar y proporcionar reparación a los niños soldados desmovilizados; y la situación legal de las poblaciones desplazadas por lo que se refiere a la tenencia de sus tierras; preguntó además si había algún programa en curso para resolver esa situación.

Chile recomendó que Colombia: a) se asegurara de que se investigaran oportunamente los abusos contra los derechos humanos y de que los responsables fueran procesados y sancionados por tribunales civiles; otorgara mayores facilidades y recursos al poder judicial para que pudiera cumplir esa tarea de manera eficiente; garantizara la efectiva aplicación del fallo de la Corte Constitucional de julio de 2008 sobre esa materia; b) evitara que cualquier miembro de las fuerzas militares, paramilitares o de la guerrilla acusado de cometer abusos y violaciones graves contra los derechos humanos se beneficiara de las leyes de amnistía; c) adoptara medidas para prevenir que personas vinculadas a las fuerzas del orden, al mundo político y al Gobierno, así como los civiles en general, se involucraran en las actividades ilícitas de grupos combatientes ilegales; d) suprimiera las medidas administrativas que estimulaban la comisión de actos que atentaban contra los derechos humanos, tales como el uso indiscriminado de recompensas a civiles informantes o de e) incentivos a los militares según el número de bajas infligidas en combate; f) tomara medidas para paliar los efectos del desplazamiento de civiles como consecuencia de las luchas armadas, asegurando su retorno cuando esas zonas estuvieran pacificadas, y adoptara medidas inmediatas para restituir tierras y/o indemnizar adecuadamente a quienes se les hubiera usurpado su propiedad.

20. España reconoció los avances del país en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. Recomendó que Colombia: a) diera prioridad a la lucha contra las bandas criminales y las bandas emergentes y, en ese contexto, investigara las amenazas y los ataques a defensores de los derechos humanos provenientes de esas bandas y les otorgara las necesarias garantías de seguridad; b) en el marco de los trágicos sucesos relativos a la aparición de los cadáveres de 11 jóvenes en la localidad de Ocaña, y de los casos conocidos como "falsos positivos", acelerara la designación de responsables en el seno de todas las unidades militares que se ocuparan de tramitar con rapidez cualquier reclamación contra actuaciones particulares de unidades o miembros de las mismas que atentaran contra derechos fundamentales; c) consiguiera un amplio consenso para aprobar la ley que establecería un estatuto para las víctimas del conflicto y se asegurara de que dicha ley abriría la vía a una reparación eficaz de todas las víctimas, especialmente las víctimas del Estado; d) encontrara una fórmula que subsanara los vacíos de la Ley de justicia y paz y permitiera dar respuesta jurídica a la situación de limbo jurídico en la que se encontraban miles de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras esperaban su juicio; e) emprendiera el diálogo con importantes sectores de la sociedad civil, dejando de lado discursos estigmatizadores y todo señalamiento injustificado de una y otra parte; en ese contexto era de especial importancia que se pudiera finalizar la elaboración concertada del plan nacional de acción en derechos humanos.

España también indagó acerca de las políticas adoptadas para garantizar una protección integral y efectiva de los indígenas, y permitirles el acceso a la tierra y la conservación y preservación de sus territorios ancestrales; la situación en que se encontraba el proceso de la aprobación de la ley de víctimas, y las medidas que se habían adoptado para atender a las víctimas del Estado; los datos que podría ofrecer en relación con el reclutamiento de menores por los grupos armados ilegales, las medidas adoptadas para reducir el impacto de esos reclutamientos forzados y las políticas generales adoptadas por el Gobierno; y las políticas que se habían previsto para ocuparse de los menores desplazados.

21. Noruega expresó su satisfacción por el elevado número de tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. Afirmó que le seguía preocupando la situación de los defensores de los derechos humanos y mencionó asimismo las inquietudes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en relación con su vulnerabilidad, así como la de los sindicalistas, periodistas y funcionarios públicos que se veían estigmatizados y a menudo atacados o amenazados a causa de su trabajo.

Noruega recomendó que: a) el Gobierno, al más alto nivel, denunciara enérgicamente los ataques contra los defensores de los derechos humanos y que las autoridades estatales proporcionaran legitimidad y reconocimiento a los defensores de los derechos humanos mediante declaraciones de apoyo; y b) se investigaran y enjuiciaran efectivamente los delitos y violaciones contra esas personas, y se sancionara a los responsables.

22. La Argentina reconoció los esfuerzos realizados por el Estado a favor de los derechos humanos, en los ámbitos global y regional, destacó las políticas para luchar contra los grupos paramilitares y acogió con satisfacción los programas para proteger a los niños reclutados por los grupos armados al margen de la ley. Valoró la invitación cursada a los procedimientos especiales y la participación cada vez más amplia de la sociedad civil en la elaboración y la aplicación de las políticas nacionales de derechos humanos.

Expresó su reconocimiento por el establecimiento del Observatorio de Asuntos de Género, y su satisfacción por el hecho de que la recientemente aprobada Ley de justicia y paz incluyera los principios relativos al derecho a la verdad, la justicia, la preservación de la memoria histórica y la reparación colectiva a las víctimas. La Argentina recomendó que Colombia a) considerara la posibilidad de aplicar la gratuidad de la enseñanza primaria; b) considerara la posibilidad de ratificar la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y c) aceptara la competencia del Comité establecido en virtud de esa Convención.

23. México encomió a Colombia por su marco constitucional e institucional de derechos humanos, el número importante de instrumentos internacionales pertinentes ratificados y la transparencia con que había identificado sus retos en materia de derechos humanos y las medidas para enfrentarlos. Señaló que se desprendía de los informes que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional y la Corte Suprema habían sido actores clave en la esfera de los derechos humanos, e hizo votos por que el país continuara fortaleciendo esas instituciones y su independencia.

Reconoció también la labor de los defensores de los derechos humanos, los jueces, los profesores, los periodistas y los sindicatos, como elementos indispensables para el funcionamiento del estado de derecho. Afirmó que confiaba en que Colombia no escatimaría esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento forzado, en especial las mujeres y las niñas. Expresó su reconocimiento por el consenso alcanzado entre el Gobierno y la sociedad civil en cuanto a la necesidad de lograr que se impartiera justicia de manera pronta, objetiva e imparcial, se protegieran los derechos de las víctimas, los procesados y la sociedad en general, y se alcanzaran los objetivos de justicia, verdad y reparación en las causas relativas a homicidios, masacres, secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

México recomendó que Colombia: a) continuara con la consolidación de la política de atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, ajustándose a las normas internacionales en la materia; b) considerara la posibilidad de retirar la declaración relativa al artículo 124 del Estatuto de Roma; c) considerara la posibilidad de ratificar la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; d) el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; e) considerara también la posibilidad de hacer la declaración de conformidad con el artículo 22 de esa Convención; y f) de recibir visitas de los relatores especiales encargados de la situación de los defensores de los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y de la independencia de los magistrados y abogados, así como visitas del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

24. Turquía señaló que, a pesar de sus problemas en el ámbito de la seguridad, en el transcurso de los años Colombia había logrado progresos constantes en materia de gobernanza, estado de derecho y paz. Expresó su reconocimiento por la política de franqueza que había caracterizado su colaboración con los mecanismos internacionales y regionales y a) alentó al Gobierno a proseguir su cooperación estrecha con el ACNUDH.

Turquía acogió con agrado el establecimiento del programa de protección de víctimas y testigos en virtud de la Ley de justicia y paz; y b) alentó al Gobierno a seguir fortaleciendo ese programa y asignándole recursos suficientes. Turquía recomendó que Colombia: c) intensificara sus esfuerzos para resolver el problema de la impunidad. Preguntó si el proyecto de plan nacional de acción en derechos humanos preveía medidas adicionales para luchar contra la impunidad y si el nuevo sistema penal oral acusatorio había resultado útil para resolver el atraso en la tramitación de las causas.

25. Suecia observó el elevado número de ONG representadas en el examen, lo que demostraba la buena disposición del Gobierno para colaborar activamente con la sociedad civil. No obstante, se refirió a los informes acerca de las amenazas, secuestros o incluso asesinatos de líderes sindicales y periodistas y, en consecuencia, recomendó que Colombia: a) intensificara sus esfuerzos por reducir el elevado número de desapariciones forzadas y secuestros en el país, especialmente los que afectaban a los indígenas defensores de los derechos humanos.

Acogiendo con satisfacción la labor del Gobierno en la elaboración de un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario, Suecia pidió información sobre su aplicación y recomendó: b) que se intensificaran los esfuerzos para completar la elaboración del plan, de conformidad con la recomendación del ACNUDH, prestando especial atención a las medidas para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual. Celebrando los esfuerzos desplegados para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales por los grupos armados ilícitos y los militares, Suecia señaló que le seguían preocupando las violaciones graves del derecho internacional humanitario que seguían cometiendo los grupos paramilitares y las organizaciones guerrilleras. Indagó acerca de medidas concretas al respecto y recomendó que el Gobierno: c) adoptara todas las medidas necesarias para aumentar su eficiencia en la investigación y prevención de las ejecuciones extrajudiciales.

26. Filipinas encomió a Colombia por la notable disminución de la violencia, fenómeno que se observaba en el informe nacional. Tomó nota de la amplitud de la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y señaló que la comunidad internacional debería seguir proporcionando a Colombia asistencia y apoyo constructivos para avanzar en la protección y la promoción de los derechos humanos. Filipinas recomendó que Colombia intensificara los programas de educación en materia de derechos humanos destinados a los ciudadanos en general y a los miembros de las fuerzas armadas, a fin de promover una cultura de paz y respeto de los derechos humanos.

27. Francia afirmó que Colombia había avanzado de manera notable en la esfera de los derechos humanos. Expresó su satisfacción por que Colombia fuera parte en la gran mayoría de las convenciones pertinentes y por el establecimiento de un diálogo oficial con la Unión Europea en materia de derechos humanos. Observó que, a pesar de las medidas adoptadas, el número de desplazados internos había aumentado en 2008, y preguntó qué conclusiones se habían sacado a partir de los resultados de la política vigente y qué medidas adicionales se habían previsto.

Observó también que la Ley de justicia y paz había permitido la desmovilización de unos 31.000 paramilitares y una reducción considerable de la violencia, pero señaló que le preocupaba que los enjuiciamientos penales siguieran siendo tan escasos y que en los procesos no se tuviera suficientemente en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Preguntó cómo se preveía responder concretamente para garantizar los derechos de las víctimas.

Francia recomendó que Colombia: a) reanudara el diálogo con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil a fin de poder aplicar de manera rápida y coordinada el plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario; b) adoptara medidas eficaces para reducir significativamente el número de ejecuciones extrajudiciales y encomendar a tribunales civiles el enjuiciamiento de los autores de dichos delitos; y c) reconociera y garantizara la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos, así como la de los sindicalistas y los periodistas, velara por su protección y se asegurara de que los responsables de violaciones de sus derechos fueran sometidos a la acción de la justicia. Por último, tomó nota del compromiso del Estado de ratificar la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y expresó su deseo de que lo hiciera rápidamente.

28. Guatemala reconoció los esfuerzos de Colombia para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Mencionó algunas de las medidas a favor de las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y observó que Colombia reconocía que aún existían retos que debían superarse. Pidió más información acerca del fortalecimiento del proceso de reconocimiento, promoción y difusión de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y sobre su representación en las instancias políticas. Tomó nota de las directivas emitidas por el Ministerio de Defensa para la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y pidió más información al respecto.

29. Cuba afirmó que compartía con Colombia una rica experiencia de trabajo conjunto en el Movimiento de los Países No Alineados y en otros foros internacionales. Afirmó que era consciente de la difícil situación de violencia endémica que había afectado al país durante largo tiempo, e hizo votos por que Colombia encontrara el camino hacia la paz y la reconciliación nacional, para lo cual podía contar con su apoyo. Observando que Colombia había informado de varias acciones que había realizado para medir adecuadamente el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de poder garantizarlos integral y universalmente, Cuba pidió más detalles sobre el funcionamiento del Programa de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en Derechos Humanos y sobre los avances registrados en el proceso de elaboración de indicadores de respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, a partir de la labor desempeñada por el Grupo Interinstitucional establecido para ello en 2005. Cuba recomendó que Colombia: a) considerara la posibilidad de ratificar oportunamente la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

30. Suiza afirmó que entendía que la política de seguridad debería ir acompañada del pleno respeto de los derechos humanos, y expresó su reconocimiento por las importantes medidas que había adoptado Colombia, pero: a) alentó a las autoridades a fortalecer el poder judicial y garantizar su independencia; b) recomendó a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y al Grupo de Trabajo para la reconstrucción histórica y la memoria que intensificaran su trabajo a fin de esclarecer plenamente los delitos del pasado y dar voz a las víctimas.

