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2008. CEDR. Ecuador. Examen y Recomendaciones

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CERD/C/ECU/CO/19, 16 de agosto de 2008
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
73º período de sesiones
28 de julio al 15 de agosto de 2008
 
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Ecuador