Recomendó asimismo a Colombia que: c) investigara en el marco de los tribunales civiles todos los casos de desapariciones y homicidios y sancionara a los responsables y, para esos efectos, fortaleciera la Fiscalía General de la Nación; d) en la evaluación del desempeño y de los resultados operacionales de las fuerzas armadas, estableciera directrices según las cuales el número de personas desmovilizadas o capturadas tuviera prioridad sobre el número de bajas; e) que fortaleciera el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; f) los altos funcionarios del Estado expresaran públicamente el reconocimiento de la importancia del papel que desempeñaban los defensores de los derechos humanos, a fin de apoyar y proteger la labor legítima de éstos y de los sindicalistas; g) intensificara sus esfuerzos por desmantelar los nuevos grupos armados que habían surgido desde la desmovilización de los paramilitares; h) el poder judicial prosiguiera sus investigaciones sobre los supuestos vínculos entre el Estado y los paramilitares; i) en el marco de la aplicación de la Ley de justicia y paz, se siguieran escuchando las declaraciones de los ex jefes paramilitares; j) la justicia colombiana completara su labor encaminada a establecer la verdad, poner fin a la impunidad y proteger los derechos humanos; y k) de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas, se mejorara el texto del proyecto de ley relativo a las víctimas, a fin de incluir a las víctimas de los agentes del Estado.

31. Argelia recomendó que Colombia: a) con el apoyo de la comunidad internacional, continuara haciendo todo lo posible para proteger a su población contra todas las formas de violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos armados ilegales. En relación con la preocupante cuestión del uso de minas terrestres antipersonal por los grupos armados ilegales, Argelia recomendó a Colombia que: b) en cooperación con las organizaciones internacionales competentes, continuara cumpliendo los compromisos que aparecían enumerados en el párrafo 42 de su informe nacional. En cuanto a las medidas para proteger los derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, en particular los desplazados, las mujeres y los niños, Argelia recomendó a Colombia que: c) continuara cumpliendo los compromisos descritos en los párrafos 67, 71 y 76 del informe nacional.

32. Los Países Bajos afirmaron que el origen de casi todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario era el conflicto armado en curso. Manifestaron que consideraban que el Gobierno tomaba en serio sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y lo encomiaron por varios logros conseguidos a este respecto.

Expresando su preocupación por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales y por los cambios en la estrategia de algunos de ellos como las FARC, que habían comenzado a dedicarse exclusiva o principalmente a actividades delictivas, y por su uso de minas antipersonal, preguntaron por la política del Gobierno para contrarrestar la influencia de esos grupos en la población civil. Tomando nota de las mejoras sustanciales en la lucha contra la impunidad en el contexto de la reconciliación nacional, preguntaron por la elaboración de indicadores básicos a este respecto como, por ejemplo, el número de acusaciones, investigaciones, enjuiciamientos y condenas. Expresando su indignación ante la noticia reciente del asesinato de jóvenes inocentes por las fuerzas de seguridad que habían tratado de hacerlos pasar por guerrilleros para presentar su muerte como un éxito de la lucha contra la guerrilla, los Países Bajos se mostraron impresionados por el alcance de las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno, como la destitución de muchos oficiales. Recomendaron que Colombia: a) prosiguiera con la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de esos crímenes; y su Gobierno b) continuara el diálogo constructivo con las organizaciones de derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta la polarización en que se encontraban sus relaciones con ellas.

33. Austria señaló que el reclutamiento de niños por las fuerzas armadas, pese a estar prohibido por la ley, seguía ocurriendo, especialmente en las comunidades rurales y entre los niños indígenas. Preguntó por qué se tenían dificultades para aplicar las políticas gubernamentales y qué medidas se habían previsto para mejorar la situación, y pidió información sobre la labor de la Comisión Intersectorial.

Austria recomendó que Colombia: a) adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la recuperación, la rehabilitación y la reintegración de los niños soldados y para resolver el problema subyacente de la exclusión y la marginalidad de los niños de zonas rurales que los hacía particularmente vulnerables al reclutamiento por los grupos armados; y b) intensificara los esfuerzos para tratar la cuestión de la violencia sexual contra los niños, especialmente en las zonas rurales y desarrollara métodos eficaces de reunión de información sobre malos tratos y abusos sexuales cometidos contra los niños, a fin de poder adoptar las medidas necesarias de orden policial y jurídico y en materia de presentación de informes. Preocupada por la elevada cifra de desplazados y la falta de protección de la seguridad física de sus líderes, Austria expresó su satisfacción por los esfuerzos realizados para enfrentar el problema y por el papel constructivo desempeñado por la Corte Constitucional, pero recomendó que Colombia: c) intensificara sus esfuerzos para poner fin a la impunidad de los responsables de desapariciones forzadas, e incrementara las medidas de seguridad respecto de los desplazados internos, en particular protegiendo sus derechos de propiedad. Austria recomendó que: d) se aplicaran plenamente las recomendaciones de la oficina local del ACNUDH como medio de contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos sobre el terreno.

34. Albania afirmó que la situación de los derechos humanos no podía examinarse al margen de las grandes dificultades históricas que había tenido que enfrentar Colombia. Encomió al país por los avances conseguidos desde 2002, pero afirmó que las dificultades reales no significaban que el Estado estuviera exento de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, y que no había justificación alguna para que las fuerzas del Estado actuaran fuera de la ley, contra los principios de la moderna Constitución del Estado.

Recomendó que Colombia: a) hiciera todo lo posible, en los territorios bajo su jurisdicción, para proteger a los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas, y adoptara las medidas políticas necesarias para protegerlos y para que se respetaran sus derechos humanos.

35. Dinamarca señaló que la situación era sumamente compleja y considerables los problemas de seguridad. Expresó su preocupación por la situación de seguridad de los pueblos indígenas, habida cuenta del alarmante porcentaje de asesinatos de los que habían sido víctimas en los últimos años.

Pese a la legislación sobre realización de consultas con los pueblos indígenas en relación con las leyes sobre uso y distribución de los territorios indígenas, en la práctica esas consultas no solían celebrarse. Dinamarca preguntó qué medidas había previsto el Gobierno para asegurar que se realizaran esas consultas.

Preguntó que preveía hacer el Gobierno para velar por la erradicación efectiva de la aplicación constante y generalizada de la tortura por las fuerzas de seguridad.  Sugirió que el establecimiento de un mecanismo nacional independiente de prevención de las violaciones de los derechos humanos podría desempeñar un papel decisivo al respecto.
 
En cuanto al aumento de medidas judiciales para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas, Dinamarca señaló que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, las informaciones parecían indicar que en los años recientes habían aumentado los asesinatos de sindicalistas, y preguntó si el Gobierno tenía previsto adoptar medidas adicionales para prevenirlos.

Dinamarca recomendó que Colombia: a) intensificara sus esfuerzos para proteger a sus pueblos indígenas y estableciera un sistema eficaz de consultas con dichos pueblos; b) intensificara sus esfuerzos en la lucha contra la tortura; c) ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y estableciera un mecanismo nacional de prevención al respecto; y d) intensificara sus esfuerzos para proteger a los sindicalistas
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36. El Perú felicitó a Colombia por su cooperación con los procedimientos especiales, a los que había cursado una invitación abierta en virtud de la cual diversos titulares de mandatos habían visitado el país. Expresó su reconocimiento por los logros recientes, como la liberación de rehenes y la decidida lucha contra la impunidad, y manifestó su esperanza de que en los meses siguientes se mantuvieran y fortalecieran esos esfuerzos, a fin de que, en el corto plazo, Colombia pudiera consolidarlos. Pidió información sobre los recientes esfuerzos, incluidas las medidas legislativas, para aplicar un sistema de indemnizaciones y reparaciones para las víctimas de la violencia.

37. Eslovenia encomió al Estado por su ratificación de los principales instrumentos de derechos humanos y por haber adoptado leyes para la aplicación de sus obligaciones internacionales, pero expresó su preocupación por el desfase entre la legislación y su aplicación.

Teniendo en cuenta la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos en 2004 porque Colombia no permitía la objeción de conciencia al servicio militar, Eslovenia recomendó que Colombia: a) reconociera ese derecho en la legislación y en la práctica, y velara por que se tuviera en cuenta en los métodos de reclutamiento. El Estado debería garantizar que los objetores de conciencia pudieran optar por un servicio alternativo cuya duración no tuviera efectos punitivos.

Expresó su preocupación por el reclutamiento de niños, señalando que, según se estimaba, el reclutamiento forzado de menores por la guerrilla y los paramilitares ascendía a 14.000 menores, y que la situación más preocupante ocurría en Medellín. Pidió a la delegación una información actualizada sobre la solicitud de medidas de transición que había formulado en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Manifestó que le preocupaba que, según algunas fuentes, el proceso de desmovilización no había posibilitado a una gran cantidad de niños su reintegración en la sociedad, y recomendó que el Gobierno: b) se ocupara de la cuestión de los niños en paradero desconocido y garantizara la educación primaria gratuita como medida preventiva contra esos reclutamientos; preocupada también por la presunta utilización de niños por las fuerzas de seguridad en la recolección de información de inteligencia y en programas como "Soldados por un día", recomendó que: c) de conformidad con la recomendación formulada por el Comité de los Derechos del Niño en 2006, se pusiera término a esas prácticas.

Expresó su preocupación por la magnitud de la impunidad, en particular de los responsables del reclutamiento de menores. Manifestó su esperanza de que el nuevo proyecto de ley sobre reparaciones para las víctimas del conflicto armado fuera absolutamente integral y no discriminara entre las víctimas de los agentes del Estado y las de los agentes no estatales, de conformidad con los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y las recomendaciones que había hecho a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felicitó a Colombia por haber sido objeto del examen el histórico día del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

38. Alemania preguntó acerca de los planes para que a nivel operacional se cumpliera la prohibición relativa a los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Preguntó también por las medidas específicas para evitar que las autoridades públicas recurrieran a la violencia sexual en el contexto de los conflictos armados. Alemania preguntó qué medidas se habían previsto para garantizar a los desplazados internos el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Recomendó que: a) se proporcionara una mejor protección a los defensores de los derechos humanos, en particular en las zonas rurales, y se promoviera el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos, recurriendo, de ser necesario, a la mediación de la oficina local del ACNUDH.

39. El Pakistán expresó su reconocimiento por la amplitud de las consultas sostenidas con la sociedad civil en la preparación del informe nacional. Observó que, a pesar de las dificultades, Colombia había avanzado en diversos ámbitos y destacó su compromiso de defender y respetar los derechos humanos a todos los niveles de la autoridad pública. El Pakistán señaló que el Consejo y la comunidad internacional deberían apoyar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para responder a los retos que planteaban la protección y la promoción de los derechos humanos.

40. La República Checa recomendó, en relación con el elevado número de amenazas y agresiones contra los defensores de los derechos humanos: a) la adopción de medidas adicionales para garantizar de manera efectiva su protección y seguridad personal y erradicar la impunidad de los autores de delitos contra ellos; la adopción de medidas concretas contra su estigmatización y la promoción de programas de sensibilización destinados al público en general y a los funcionarios en que se abordara la importancia y la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos. Preguntó acerca de medidas específicas para proteger los derechos de los hijos de los detenidos y presos y los de los niños de las zonas rurales.

La República Checa recomendó: b) la adopción de medidas concretas para garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria de calidad; c) la adopción de medidas para velar por una inscripción efectiva de los nacimientos en el registro civil nacional, en particular mediante programas de unidades móviles de registro y la aceptación de la inscripción a quienes no poseyeran documentación; d) la cooperación oportuna con el mecanismo de supervisión y presentación de informes establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad y la adopción de medidas concretas para prevenir y sancionar todo tipo de reclutamiento o utilización de niños en los conflictos armados; e) la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y, en consecuencia, el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

La República Checa expresó su reconocimiento por las enmiendas que se habían introducido recientemente en la legislación relativa a los derechos de las personas pertenecientes a minorías por su orientación sexual o identidad de género. Recomendó: f) la realización de campañas de sensibilización del público contra los perjuicios sociales y a favor del principio de igualdad y no discriminación, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género. Celebró que se hubiera cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales y recomendó: g) su puesta en práctica rigurosa y oportuna.

41. El Japón aplaudió los esfuerzos de Colombia para mejorar la seguridad pública, cruciales para la protección del derecho a la vida de todos los ciudadanos. Pidió que se hicieran más esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en el país, en particular para prevenir las desapariciones forzadas y los secuestros y para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. Celebró la promulgación por Colombia de la Ley de 2006 relativa al Código de la Infancia y la Adolescencia cuyo propósito era proteger integralmente a los niños y adolescentes y poner fin a la explotación sexual y al trabajo infantil, pero cuestionó su efectividad, dada la persistencia de violaciones graves de los derechos humanos cometidas contra las niñas. Expresó su apoyo continuo a los esfuerzos para resolver diversos problemas de derechos humanos, en particular las medidas para mejorar la situación de los desplazados internos y las personas socialmente vulnerables, incluida su educación, y para tratar el problema de las minas terrestres antipersonal. En su calidad de Presidente del Grupo de los 24, el Japón afirmó que deseaba dirigir los esfuerzos de la comunidad internacional para construir la paz en Colombia.

42. Portugal hizo referencia a las inquietudes planteadas por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos de los desplazados internos en relación con la reintegración de las personas desmovilizadas, su posible impunidad y el escaso número de desplazados que retornaban a sus lugares de origen. Portugal indagó acerca de las medidas para superar esta situación.

Recomendó: a) enjuiciar las desapariciones forzadas independientemente de otros delitos y violaciones potenciales de los derechos humanos cometidos por los perpetradores, en lugar de considerarlas como un factor accesorio o una simple consecuencia del conflicto armado. Portugal recomendó asimismo: b) adoptar medidas para que el sistema de justicia militar no tuviera competencia en los casos de violaciones de los derechos humanos, en los que estuvieran implicados miembros de las fuerzas de seguridad.

43. El Brasil destacó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno y la sociedad civil para fortalecer la democracia y el estado de derecho ante la profundamente arraigada historia de violencia. Observó que Colombia reconocía que el estado de derecho es un requisito indispensable para el desarrollo y la promoción de los derechos humanos y que no podía haber seguridad si no se respetaban los derechos humanos. Señaló que había que vencer en la lucha contra los grupos armados ilegales.

El Brasil recalcó la necesidad de prevenir, investigar y sancionar a los miembros de las fuerzas públicas y de seguridad que hubieran cometido abusos. Aplaudió los adelantos logrados y reconoció los esfuerzos para garantizar la independencia del sistema judicial en la lucha contra la impunidad y la sanción de los responsables de las violaciones. Afirmó que la promulgación de la ley sobre reparaciones para las víctimas del conflicto colombiano constituiría un avance muy importante. Señaló que el goce de los derechos civiles y políticos sólo podría ser sostenible si las medidas para garantizarlo se complementaban con medidas en pro de los derechos económicos, sociales y culturales.

Manifestó su apoyo y aliento a la lucha contra la pobreza. El Brasil preguntó qué medidas adicionales preveía adoptar para que las fuerzas de seguridad respetaran los derechos humanos; cómo podría la sociedad civil contribuir aún más a garantizar los derechos; y si, en virtud del mandato del Examen Periódico Universal, existían esferas concretas en las que se recibiría de buen grado asistencia técnica. Recomendó que Colombia: a) aumentara las medidas sociales y económicas para que los desplazados internos, en particular los pertenecientes a las minorías, como las comunidades indígenas y los afrodescendientes, pudieran disfrutar plenamente los derechos humanos; b) ampliara el acceso a la educación mediante la enseñanza primaria pública gratuita; c) prosiguiera sus esfuerzos para luchar contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, y cumpliera los objetivos voluntarios en la esfera de los derechos humanos aprobados por el Consejo en su resolución 9/12.

44. La India celebró dos medidas adoptadas por el Gobierno relativas al Plan Nacional de Educación Nacional en Derechos Humanos aplicado por el Ministerio de Educación y la Política de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario para las fuerzas armadas adoptada por el Ministerio de Defensa. Encomió a Colombia por sus esfuerzos para integrar el estudio de los derechos humanos en su sistema educativo y en la capacitación de los agentes del orden público. La India mencionó la creación de la Defensoría del Pueblo en los niveles regional y municipal y pidió más información sobre la labor de esta red, que comprende 1.102 oficinas de la Defensoría en todo el país. La India preguntó si el mandato de la Defensoría es diferente del de una institución nacional de derechos humanos que acata plenamente los Principios de París.

45. El Canadá tomó nota de la buena disposición del Gobierno para sostener diálogos constructivos sobre la mejora de la situación de derechos humanos de su población, y expresó su apoyo a las importantes medidas vigentes adoptadas a ese respecto. No obstante, manifestó que creía que el conflicto armado en curso en el país seguía siendo un caldo de cultivo de violaciones y abusos graves contra los derechos humanos. El Canadá recomendó que el Gobierno: a) enjuiciara rigurosamente las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados y adoptara medidas enérgicas para ponerles coto.
Encomiando su éxito en la desmovilización de los grupos paramilitares, el Canadá manifestó que le preocupaba que algunos de ellos siguieran activos y cometiendo atrocidades. Recomendó que el Gobierno: b) siguiera intensificando sus esfuerzos para desmovilizar y desarmar a todos los grupos paramilitares, en particular los que se habían reagrupado de diferentes formas, y para exigirles rendir cuentas por sus acciones. Reconociendo los esfuerzos de Colombia por conseguir la paz y la reconciliación y por responder a las reclamaciones de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparaciones, el Canadá recomendó al Gobierno que: c) velara por que toda la legislación y los programas dimanantes del proceso de la Ley de justicia y paz se ajustaran a las normas internacionales. Encomiando al Gobierno por sus esfuerzos adicionales para proteger a la población de los abusos contra sus derechos humanos, el Canadá le recomendó: d) adoptar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de su población, en particular la de los grupos contra los que se dirigían directamente los ataques, como los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los sindicalistas.

Encomiando los esfuerzos de Colombia por resolver los problemas específicos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas, el Canadá señaló que esos grupos seguían siendo los más afectados por el conflicto. Recomendó que Colombia: e) siguiera trabajando constructivamente con las Naciones Unidas en la aplicación del mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad; f) abordara la violencia de género con carácter más general, en el espíritu de la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad relativa a la mujer y la paz y la seguridad; y g) diera seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2004 por el Relator Especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El Canadá tomó nota de que Colombia tiene una de las constituciones más progresistas del mundo, lo que es un reflejo de sus compromisos con la protección de los derechos humanos, el estado de derecho, la igualdad y la justicia, y encomió al país por sus esfuerzos para alcanzar esas metas.

46. Malasia observó que, a pesar de los retos y los enormes obstáculos, se podía hacer más y recomendó: a) considerar la posibilidad de ampliar la red de servicios públicos de prestación de asistencia socioeconómica y ayuda para el desarrollo de las zonas rurales. Recomendó que Colombia: b) mantuviera sus esfuerzos para romper los vínculos entre los miembros de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares ilegales; c) adoptara medidas más enérgicas para resolver el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico, prestando una atención especial al vínculo entre el narcotráfico y la trata de mujeres y niñas; y d) aceptara la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de que Colombia solicitara asistencia técnica, en particular al ACNUDH y al UNICEF, en esferas como la justicia de menores, la capacitación de la policía y la reintegración social, la rehabilitación y la reparación a favor de los niños soldados desmovilizados, así como de los niños víctimas de minas terrestres.

47. Azerbaiyán felicitó a Colombia por la exhaustiva metodología adoptada en el proceso de examen, en particular la utilización de una página web para realizar consultas. Afirmó que ese enfoque demostraba claramente la voluntad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones en la esfera de los derechos humanos, y señaló, en particular, la invitación permanente cursada a todos los titulares de mandatos. Se debería tener presente que Colombia se había visto afectada durante decenios por un conflicto armado y que los grupos armados ilegales implicados en el narcotráfico y vinculados a las redes locales e internacionales de la delincuencia organizada seguían ejerciendo su influencia negativa en la situación de los derechos humanos.

Celebró los esfuerzos del Gobierno para desmovilizar a los grupos armados ilegales y proteger a los ciudadanos, y reconoció los avances logrados. También tomó nota de las medidas adoptadas contra la tortura y las desapariciones forzadas, en particular la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas, el establecimiento de una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas integrada por entidades del Gobierno y la sociedad civil, y la aprobación por el Ministerio de Defensa de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con las recomendaciones del ACNUDH para orientar la actuación de la policía y el ejército durante las operaciones. Instó a Colombia a que ratificara la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y preguntó qué medidas adicionales tenía previsto el Gobierno adoptar para aplicar efectivamente los procedimientos judiciales en ese ámbito. Observó que Colombia tenía una política amplia de lucha contra la impunidad y tomó nota con satisfacción de los programas y estrategias para mejorar la situación de derechos humanos de las mujeres y los niños, así como de los avances en la educación y en la lucha contra la pobreza. Recomendó que Colombia: a) mantuviera sus esfuerzos para proteger a todos los defensores de los derechos humanos y reporteros y acogió con satisfacción el Programa de Protección del Ministerio del Interior que contaba con la participación de la sociedad civil y un presupuesto más elevado. También pidió información sobre las medidas adoptadas para luchar contra la trata de personas, en especial de mujeres y niñas.

48. China valoró las medidas adoptadas por el Estado para aprobar un Programa Presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario y establecer departamentos de derechos humanos en los ministerios, y citó el plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario y el Plan Nacional de Educación en derechos humanos. Declaró que el Gobierno había hecho grandes esfuerzos por prevenir la violencia y garantizar la seguridad, y que había adoptado importantes medidas en la esfera de la educación. China preguntó por las medidas concretas adoptadas para desmovilizar a los grupos armados, los desafíos que se presentaban y los aspectos en los que Colombia desearía recibir ayuda de la comunidad internacional. Observando que el desplazamiento forzado era la vulneración de los derechos humanos más generalizada en Colombia, señaló las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a este problema, que habían recibido un amplio reconocimiento. China pidió más información sobre las medidas concretas adoptadas para evitar los desplazamientos.

49. El Reino Unido expresó su satisfacción por la importancia otorgada por el Gobierno a las cuestiones relativas a los derechos humanos y señaló los avances realizados. El Reino Unido recomendó al Gobierno que: a) aumentara su colaboración con los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los grupos minoritarios, y el apoyo que les prestaba, y velara por su seguridad, creando para ello mecanismos específicos si fuera necesario, por ejemplo mediante declaraciones públicas de apoyo sobre el importante papel que desempeñaban en la democracia; b) redoblara sus esfuerzos de lucha contra la pobreza y dirigiera su atención a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos los grupos indígenas; y c) siguiera adoptando medidas para combatir la influencia de los grupos ilegales como las FARC, el ELN ygrupos paramilitares armados nuevos y reformadores como las Águilas Negras, y que al hacerlo respetara el derecho internacional humanitario.

El Reino Unido instó a que se liberara de forma inmediata y sin condiciones a todos los rehenes de los grupos armados ilegales. Tras acoger complacido la decisión de dar de baja del servicio a determinados militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales y otros delitos cometidos en fecha reciente, instó al Gobierno a combatir el persistente problema de las vulneraciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de sus fuerzas armadas, algo que no tenía cabida en una sociedad democrática. El Reino Unido señaló que en Colombia había al menos 3 millones de desplazados internos y, si bien acogió con satisfacción las medidas adoptadas, recomendó que: d) se redoblaran los esfuerzos por combatir este grave problema, que causa gran sufrimiento a los individuos, las familias y las comunidades afectados. El Reino Unido aplaudió la fundamental labor llevada a cabo por el ACNUDH y la Organización Internacional del Trabajo en Bogotá e instó al Gobierno a que siguiera prestando amplio apoyo a estas entidades y a que facilitara periódicamente actualizaciones y evaluaciones públicas para la aplicación de las recomendaciones formuladas en los sucesivos informes de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos.

50. La República de Corea felicitó a Colombia por los recientes avances registrados en materia de concienciación sobre los derechos humanos y el restablecimiento de la seguridad en todo el país. Al igual que el ACNUDH, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos, la República de Corea expresó preocupación por la arraigada cultura de impunidad y violaciones cometidas contra los desplazados internos y los defensores de los derechos humanos. Exhortó al Gobierno a que solicitara a la comunidad internacional asistencia técnica y creación de capacidad en esferas relacionadas con la justicia penal y la capacitación policial. Observó que Colombia se había esforzado verdaderamente por promover la igualdad entre los sexos y acabar con la discriminación contra las mujeres mediante la aprobación de una legislación sobre igualdad de oportunidades, por ejemplo la Ley de cuotas de 2000, y pidió información sobre las medidas nacionales adoptadas para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, incluidos sus derechos económicos, sociales y culturales.

51. Bélgica declaró que los informes que el Consejo tenía ante sí mostraban que el marco jurídico para la protección de los derechos humanos funcionaba relativamente bien y señaló que se había aprobado una nueva doctrina sobre protección de los derechos humanos para las fuerzas armadas. Bélgica expresó preocupación por las numerosas acusaciones de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y malos tratos a los prisioneros, y por que los defensores de los derechos humanos, incluidos los trabajadores sindicalizados, siguieran viéndose gravemente afectados por el conflicto.

Bélgica otorgó considerable importancia a la lucha contra la situación de impunidad imperante, afirmando que para lograr una plena reconciliación y una paz duradera era crucial garantizar una justicia imparcial e independiente. La Corte Suprema de Colombia desempeñaba un papel particularmente importante, pero Bélgica expresó su preocupación por ciertas declaraciones que podrían poner en tela de juicio su independencia y credibilidad y recomendó a Colombia que: a) garantizara el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a obtener reparación sin discriminación alguna, de conformidad con las normas internacionales; b) adoptara las medidas necesarias para garantizar la independencia y el eficaz funcionamiento del sistema judicial; y c) garantizara la aplicación eficiente de la Ley de justicia y paz, teniendo en cuenta las aclaraciones de la Corte Constitucional.

52. Sudáfrica observó que entre los pueblos indígenas y afrocolombianos se registraba una elevada tasa de analfabetismo y preguntó al Gobierno de qué forma pretendía abordar las disparidades existentes entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Sudáfrica recomendó que: a) se aceleraran los programas de alivio de la pobreza para abordar los problemas de la desigual distribución de la riqueza, el acceso a la salud y la elevada exclusión social de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Sudáfrica pidió más información sobre el modo en que el Gobierno pretendía responder a la observación del Comité de los Derechos del Niño de que la edad mínima para contraer matrimonio era demasiado baja.

53. Jamaica declaró compartir experiencias similares a las de Colombia en cuanto a los desafíos socioeconómicos a nivel nacional a que tenía que hacer frente, y aplaudió los esfuerzos del Gobierno en la esfera de los derechos humanos, a pesar de las dificultades a que se enfrentaba, especialmente en la lucha contra la delincuencia y la violencia y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Jamaica observó que se habían registrado muchos avances, y constantes, con respecto a algunos de estos problemas, especialmente en la atención concedida a los grupos indígenas y afrocolombianos, y en particular a su participación en el proceso de adopción de decisiones, y esperaba que se siguiera progresando. Señaló con satisfacción el énfasis puesto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la promoción de los derechos humanos en Colombia, y afirmó que ese énfasis era una buena señal para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y merecía elogio. Jamaica esperaba que la comunidad internacional apoyara a Colombia en su intento de crear un entorno propicio para el pleno disfrute de los derechos humanos.

54. Irlanda recomendó: a) que se diera plena aplicación a la Directiva presidencial Nº 7 de 1999, y en particular que el Gobierno reconociera y apoyara públicamente la labor de los defensores de los derechos humanos, que sancionara a quienes los acusan sin fundamento, que reforzara el programa de protección y que investigara y castigara los delitos cometidos contra ellos; b) que se aplicara la Orden de la Corte Constitucional de mayo de 2008 relativa a la violencia basada en el género y, en particular, se protegieran los derechos humanos de las mujeres víctimas de desplazamientos forzados; se incrementaran las medidas encaminadas a prevenir la violencia de tipo sexual; y se adoptaran medidas para asegurar que se investigara y castigara a los autores de actos de violencia sexual. Irlanda expresó su preocupación por las noticias de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de grupos armados ilegales y, en particular, por las ejecuciones atribuidas a las fuerzas armadas, y recomendó al Gobierno que: c) aplicara, con carácter urgente, las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de febrero de 2008. Irlanda recomendó además que: d) se empleara el nuevo plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario para abordar exhaustivamente la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales.

55. Australia señaló que era evidente que el Gobierno consideraba el Examen Periódico Universal una cuestión seria e importante, reconoció los avances en materia de derechos humanos y señaló que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había observado signos alentadores de mejora. Australia hizo referencia a las afirmaciones del ACNUDH de que, aunque sólo uno de los grupos paramilitares reconocidos en el proceso de negociación permanecía en activo, los nuevos grupos armados ilegales contribuían activamente a la intensificación del conflicto armado.

Australia expresó preocupación por las noticias de que algunos miembros de las fuerzas armadas mantenían vínculos con esos grupos o se mostraban tolerantes con ellos, y por ello recomendaba al Gobierno que: a) aplicase métodos eficaces para desmantelar todos los grupos armados ilegales que hubiesen surgido desde el inicio del proceso de desmovilización y que: b) siguiera investigando a los funcionarios públicos y dirigentes políticos vinculados a los grupos paramilitares. Australia expresó preocupación por las afirmaciones del ACNUDH de que se estaba asesinando a defensores de los derechos humanos y sindicalistas o de que éstos habían estado recibiendo amenazas o viendo obstaculizada su labor, y por ello recomendó al Gobierno que: c) reconociera públicamente la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas y se abstuviera de hacer declaraciones públicas que pudieran entenderse como una deslegitimación de esos grupos o que pudieran sugerir una vinculación de éstos con grupos guerrilleros ilegales; d) se asegurara de que se investigaran en profundidad las violaciones de los derechos humanos de los defensores, los sindicalistas y otros grupos de defensa y de que se enjuiciara a los responsables.

56. Rumania pidió que se explicaran en más detalle las políticas previstas para asegurar la plena aplicación del derecho a la educación y a la no discriminación en el acceso a ésta, en particular por lo que respectaba a los pueblos indígenas y afrocolombianos, así como las medidas adoptadas para evitar que los niños abandonasen la escuela.

Rumania pidió información sobre la cooperación entablada con la sociedad civil en la elaboración del informe nacional y sobre las intenciones con respecto al seguimiento del examen. Rumania recomendó que: a) se asegurara una plena protección de los derechos del niño, en particular de los niños víctimas del conflicto armado interno, y se abordaran adecuadamente todas las situaciones de violencia contra las mujeres; y que b) se adoptaran medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y cooperar con las organizaciones de derechos humanos en la aprobación de un plan nacional de acción en derechos humanos y la aplicación de las recomendaciones dimanantes del examen.
57. Hungría acogió con agrado la promulgación del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia en 2006 y la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización de Niños por Grupos Organizados al Margen de la Ley. Sin embargo, citando declaraciones del Secretario General y la Alta Comisionada, declaró que le seguía preocupando la utilización de niños con fines militares y de inteligencia por los grupos armados ilegales y por el propio Gobierno, y preguntó qué medidas pretendía adoptar Colombia para resolver este problema.

Hungría encomió la puesta en marcha del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Recomendó que: a) se pusiese igual empeño en la ejecución de este programa sobre el terreno, teniendo en mente la declaración conjunta de la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos y otros relatores especiales, que expresaron preocupación por la situación y exhortaron a Colombia a que adoptara las medidas oportunas; y b) que se efectuase la visita de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, solicitada en 2006 pero no acordada aún.

58. Bolivia alentó a las autoridades a que siguieran elaborando su plan nacional de acción en derechos humanos, con la esperanza de que se aplicara mediante leyes y políticas públicas con carácter prioritario. Bolivia preguntó qué medidas había adoptado el Estado para aplicar las recomendaciones hechas por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas tras su visita en 2004.

También recomendó a Colombia que: a) invitara al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas a que regresara al país para una visita de seguimiento lo antes posible; y b) tuviera en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al aplicar sus políticas públicas.

59. Panamá reconoció el compromiso y el coraje del Gobierno y el pueblo de Colombia y se hizo eco de las declaraciones de otros oradores acerca de las mejoras en la situación de seguridad. Sin embargo, expresó preocupación por el desplazamiento de poblaciones civiles a causa del conflicto armado y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos.

Panamá pidió información sobre las medidas adoptadas para superar la pobreza y su impacto en las distintas regiones del país, la política de derechos humanos de las fuerzas de seguridad y las expectativas futuras en este sentido. Teniendo en cuenta la importancia prioritaria del derecho a la salud y dada su convicción de que debería garantizarse el acceso de toda la población, especialmente de las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la atención médica, Panamá preguntó por las medidas adoptadas recientemente y las expectativas futuras en este ámbito.

60. El Uruguay señaló que, en su informe nacional, Colombia reconoció la existencia de una situación de violencia desde hace al menos 40 años y afirmó que la presencia de grupos paramilitares, de guerrillas y del narcotráfico había destruido a la población y financiado las armas para el enfrentamiento. Observó que Colombia disponía de un sistema democrático que funcionaba y de excelentes leyes, y remarcó su poder judicial y dentro de él una Corte Constitucional, que había sentado jurisprudencia en materia de derechos humanos y de derecho humanitario, aunque observó asimismo que eran varias las fuentes existentes de violaciones de los derechos humanos, entre ellas los grupos paramilitares, las guerrillas y las fuerzas armadas del país.

El Uruguay recomendó a Colombia que: a) acelerara el proceso emprendido en el marco de la Ley de justicia y paz aprobada en 2005 en cuanto implicase acelerar la desmovilización de jefes y combatientes de los grupos paramilitares. Afirmó que la misión de la Organización de los Estados Americanos encargada de su supervisión había detectado más de 20 de esos grupos.

El Uruguay recomendó también que Colombia: b) se esforzara por alcanzar acuerdos con la o las guerrillas para que llegara la paz, como ya se había intentado en el pasado; c) desmovilizara, dentro de la guerrilla o de los paramilitares, a los niños y niñas combatientes que hubieran sido objeto de un reclutamiento forzado; y d) impartiera órdenes estrictas a las fuerzas de seguridad de que no confundieran a quienes calificaban de "terroristas" con los defensores de los derechos humanos y militantes de ONG. Desde las altas esferas se había estimulado esta falsa confusión, con resultados trágicos.

61. La Federación de Rusia preguntó por las principales dificultades experimentadas en la lucha contra la pobreza y por las medidas adicionales que se hubieran adoptado para asegurar el derecho a un nivel de vida digno, en particular en la actual situación de crisis financiera mundial. La Federación de Rusia preguntó qué medidas se habían tomado para defender de forma efectiva los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas y si se había establecido una cooperación entre el Gobierno y las ONG que representaban a los pueblos indígenas.

62. En respuesta a las cuestiones planteadas en el debate, la delegación de Colombia señaló que la Fiscalía General de la Nación formaba parte del poder judicial, era independiente del poder ejecutivo y se encargaba de investigar los delitos.

En cuanto a las garantías procesales, Colombia señaló que la Fiscalía tenía competencias de supervisión de los jueces. Colombia también había incorporado a su legislación nacional mecanismos y normas para salvaguardar los derechos y el respeto de las garantías procesales de las víctimas. El sistema acusatorio había permitido acelerar los procesos judiciales. La Fiscalía General de la Nación contaba con la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con oficinas en 13 ciudades y 100 fiscales en todo el territorio. El Gobierno amplió su cobertura para dar una mejor atención a las necesidades de las víctimas. Esta labor contó con la cooperación del ACNUDH, el CICR y otras organizaciones internacionales.

Colombia subrayó que el diálogo en curso con la sociedad civil y con esas organizaciones había llevado a la investigación de casos que afectaban particularmente a las poblaciones vulnerables.

63. Por lo que respectaba a la violencia doméstica, la delegación señaló que existían centros especiales para las víctimas de este tipo de violencia y que el 10 de noviembre de 2008 se había aprobado el Memorando Nº 0117, por el que quedaba aprobado un protocolo para investigar casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. La estrategia empleada para estas investigaciones implicó superar patrones históricos y culturales de discriminación, situaciones específicas de vulnerabilidad de las mujeres y situaciones específicas en relación con este tipo de violencia.

64. En relación con el reclutamiento de menores, Colombia declaró que en 2008 se había establecido un grupo especial de fiscales dentro de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y que se estaban investigando 141 casos. En cuanto a las víctimas pertenecientes a la población indígena, se estaban llevando a cabo investigaciones en distintas zonas del país.

65. Respecto de los defensores de los derechos humanos, se señaló que se había promovido un memorando especial de fecha 3 de junio de 2008 encaminado a la adopción de una estrategia para la investigación de casos de amenazas a esas personas. Colombia facilitó datos sobre el número de investigaciones, las personas en detención preventiva, los casos de enjuiciamiento y las condenas por violaciones de los derechos humanos cometidas contra defensores de los derechos humanos y contra periodistas. También facilitó información de esta índole sobre los desplazamientos forzados y el problema de las bandas de delincuentes.

66. A propósito de las desapariciones forzadas, se señaló que se estaba aplicando el mecanismo de búsqueda urgente y que se había encontrado a 41 personas con vida. Cinco departamentos del país habían establecido comisiones para impulsar la investigación de las desapariciones forzadas de 499 personas. Se celebró juicio en varios casos y se impusieron condenas en algunos de ellos.

67. La delegación insistió en que el objetivo del Estado era prevenir con eficacia la impunidad, para lo cual era necesaria la cooperación de la sociedad civil, las víctimas y la comunidad internacional.

68. Colombia señaló que, en 2008, la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación se había reforzado con un incremento de personal del 350% y que en esos momentos estaba presente en 53 localidades del país para llevar a cabo investigaciones y prestar asistencia a las víctimas. Como parte de la estrategia para investigar delitos masivos y sistemáticos cometidos por organizaciones sujetas a la Ley de justicia y paz, Colombia mencionó algunos logros, entre ellos la investigación de todos los aspectos relativos a una organización ilegal, su dinámica y sus actividades delictivas, la obtención de los testimonios de las víctimas y una completa identificación de los desmovilizados. Colombia facilitó cifras al respecto, en particular sobre los grupos contra los que se dirigían los delitos cometidos por individuos sujetos a la ley y sobre los tipos de delitos abordados por ésta. La delegación también señaló que se habían tramitado 2.908 casos por vía judicial ordinaria con el objeto de reabrir investigaciones que se hubieran archivado por desconocerse su autoría.

69. Colombia subrayó que las víctimas eran el eje central de todo el proceso de la Ley de justicia y paz y que 168.000 personas habían decidido reclamar en calidad de víctimas. La delegación notificó que se había creado un banco de genes para facilitar la identificación de los restos de personas encontradas en fosas comunes y un centro virtual de identificación para coordinar la labor de todos los organismos de policía judicial que intervenían en esa tarea. A raíz de un fallo de la Corte Constitucional, pueden celebrarse en parte los juicios de personas sujetas a la Ley de justicia y paz sólo a partir del 23 de julio de 2008; hasta ese momento se habían celebrado 20 audiencias. La delegación brindó información sobre los activos recibidos para ofrecer reparación a las víctimas.

70. Acerca de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, Colombia reiteró su compromiso de acelerar el proceso encaminado a establecer la verdad e identificar los restos humanos encontrados, a fin de poder entregarlos a los familiares de las víctimas, y de investigar los delitos cometidos por individuos desmovilizados contra mujeres y niños, en particular los actos de violencia sexual y el reclutamiento de menores. La misión del Estado era garantizar que se respetase el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia y que el proceso de paz y desmovilización se llevase a cabo sin perjuicio de sus garantías de reparación.

71. En cuanto a la cuestión específica de las llamadas ejecuciones extrajudiciales, la delegación explicó que el Ministerio de Defensa estaba trabajando en el contexto de la política de seguridad democrática del Gobierno. Desde 2002, su objetivo había sido reforzar el estado de derecho en todo el país. En este sentido, subrayó que la política de seguridad era una política de protección de los derechos humanos y que el Gobierno estaba de acuerdo con el enfoque del ACNUDH, a saber que el estado de derecho es la base misma de los derechos humanos. La delegación señaló, sin embargo, que para disfrutar de un estado de derecho en Colombia hacía falta también seguridad. El Ministerio de Defensa había hecho, y seguía haciendo, todo lo posible en este sentido, entre otras cosas restableciendo la presencia institucional en una gran parte del territorio nacional, especialmente en aquellas zonas en las que no estaba presente antes, a fin de asegurar la protección de los derechos humanos.

72. Sin ánimo de insistir en los logros y en las estadísticas y tendencias positivas, la delegación señaló que había disminuido el número de homicidios de indígenas y periodistas y reiteró el compromiso del Gobierno en esta esfera.

73. Colombia tiene la convicción de que es muy importante mostrar a la población la eficacia del Estado, ya que muchos de los problemas de violencia se derivan del hecho de que en el pasado las personas tendían a velar por su propia seguridad. Colombia actúa en cumplimiento del derecho a la protección; por ejemplo, el Gobierno ha avanzado considerablemente en la lucha contra el narcotráfico y adoptado medidas contra los grupos delictivos. Sin embargo, esta lucha requiere una actuación colectiva.

74. En lo que se refiere a velar por la protección de los derechos humanos en la labor de las fuerzas del orden, la delegación señaló que existía un conjunto de instrucciones relativas a los derechos humanos; en 2007, más de 100.000 hombres y mujeres recibieron capacitación en derechos humanos en actividades extracurriculares. La delegación también mencionó la ley de inteligencia, que estaba a punto de aprobarse en el Congreso de la Nación e incorporarse en la legislación del país, y cuya finalidad es mejorar y aumentar las garantías de los ciudadanos respecto de las actividades de inteligencia. Colombia firmó en Oslo la Convención sobre Municiones en Racimo.
75.
La delegación señaló que la labor del Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas era interminable y obligaba a una adaptación constante a las nuevas situaciones y a su consolidación. La delegación destacó una paradoja a este respecto: cuanto más mejoraba la seguridad, más dificultades tenía que afrontar, dado que los grupos armados ilegales se entremezclaban con la población civil y planteaban enormes problemas operacionales y normativos a la hora de determinar qué normas adoptar para atacarlos y capturarlos. También se aplica la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario basada en las recomendaciones del ACNUDH y de una comisión especial enviada por el Reino Unido en 2006.

76. Aunque muchas de las respuestas a las preguntas planteadas pueden encontrarse en esa política, la delegación mencionó concretamente el caso de las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Señaló que se trataba de un caso muy complejo, porque la información de que se disponía era confusa y las cifras variaban muchísimo: las cifras ofrecidas por diversas fuentes mostraban una gran disminución del número de este tipo de ejecuciones, algo que no debería sorprender en vista de las medidas adoptadas por Colombia en este sentido. La delegación informó de que se había creado una comisión especial de composición mixta encargada de presionar para que se investigaran los casos de ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, se habían emitido nuevas directrices, como la que pedía a todas las fuerzas militares que atribuyesen prioridad a la desmovilización y captura de las personas implicadas en el conflicto.

77. La delegación reconoció que, a pesar de estar haciéndose todo lo posible, siempre surgían nuevos problemas, como el grave caso que tuvo lugar en septiembre de 2008, en que un gran número de personas murieron en la zona de Ocaña. Se creó una comisión especial encargada de realizar una investigación, que había detectado graves problemas de disciplina e incumplimiento de los procedimientos en ciertas unidades. También puede que exista un vínculo entre esos grupos y el narcotráfico.

Se adoptaron medidas, como el examen de todos los procedimientos, la creación de certificaciones de los derechos humanos en los recintos militares, la revisión del sistema de evaluación de las fuerzas militares, la garantía de un acompañamiento de la policía judicial con arreglo a las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al uso de la fuerza y la creación de un nuevo sistema de presentación de quejas. Colombia pidió al Consejo que estudiara la cuestión del narcotráfico y los derechos humanos. La delegación señaló que gran parte de ese trabajo había sido posible gracias al apoyo constante y muy directo del ACNUDH y el CICR, por lo que dio las gracias a ambas organizaciones.

78. La delegación aplaudió la presencia de organizaciones de la sociedad civil y dio las gracias a la troika que acompañará a Colombia en este proceso.

79. La delegación señaló que el proceso no era tan amplio como a Colombia le hubiera gustado, no por falta de voluntad del Gobierno sino porque algunas organizaciones de la sociedad civil se habían negado a participar, alegando falta de garantías. La delegación señaló que algunas organizaciones sí habían decidido participar y que el Gobierno estaba tratando de llevar a cabo el proceso de forma pública y abierta.

80. La delegación señaló también que a Colombia le extrañaba que se tuviese la idea de que la tortura es una práctica generalizada de la fuerza pública. Colombia insistió en que no había correspondencia alguna entre esa idea y la situación de los derechos humanos en el país. La delegación informó de que, al contrario, el 85% de los guerrilleros desmovilizados se entregaban voluntariamente a la fuerza pública, lo que demostraba que confiaban plenamente en que su integridad física no corría peligro.

También se señaló que todos los procesos relativos a la detención de personas por las fuerzas del orden público se consideraba absolutamente clave en Colombia, en términos tanto del mandato judicial como de la autoridad judicial que acompañaba el proceso. Colombia reiteró que, por tanto, era imposible que se hubieran detectado casos generalizados de tortura, como se afirmó durante los debates.

81. Se señaló que la figura del Defensor del Pueblo en Colombia correspondía a lo estipulado en los Principios de París. La delegación prometió que el Gobierno enviaría respuestas por escrito y prestaría atención a las recomendaciones.

82. En relación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ésta no sólo cuenta con miembros del Gobierno, sino también de organizaciones de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos. Se creó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se vale de los sistemas de información. El Gobierno creó también un sistema de red para identificar a personas desaparecidas. La delegación subrayó que muchos de los 69 compromisos adquiridos de forma voluntaria guardaban relación con el proceso de búsqueda de desaparecidos y destacó que el caso de los jóvenes muertos presentados como personas caídas en combate se descubrió gracias a este sistema, lo que ponía de manifiesto los esfuerzos del Gobierno al respecto.

83. La delegación señaló que uno de los aspectos más controvertidos tenía que ver con la confusión existente en torno a los defensores de los derechos humanos. La política del Presidente era mantener una relación constante con la comunidad. También se preveían garantías para el ejercicio de las libertades y la aplicación de una política de garantías de protección social. Eran varios los foros de diálogo con ONG, entre ellos comisiones específicas creadas por el Gobierno que contaban con la participación de la sociedad civil.

También se estaba llevando a cabo un seguimiento en el marco del Proceso Londres-Cartagena-Bogotá, y existían también foros regionales. Al comenzar su mandato presidencial, el Presidente celebró numerosas reuniones con ONG. En esos momentos, varios ministros, el Fiscal General y el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos mantenían un diálogo permanente con las organizaciones. El Vicepresidente negó los ataques contra las ONG y afirmó que en esos momentos se estaba prestando especial atención a la investigación de tales acusaciones.

84. Se señaló que existían numerosos elementos que reflejaban la existencia de un fuerte debate político en Colombia. Colombia rechazó la idea de que el Estado tolere una situación de impunidad y reiteró su determinación de combatir toda violación de los derechos humanos. También rechazó las acusaciones de que no respetaba los derechos de las víctimas. La delegación declaró que las ONG habían decidido abandonar voluntariamente el debate sobre el plan nacional de acción y habían emprendido una campaña mundial destinada a aislar al Gobierno, el cual expresó su voluntad de mantener el diálogo y su compromiso de brindar a las ONG el máximo nivel de protección posible.

85. La delegación reiteró que, en Colombia, el Estado en pleno estaba colaborando para respetar la independencia del poder judicial y subrayó que, por entonces, la situación del país era distinta gracias al amplio apoyo de la población, porque el Gobierno era consciente de sus obligaciones y estaba haciendo todo lo posible por cumplirlas y proteger a su población. El Gobierno estudiaría las recomendaciones con gran detenimiento.

86. Para concluir, el Vicepresidente de Colombia agradeció a los Estados sus preguntas y afirmó que Colombia respondería a todas ellas y haría públicas sus respuestas. También les agradeció sus recomendaciones, que Colombia analizaría para determinar cuáles de ellas podía aplicar y cuáles no, si bien muchas de ellas aparecían ya reflejadas en los propios compromisos voluntarios del Estado.

También declaró que ciertas prácticas no contribuían al goce de los derechos humanos, como la evaluación desde un punto de vista político o la evaluación de los derechos humanos sin objetividad o basándose en información errónea, lo que Colombia consideraba que podría haber sucedido de buena fe en el caso de la delegación de Dinamarca. Añadió que la aplicación de criterios diferenciados no ayudaba a la práctica de los derechos humanos. El Vicepresidente consideró que debía analizarse objetivamente la Ley de justicia y paz y la Ley de víctimas que se estaba examinando en esos momentos y que mostraría al mundo los progresos que estaba logrando Colombia y señaló que sobreestimar los logros o los problemas tampoco contribuía a la realización de los derechos humanos. Aunque la situación de Colombia era difícil, en los últimos seis años había mejorado enormemente, y esa mejora no era atribuible exclusivamente a Colombia o al Gobierno, sino también al poder judicial, gracias a los esfuerzos complementarios y las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y la sociedad civil.

El Vicepresidente subrayó que en Colombia la situación de derechos humanos había cambiado mucho pero que seguía siendo necesario reconocer que aún existían muchos problemas, y reiteró los 69 compromisos voluntarios adquiridos por el Gobierno, muchos de los cuales guardaban similitud con las recomendaciones formuladas durante el debate.
 

II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES


87. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo fueron examinadas por Colombia, que mostró su respaldo a las señaladas a continuación. El país presentó sus opiniones sobre las recomendaciones incluidas en los siguientes párrafos del informe: 19 a), 19 b), 19 f), 20 a), 20 e), 21 a), 21 b), 22 a), 22 b), 23 c), 23 f), 25 b), 26 a), 27 a), 27 b), 27 c), 29 a), 30 c), 30 d), 30 e), 30 f), 32 b), 33 d), 34 a), 35 a), 35 d), 37 a), 37 b), 38 a), 40 a), 40 d), 40 g), 42 a), 42 b), 43 a), 43 b), 45 b), 45 c), 45 d), 45 e), 46 b), 46 d), 47 a), 49 a), 49 c), 49 d), 51 b), 54 a), 54 c), 54 d), 55 b), 55 c), 55 d), 56 b), 57 a), 57 b), 58 a), 60 b), 60 c), 60 d). Esas opiniones figuran en la adición al informe del Grupo de Trabajo (A/HRC/10/82/Add.1):

1. . Considerar la posibilidad de ratificar la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Argentina); considerar la posibilidad de ratificar oportunamente la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Cuba); considerar la posibilidad de ratificar la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (México);

2. .Cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales y velar por su aplicación rigurosa y oportuna (República Checa); considerar la posibilidad de recibir visitas de los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (México); invitar al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas a regresar al país para una visita de seguimiento lo antes posible (Bolivia); acceder a una visita de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, solicitada en 2006 pero no acordada aún (Hungría);

3. . Seguir cooperando estrechamente con el ACNUDH (Turquía); aplicar, con carácter urgente, las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de febrero de 2008 (Irlanda); aplicar plenamente las recomendaciones de la oficina local del ACNUDH como medio de contribuir al mejoramiento de la situación de los derechos humanos sobre el terreno (Austria);

4. .Reanudar el diálogo con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil a fin de poder aplicar de manera rápida y coordinada el plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario (Francia); adoptar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y cooperar con las organizaciones de derechos humanos en la aprobación de un plan nacional de acción en derechos humanos y la aplicación de las recomendaciones dimanadas del Examen Periódico Universal (Rumania); intensificar los esfuerzos por completar la elaboración del plan nacional de acción, de conformidad con la recomendación del ACNUDH, prestando especial atención a las medidas para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual (Suecia); emplear el nuevo plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario para abordar exhaustivamente la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales (Irlanda);

5. .Intensificar los programas de educación en materia de derechos humanos destinados a los ciudadanos en general y a los miembros de las fuerzas armadas, a fin de promover una cultura de paz y respeto de los derechos humanos (Filipinas);

6. . Reforzar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Suiza);

7. . Proseguir los esfuerzos de lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos y cumplir los objetivos voluntarios en la esfera de los derechos humanos aprobados por el Consejo en su resolución 9/12 (Brasil);

8. .Realizar campañas de sensibilización del público contra los prejuicios sociales y en favor del principio de igualdad y no discriminación, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género (República Checa);

9. .En el contexto de los trágicos sucesos relativos a la aparición de los cadáveres de 11 jóvenes en la localidad de Ocaña, y de los casos conocidos como "falsos positivos", acelerar la designación de responsables en el seno de todas las unidades militares que se ocupen de tramitar con rapidez cualquier reclamación contra actuaciones de unidades o miembros de las mismas que atenten contra derechos fundamentales (España);

10. .Aplicar directrices para la evaluación del desempeño y de los resultados operacionales de las fuerzas armadas que den prioridad al número de personas desmovilizadas o capturadas sobre el número de bajas (Suiza);

11. .Adoptar todas las medidas necesarias para aumentar la eficacia de la investigación y prevención de las ejecuciones extrajudiciales (Suecia); enjuiciar rigurosamente las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones y los desplazamientos forzados y adoptar medidas enérgicas para ponerles coto (Canadá);

12. .Intensificar los esfuerzos por reducir el elevado número de desapariciones forzadas y secuestros en el país, especialmente los que afectan a los indígenas defensores de los derechos humanos (Suecia);
 

13. .Intensificar los esfuerzos en la lucha contra la tortura (Dinamarca);
 

14. .En cooperación con las organizaciones internacionales competentes, continuar cumpliendo los compromisos que aparecen enumerados en el párrafo 42 del informe nacional en relación con la preocupante cuestión del uso de minas terrestres antipersonal por los grupos armados ilegales (Argelia);

15. .Abordar la violencia de género con carácter más general, en el espíritu de la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad relativa a la mujer y la paz y la seguridad (Canadá); aplicar la orden de la Corte Constitucional de mayo de 2008 relativa a la violencia basada en el género y, en particular, proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de desplazamientos forzados, incrementar las medidas encaminadas a prevenir la violencia de tipo sexual y adoptar medidas para asegurar que se investigue y castigue a los autores de actos de violencia sexual (Irlanda);

16. .Asegurar la plena protección de los derechos del niño, en particular de los niños víctimas del conflicto armado interno, y abordar adecuadamente todas las situaciones de violencia contra las mujeres (Rumania);

17. .Seguir adoptando medidas para combatir la influencia de los grupos ilegales como las FARC, el ELN y grupos paramilitares armados nuevos y reformadores como las Águilas Negras, y al hacerlo respetar el derecho internacional humanitario (Reino Unido); con el apoyo de la comunidad internacional, continuar haciendo todo lo posible por proteger a la población del país contra toda forma de violación de los derechos humanos cometida por grupos armados ilegales (Argelia);

18. .Hacer todo lo posible por alcanzar acuerdos con la o las guerrillas para alcanzar la paz, como se ha intentado en el pasado (Uruguay);

19. .Desmovilizar, dentro de la guerrilla o de los paramilitares, a los niños y niñas combatientes reclutados por la fuerza (Uruguay); adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la recuperación, rehabilitación y reintegración de los niños soldados y para resolver el problema subyacente de la exclusión y la marginalidad de los niños del medio rural que los hace particularmente vulnerables al reclutamiento por los grupos armados (Austria); ocuparse de la cuestión de los niños en paradero desconocido tras el proceso de desmovilización de los paramilitares y garantizar una educación primaria gratuita como medida preventiva contra los reclutamientos forzados (Eslovenia);

20. .Cooperar de forma oportuna con el mecanismo de supervisión establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad y adoptar medidas concretas para prevenir y sancionar todo tipo de reclutamiento o utilización de niños en los conflictos armados (República Checa); seguir trabajando constructivamente con las Naciones Unidas en la aplicación del mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad (Canadá);

21. .Aceptar la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de que Colombia solicite asistencia técnica, en particular al ACNUDH y al UNICEF, en esferas como la justicia de menores, la rehabilitación, las repatriaciones, la capacitación de la policía y la reintegración social de los niños soldados desmovilizados y los niños víctimas de minas terrestres (Malasia);

22. .Intensificar los esfuerzos por abordar la cuestión de la violencia sexual contra los niños, especialmente en las zonas rurales, y crear métodos eficaces de reunión de datos sobre malos tratos y abusos sexuales cometidos contra niños, y velar por que se adopten las medidas necesarias de orden policial y jurídico y en materia de presentación de informes (Austria);

23. .Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia y el funcionamiento eficaz del sistema judicial (Bélgica); fortalecer el poder judicial y garantizar su independencia (Suiza);

24. .Velar por la investigación en su debido momento de las violaciones de los derechos humanos y por que los responsables sean procesados y sancionados por tribunales civiles; otorgar mayores facilidades y recursos al poder judicial para que pueda cumplir esta tarea con eficacia; y garantizar la efectiva aplicación del fallo de la Corte Constitucional de julio de 2008 al respecto (Chile);

25. .Seguir investigando y enjuiciando a los responsables del asesinato de jóvenes inocentes tratando de hacerlos pasar por guerrilleros (Países Bajos);

26. .Que la justicia colombiana complete su labor encaminada a establecer la verdad, poner fin a la impunidad y proteger los derechos humanos (Suiza); impedir que cualquier miembro de las fuerzas militares, paramilitares o de la guerrilla acusado de cometer abusos y violaciones graves contra los derechos humanos se beneficie de las leyes de amnistía (Chile); intensificar los esfuerzos por resolver el problema de la impunidad (Turquía);

27. .Que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Grupo de Trabajo para la reconstrucción histórica y la memoria intensifiquen su trabajo a fin de esclarecer plenamente los delitos del pasado y dar voz a las víctimas (Suiza);

28. .Adoptar medidas para que el sistema de justicia militar no reclame competencia en los casos de violaciones de los derechos humanos en que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad (Portugal);

29. .Adoptar medidas efectivas para reducir significativamente el número de ejecuciones extrajudiciales y encomendar a tribunales civiles el enjuiciamiento de los autores de dichos delitos (Francia);
 

30. Investigar en el marco de los tribunales civiles todos los casos de desapariciones y homicidios y sancionar a los responsables y, a esos efectos, fortalecer la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (Suiza);

31. Garantizar que toda la legislación y todos los programas en apoyo de la Ley de justicia y paz se ajusten a las normas internacionales (Canadá); encontrar una fórmula que compense las deficiencias de la Ley de justicia y paz y permita dar respuesta jurídica a la situación de limbo jurídico en que se encuentran miles de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la espera de ser juzgados (España); garantizar la aplicación efectiva de la Ley de justicia y paz, teniendo en cuenta las aclaraciones de la Corte Constitucional (Bélgica); en el marco de la aplicación de la Ley de justicia y paz, seguir escuchando las declaraciones de los ex jefes paramilitares (Suiza); seguir fortaleciendo el programa de protección de víctimas y testigos en virtud de la Ley de justicia y paz y asignarle recursos suficientes (Turquía);

32. .Intensificar los esfuerzos por desmantelar los nuevos grupos armados que han surgido desde la desmovilización de los paramilitares (Suiza); aplicar métodos eficaces para desmantelar todos los grupos armados ilegales que hayan surgido desde el inicio del proceso de desmovilización (Australia); redoblar aún más los esfuerzos por desmovilizar y desarmar de forma inmediata a todos los grupos paramilitares, en particular a los que se han reagrupado de diferentes formas, y por exigirles rendir cuentas de sus acciones (Canadá);

33. .Que el poder judicial prosiga sus investigaciones sobre los supuestos vínculos entre el Estado y los paramilitares (Suiza); mantener los esfuerzos por romper los vínculos entre los miembros de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares ilegales (Malasia); seguir investigando a los funcionarios públicos y dirigentes políticos vinculados a grupos paramilitares (Australia);

34. .Adoptar medidas para evitar que personas vinculadas con las fuerzas del orden, el mundo político y el Gobierno, así como los civiles en general, se involucren en actividades ilícitas con grupos combatientes ilegales (Chile);

35. .Adoptar medidas más enérgicas para resolver el problema de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, prestando atención especial al vínculo entre el tráfico de drogas y la trata de mujeres y niñas (Malasia);

36. .Adoptar medidas para paliar los efectos del desplazamiento de civiles como consecuencia de las luchas armadas, asegurando su retorno cuando esas zonas estén pacificadas, y adoptar medidas inmediatas para restituir tierras y/o compensar adecuadamente a quienes se les haya usurpado su propiedad (Chile);

37. .Redoblar los esfuerzos para combatir el grave problema de los desplazados internos, que causa gran sufrimiento a los individuos, las familias y las comunidades afectados (Reino Unido);

38. .Incrementar las medidas sociales y económicas para que los desplazados internos, en particular los pertenecientes a las minorías, como las comunidades indígenas y los afrodescendientes, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos (Brasil);

39. .Intensificar los esfuerzos por poner fin a la impunidad de los responsables de desapariciones forzadas e incrementar las medidas de seguridad respecto de los desplazados internos, en particular protegiendo sus derechos de propiedad (Austria); enjuiciar las desapariciones forzadas independientemente de otros delitos y violaciones potenciales de los derechos humanos cometidos por los perpetradores, en lugar de considerarlas un factor accesorio o una simple consecuencia del conflicto armado (Portugal);

40. .Seguir poniendo empeño en cumplir sus compromisos, descritos en los párrafos 67, 71 y 76 del informe nacional en relación con la protección de las personas desplazadas, las mujeres y los niños (Argelia);

41. .En relación con el elevado número de amenazas y agresiones contra los defensores de los derechos humanos, adoptar medidas adicionales para garantizar de manera efectiva su protección y seguridad personal y erradicar la impunidad de los autores de delitos contra ellos; adoptar medidas concretas contra su estigmatización y promover programas de sensibilización destinados al público en general y a los funcionarios en que se aborde la importancia y la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos (República Checa);

42. .Asegurar la continuación del diálogo con importantes sectores de la sociedad civil, dejando de lado discursos estigmatizadores y todo señalamiento injustificado de una y otra parte. En ese contexto tiene especial importancia que se pueda finalizar la elaboración concertada del plan nacional de acción sobre derechos humanos (España);

43. .Denunciar enérgicamente, al más alto nivel, los ataques contra los defensores de los derechos humanos y dar legitimidad y reconocimiento a los defensores de los derechos humanos mediante declaraciones de apoyo (Noruega);

44. .Que los altos funcionarios del Estado expresen públicamente el reconocimiento de la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos, a fin de apoyar y proteger la labor legítima de éstos y de los sindicalistas (Suiza);

45. .Impartir órdenes estrictas a las fuerzas de seguridad de que no confundan a quienes califican de "terroristas" con los defensores de los derechos humanos y militantes de ONG. Desde altas esferas se ha estimulado esta falsa confusión, con resultados trágicos (Uruguay);

46. .Reconocer y garantizar la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos, así como la de los sindicalistas y los periodistas, velar por su protección y asegurar que los responsables de violaciones de sus derechos sean sometidos a la acción de la justicia (Francia);

47. .Aumentar la colaboración con los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los grupos minoritarios, y el apoyo que se les presta, y velar por su seguridad, creando para ello mecanismos específicos en caso necesario, por ejemplo mediante declaraciones públicas de apoyo al importante papel que desempeñan en la democracia (Reino Unido);

48. .Aplicar en todas sus partes la Directiva presidencial Nº 7 de 1999 y, en particular, reconocer y apoyar públicamente la labor de los defensores de los derechos humanos, sancionar a quienes los acusan sin fundamento, reforzar el programa de protección e investigar y castigar los delitos cometidos contra ellos (Irlanda);

49. .Reconocer públicamente la legitimidad de la labor de los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas y abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan entenderse como una deslegitimación de esos grupos o sugerir una vinculación de éstos con los grupos guerrilleros ilegales (Australia);

50. Investigar y enjuiciar efectivamente los delitos y violaciones contra los defensores de los derechos humanos y sancionar a los responsables (Noruega); velar por que se investiguen en profundidad las violaciones de los derechos humanos de los defensores, los sindicalistas y otros grupos de defensa, y por que se enjuicie a los responsables (Australia);

51. .Atribuir prioridad a la lucha contra las bandas criminales y las de reciente creación y, en ese contexto, investigar las amenazas y los ataques a defensores de los derechos humanos por parte de esas bandas y otorgarles las necesarias garantías de seguridad (España);
 

52. Hacer todo lo posible, en los territorios bajo la jurisdicción nacional, por proteger a los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas, y adoptar las medidas necesarias para protegerlos y para que se respeten sus derechos humanos (Albania); proporcionar una mejor protección a los defensores de los derechos humanos, en particular en las zonas rurales, y promover el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos, recurriendo, de ser necesario, a la mediación de la oficina local del ACNUDH (Alemania); adoptar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de la población nacional, en particular la de los grupos contra los que se dirigen directamente los ataques, como los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los sindicalistas (Canadá); mantener los esfuerzos por proteger a todos los defensores de los derechos humanos y reporteros (Azerbaiyán);


53. .Poner el mismo énfasis en la aplicación del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos sobre el terreno, teniendo en mente la declaración conjunta de la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y otros relatores especiales que expresaron preocupación por la situación y exhortaron a Colombia a que adoptara medidas oportunas (Hungría);
 

54. .Intensificar los esfuerzos para proteger a los sindicalistas (Dinamarca);
 

55. .Continuar el diálogo constructivo con las ONG de derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta la polarización de las relaciones entre éstas y el Gobierno (Países Bajos);
 

56. .Considerar la posibilidad de aplicar la gratuidad de la enseñanza primaria
a (Argentina);

57. .Adoptar medidas concretas para asegurar el acceso universal a una enseñanza primaria de calidad (República Checa);

58. .Ampliar el acceso a la educación mediante una enseñanza primaria pública gratuita (Brasil);

59. .Intensificar los esfuerzos por proteger a los pueblos indígenas del país y establecer un sistema eficaz de consultas con dichos pueblos (Dinamarca);

60. .Dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2004 por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (Canadá);

61. .Tener en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al aplicar las políticas públicas (Bolivia);

62. .Adoptar medidas para velar por que se inscriban realmente los nacimientos en el registro civil nacional, en particular mediante programas de unidades móviles de registro y la aceptación de la inscripción a quienes no posean documentación (República Checa);

63. .Redoblar los esfuerzos de lucha contra la pobreza y centrar la atención en los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos los grupos indígenas (Reino Unido);

64. .Acelerar los programas de mitigación de la pobreza para abordar los problemas de la distribución desigual de la riqueza, el acceso a la salud y la gran exclusión social de los pueblos indígenas y afrocolombianos (Sudáfrica);

65. . Considerar la posibilidad de ampliar la red de servicios públicos de prestación de asistencia socioeconómica y ayuda para el desarrollo de las zonas rurales (Malasia).
 

***

88.Colombia no aceptó las recomendaciones que figuran en los párrafos 19 d), 19 e), 22 c), 23 b), 23 d), 23 e), 35 c), 37 a), 37 c), 40 e) y 60 a) del informe y presentó sus opiniones al respecto, que se incluyen en una adición al informe del Grupo de Trabajo (A/HRC/10/82/Add.1).

89. Colombia examinará las recomendaciones que figuran a continuación y dará su respuesta durante la aprobación del informe de final por el Consejo, en su décimo período de sesiones. La respuesta de Colombia a las recomendaciones indicadas a continuación figurará en el informe final:


1. .Garantizar el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a obtener reparación sin discriminación alguna, de conformidad con las normas internacionales (Bélgica);

2. .Seguir consolidando su política de atención integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares, ajustándose a las normas internacionales pertinentes (México); conseguir un amplio consenso para aprobar la ley que establezca un estatuto para las víctimas de conflicto y asegurar que dicha ley abra la vía a una reparación eficaz de todas las víctimas y especialmente las víctimas del Estado (España); mejorar el texto del proyecto de ley relativo a las víctimas, a fin de incluir a las víctimas de los agentes del Estado, de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas (Suiza).
 

90.Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición de los Estados que las presentaron y/o del Estado examinado al respecto. No debe considerarse que gozan del respaldo de todo el Grupo de Trabajo.


III. COMPROMISOS VOLUNTARIOS DEL ESTADO EXAMINADO



91. Los compromisos voluntarios presentados por Colombia figuran en la adición al informe del Grupo de Trabajo (A/HRC/10/82/Add.1).

 

 


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Annex
COMPOSITION OF THE DELEGATION

The delegation of Colombia was headed by H.E. Mr. Francisco Santos Calderón, Vice-President of the Republic, Head of Delegation, comprised 14 members:
Mr. Francisco Santos Calderón, Vice-president, Republic of Colombia;
Ms. Adriana Mejía Hernández, Deputy-minister for Multilateral Affairs, Ministry of
fForeign Affairs;
Mr. Sergio Jaramillo Caro, Deputy-minister for Defence;
Mr. Carlos Franco Echavarría, Director, Presidential Programme for Human Rights;
Ms. Clemencia Forero Ucrós, Ambassador, Permanent Representative of Colombia to the United Nations, Geneva;
Ms. Sandra Castro Ospina, Chief Prosecutor, Human Rights Unit, Attorney General's
Office;
Ms. Consuelo Méndez, Deputy Chief Prosecutor, Justice and Peace Unit, Attorney
y General's Office;
Ms. Margarita Rey, Director for Human Rights, Ministry of Foreign AffaRelaciones Exteriores;
Ms. Clara García, Asesora Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH;
Ms. Adriana Mendoza, Minister Counselor, Colombian Mission to the United Nations,Geneva;
Mr. Alvaro Ayala, Minister Counselor, Human Rights Officer, Colombian Mission to the United Nations, Geneva;
Ms. Alma Viviana Pérez, First Secretary, Human Rights Officer, Colombian Mission to the United Nations, Geneva.

 

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A/HRC/10/82/Add.1
13 de enero de 2009
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Décimo período de sesiones
Tema 6 de la agenda
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*
Colombia
Adición
 

OPINIONES SOBRE LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES, COMPROMISOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS PRESENTADAS POR EL ESTADO EXAMINADO


* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
 


MISIÓN DE COLOMBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS, GINEBRA
 

Los siguientes números seguidos de letras hacen referencia a las recomendaciones que figuran en el apartado I del informe del Grupo de Trabajo, titulado "Resumen de las actuaciones del proceso de examen".


22 b) Se acepta ratificar la Convención, y se incluye esa decisión en los compromisos voluntarios (véase el párrafo 38 del informe nacional).
 

22 c) No se acepta la competencia del Comité establecido en virtud de esa Convención. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenece Colombia brinda un marco sólido para garantizar el enjuiciamiento y la reparación en casos de violaciones de los derechos
humanos cuando el sistema nacional de justicia no lo haga.

29 a) Se acepta tal y como figura en la observación 22 b).

23 c) Se acepta ratificar la Convención tal y como figura en la observación 22 b).

23 d) No se acepta ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las directrices internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) (Resolución Nº 5927/2007) brindan un mecanismo de garantía de los derechos humanos de los prisioneros mediante un proceso de debate y toma de decisiones en los comités de cada establecimiento penitenciario, en los que participan de forma directa los detenidos y las oficinas de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.
 

35 c) No se acepta la ratificación tal y como figura en la observación 23 d).


40 e) No se acepta tal y como figura en la observación 23 d).

23 e) No se acepta tal y como figura en la observación 22 c).

23 b) No se acepta. Colombia desea dejar abiertas todas las posibilidades para tratar de alcanzar una paz negociada con los grupos armados ilegales, y para ello es necesario un entorno propicio. El sistema nacional de justicia investiga y enjuicia los crímenes de guerra.

40 g) Se acepta. Se ha cursado una invitación permanente y está siendo plenamente aplicada a nivel individual.

23 f) Se acepta. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitó Colombia en octubre de 2008. Se extenderá inmediatamente una invitación al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. Las invitaciones a los Relatores Especiales encargados de la situación de los defensores de los derechos humanos y de la independencia de los magistrados y abogados se programarán sin demora.

58 a) Se acepta. Se extenderá una invitación inmediatamente.
 

57 b) Se acepta tal y como figura en la observación 23 f).
 

54 c) y 33 d) Se aceptan. Se están aplicando cabalmente mecanismos de seguimiento.

27 a) Se acepta. El Gobierno de Colombia ha reiterado sistemáticamente su compromiso de promover este diálogo. Muchas organizaciones de la sociedad civil han optado por abstenerse de participar en él, a pesar de que el Gobierno les había extendido una invitación abierta.
 

56 b), 25 b) y 54 d) Se aceptan. Véanse las observaciones que figuran en la observación 27 a).
 

26 a) Se acepta. Se están llevando a cabo programas de educación en derechos humanos para las fuerzas armadas y en enero de 2008 se puso en marcha la "Política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario" del Ministerio de Defensa, que adapta el programa a las necesidades actuales.

30 e) Se acepta y se incluye en los compromisos voluntarios (véanse los párrafos 38 y 57 del informe nacional).

19 d) No se acepta. El sistema de recompensas se aplica dentro del marco jurídico de Colombia y está debidamente regulado y supervisado por la Fiscalía General. Ha permitido mejorar las condiciones de seguridad, ha debilitado considerablemente a los grupos armados y su estructura delictiva, ha ayudado a resolver casos de secuestro y ha contribuido a la lucha contra la impunidad.

19 e) No se acepta. La recomendación no resulta aplicable. Los incentivos a los militares no se ofrecen sobre la base del número de muertes infligidas en combate. La Directiva Nº 300-28 del Comando General de las Fuerzas Militares, de noviembre de 2007, ordena a todas las unidades militares que den prioridad a la desmovilización y las capturas.

30 d) Se acepta y se está aplicando plenamente.

49 c) Se acepta. Se aclarará al Reino Unido el concepto de "grupos paramilitares", puesto que Colombia considera que el término no es
aplicable a la situación actual, tras la desmovilización de los grupos paramilitares/de autodefensa.

60 b) Se acepta. El Gobierno de Colombia ha reiterado sistemáticamente su voluntad de establecer diálogos con los grupos armados ilegales para lograr un proceso de desmovilización, desarme y reintegración. A pesar de las muchas ofertas hechas por el Gobierno, esos grupos se han abstenido de participar en dicho proceso.

60 c) Se acepta. Se aclarará y precisará al Uruguay, por escrito, el concepto de "grupos paramilitares", puesto que Colombia considera que el término no es aplicable a la situación actual. La desmovilización, el desarme y la reintegración de los grupos de autodefensa se llevaron a cabo en un marco temporal distinto al actual.


37 b) Se acepta. El sistema judicial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración están
adoptando actualmente medidas a este respecto.

40 d) Se acepta. Colombia está manteniendo actualmente diálogos con la oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados para empezar a aplicar el mecanismo de supervisión y presentación de informes citado en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este contexto, Colombia reitera lo que ya se comunicó a la oficina del Representante Especial, en el sentido de que cualquier contacto con los grupos armados ilegales exige un consentimiento expreso previo del Gobierno nacional.

45 e) Se acepta, tal y como figura en la observación 40 d).

46 d) Se acepta. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

37 c) No se acepta. El Programa no contraviene el principio de distinción y no convierte a los civiles en objetivos militares. El Programa pretende reforzar las relaciones entre la población civil y las fuerzas estatales y ha permitido al Estado prestar servicios sociales en comunidades rurales donde la única presencia del Estado estaba representada por dichas fuerzas.

51 b) Se acepta. El sistema jurídico y el marco constitucional de Colombia prevén un funcionamiento totalmente independiente de los poderes
ejecutivo y judicial, y se han reforzado (y seguirán reforzándose) las capacidades institucionales para garantizar su eficiencia.

19 a) Se acepta. La recomendación está siendo plenamente aplicada en la actualidad.

19 b) Se acepta. El marco jurídico de Colombia prohíbe la amnistía.

42 b), 27 b) y 30 c) Se aceptan. Las recomendaciones se están aplicando actualmente.
 

45 c) Se acepta. Según los análisis y estudios realizados por las autoridades colombianas con anterioridad al debate de la Ley de justicia y paz, y mientras duró, se reunió información de distintas fuentes en relación con la aplicación de los sistemas de justicia de transición en todo el mundo. Dadas las considerables diferencias entre los distintos casos objeto de estudio, Colombia agradecería que se le diera una definición de las "normas internacionales" mencionadas en esta recomendación.

60 a) No se acepta. Se aclarará y precisará al Uruguay, por escrito, el concepto de "paramilitares", un término no aplicable en la situación actual.

45 b) Se acepta. Se aclarará y precisará al Canadá, por escrito, el concepto de "paramilitares", puesto que Colombia considera que el término no resulta aplicable a la situación actual.


46 b) Se acepta. Se aclarará y precisará a Malasia, por escrito, el concepto de "paramilitares", puesto que Colombia considera que el término no resulta aplicable a la situación actual.

55 b) Se acepta. Se aclarará y precisará a Australia, por escrito, el concepto de "paramilitares", puesto que Colombia considera que el término no resulta aplicable a la situación actual.

19 f) Se acepta. El contenido de esta recomendación figura en los compromisos voluntarios de Colombia (véase el párrafo 67 del informe nacional).

49 d) Se acepta. Figura en los compromisos voluntarios de Colombia (véase el párrafo 67 del informe nacional).

43 a) Se acepta. Esta recomendación se está aplicando plenamente mediante la plena realización de los derechos prevista en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional.

42 a) Se acepta. La recomendación se está aplicando actualmente.

20 a), 21 a), 21 b),
27 c), 30 f), 32 b),
34 a), 35 d), 38 a),
40 a), 45 d), 47 a),
49 a), 54 a), 55 c),
55 d), 57 a) y 60 d)
Se aceptan. Colombia reitera su pleno compromiso de ofrecer garantías y medidas de protección a los defensores de los derechos humanos para que puedan llevar a cabo su labor, y de impulsar la investigación de los delitos cometidos contra ellos y la sanción de sus autores. El Estado colombiano desea entablar una relación constructiva con los defensores, lo que no excluye la posibilidad de debatir de forma franca y abierta las divergencias de opinión.
 

37 a) No se acepta. El marco jurídico y la Constitución de Colombia establecen que todos los ciudadanos tienen obligación de alistarse al servicio militar cuando las circunstancias así lo exijan, para defender la soberanía nacional y las instituciones públicas y para asegurar condiciones de seguridad a todos los ciudadanos. Esta obligación ha sido confirmada en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.


22 a) Se acepta. Esta recomendación está siendo aplicada de forma progresiva. La Argentina será informada por escrito de las medidas adoptadas hasta el momento.

43 b) Se acepta. Esta recomendación está siendo aplicada de forma progresiva. El Brasil será informado por escrito de las medidas adoptadas hasta el momento.

35 a) Se acepta. Se está aplicando cabalmente el sistema de consultas previas. Dinamarca recibirá por escrito información precisa sobre el alcance de esas consultas a la luz de la legislación interna y la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT.


COMPROMISOS VOLUNTARIOS
Colombia asume como compromisos las intenciones expresadas en los párrafos 31, 38, 42, 48, 57, 62, 67, 71, 76, 77, 91, 95, 102, 106 y 114 del informe nacional para el EPU.

A. Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público

31. Colombia seguirá desarrollando esfuerzos para proteger a la población de la acción de estos grupos. Convoca la solidaridad internacional para combatir al narcotráfico que alimenta su existencia y para negar todo espacio al movimiento de logística, dinero y personas comprometidos en estas violaciones. Particular atención se pondrá en el desarrollo de estrategias para prevenir el reclutamiento y los efectos de este accionar en mujeres y niñas.

i) Homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y tortura
38. A pesar de todas las medidas tomadas por el Estado en la lucha contra la comisión de los delitos anteriormente citados, aún existen grandes desafíos comunes:
- Fortalecer los sistemas de información y bases de datos consolidadas e interconectadas sobre estos delitos, para lo cual Colombia considera importante contar con asistencia técnica internacional;
- Propender hacia la judicialización efectiva de todos los victimarios;
- Consolidar una política de atención integral a las víctimas y sus familiares;
- Fortalecer el rol de la Procuraduría en las investigaciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública;
- Consolidar la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fortalecer su capacidad para el seguimiento del delito de desaparición forzada y para elaborar propuestas de política;
- Iniciar en el Congreso el proceso de ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

 

ii) Minas antipersonal
42. Colombia asume, entre otros, los siguientes compromisos en esta materia:
- Mejorar la atención a víctimas;
- Capacitar y graduar cada año a 1.000 agentes educativos comunitarios en la acción contra minas;
- Formar diez nuevos equipos de desminado humanitario de 40 integrantes cada uno;
- Conformar un equipo de atención de emergencia;
- Adecuar la política a los nuevos desafíos;
- Destruir los 26 campos minados restantes antes del 1° de marzo de 2011.


B. Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia
48. Sin embargo, persisten grandes desafíos tales como:
- Mejorar la cobertura en las zonas rurales y lejanas;
- Fortalecer los programas de protección a terceros intervinientes en los procesos penales;
- Implementar el sistema de información y el diseño de una solución de interoperabilidad entre sistemas de información estatales asociados a casos de violación de derechos humanos;
- Fortalecer la capacidad técnica de investigación;
- Fortalecer la confianza en el poder judicial.
 

Procesos en el marco de la Ley de justicia y paz
57. A pesar de los avances alcanzados en la implementación de esta ley, es necesario superar grandes desafíos, tales como:
- Acelerar el proceso de esclarecimiento de la verdad;
- Acelerar el proceso de identificación de los restos encontrados para su entrega a losfamiliares;
- Cuestionar e investigar los delitos cometidos por los desmovilizados contra las mujeres y los niños (especialmente los de violencia sexual y reclutamiento de niños);
- Adelantar el Programa Nacional de reparaciones;
- Fortalecer el Programa de protección para víctimas y testigos de la ley;
- Fortalecer la difusión de los derechos de las víctimas y adoptar medidas mediante las cuales se impulsen las actividades que viene realizando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación;
- Poner en marcha las comisiones regionales de restitución de bienes;
- Terminar el documento de memoria histórica encomendado por la ley a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación.

 


C. Discriminación y poblaciones particularmente vulnerables


i) Poblaciones indígenas y afrocolombianas
62. Sin embargo, existen desafíos como:
- Terminar el proceso de construcción de la política pública de manera conjunta con las
autoridades indígenas;
- Reforzar los procesos de consulta previa de acuerdo con la más reciente jurisprudencia
constitucional;
- Fortalecer los espacios de interlocución creados entre el Gobierno y las autoridades étnicas, así como mejorar la relación a todos los niveles;
- Fortalecer las autoridades indígenas y afrocolombianas;
- Garantizar efectivamente el derecho al territorio de estas poblaciones;
- Combatir la pobreza que afecta a estas poblaciones;
- Definir los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena.

ii) Población en situación de desplazamiento forzado
67. No obstante, se afrontan enormes desafíos:
- Prevenir efectivamente el desplazamiento;
- Concertar los indicadores de goce efectivo de derechos;
- Consolidar los programas de generación de ingresos, restablecimiento y retorno y el
tiempo en que la población desplazada tiene acceso a los mismos;
- Reforzar el enfoque diferencial;
- Aplicar la política de reparaciones a la población desplazada.
 

iii) Mujeres
71. No obstante lo anterior, Colombia reconoce importantes desafíos a la hora de frenar las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Para ello, deberá:
- Fortalecer la investigación oficiosa en delitos de violencia sexual e intrafamiliar;
- Garantizar el pleno acceso a la justicia a las mujeres víctimas de estas violencias;
- Garantizar un entorno seguro a fin de crear un ambiente propicio para el disfrute de sus derechos por parte de la mujer;
- Garantizar los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de los grupos armados al margen de la ley;
- Aplicar la perspectiva de género en las políticas de atención a las víctimas y sensibilizar a los funcionarios al respecto.

iv) Niños y niñas
76. Los desafíos que enfrenta el Estado son:
- Implementar cabalmente las disposiciones del nuevo código en todos sus ámbitos;
- Afianzar el Sistema de Protección Social para garantizar los derechos humanos de los niños;
- Reforzar las políticas públicas de protección integral, social y familiar para prevenir el reclutamiento;
- Lograr la reducción de los índices de trabajo infantil al 5,1% para 2015.

v) Lesbianas, gays, bisexuales y trans
77. En Colombia, el tema de la especial protección para parejas del mismo sexo ha entrado en la agenda pública y ha promovido importantes avances jurisprudenciales. En efecto, la Corte Constitucional ha garantizado en varias ocasiones el derecho a la igualdad de las parejas del
mismo sexo. Así por ejemplo, reconoció que la unión marital de hecho (y los derechos patrimoniales que se derivan de ella), el acceso al plan obligatorio de salud y el acceso a la pensión de sobrevivientes de las parejas del mismo sexo deben garantizarse en los mismos términos señalados para las parejas heterosexuales. Colombia afronta el desafío de seguir avanzando en esta materia.
 

vi) Defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas
91. En relación con las defensoras, los periodistas y los sindicalistas, el Estado colombiano
asume los siguientes compromisos:
- Perfeccionar las garantías para el ejercicio de estas libertades;
- Mantener la interlocución con esta población;
- Desarrollar los compromisos en el caso del Acuerdo Tripartito con la OIT;
- Impulsar las investigaciones de crímenes contra estos sectores;
- Fomentar una cultura que facilite el trabajo de defensoras, periodistas y sindicalistas.


vii) Personas privadas de la libertad
95. No obstante, el Estado reconoce que persisten desafíos en la materia. En consecuencia, se ha comprometido con la expansión de la oferta nacional de cupos carcelarios en 24.331 mediante la construcción de diez complejos penitenciarios. Por otro lado, se están diseñando e
implementando nuevos mecanismos de restricción de la libertad tales como la seguridad electrónica como alternatividad de la pena, o el programa de agricultura urbana, con el cual se busca capacitar a los internos para garantizar su seguridad alimentaria y la de su familia cuando
se encuentre en libertad.

 

D. Derechos económicos, sociales y culturales

i) Pobreza y desigualdad
102. Con estos programas se pretende disminuir el índice de pobreza al 28% y el de indigencia al 8,8% en 2015, tal como establece el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 

ii) Educación
106. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, son múltiples los desafíos que persisten.
De acuerdo con el Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, en 2015 Colombia deberá:
- Lograr la universalización de educación básica;
- Bajar la tasa de analfabetismo a 1% para personas entre 15 y 24 años;
- Alcanzar una tasa de cobertura bruta del 100% para educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) y del 93% para educación media;
- Conseguir en promedio 10,6 años de educación para la población entre 15 y 24 años;
- Disminuir la repetición a 2,3% en educación básica y media.


iii) Salud
114. Son desafíos en materia de salud:

- Cobertura universal en 2010;
- Llegar a 90 puntos de telemedicina para los sitios remotos;
- Unificar el Plan Obligatorio de Salud para los niños de todos los estratos sociales como primer paso para cumplir con la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional que ordena unificar los beneficios para niñas, adultos mayores y ciudadanos en general;
- Reducir la mortalidad materna e infantil de acuerdo a los ODM;
- Aplicar el Plan Nacional de salud pública y el programa de salud sexual y reproductiva;
- Mejorar el estado nutricional de las niñas;
- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves.
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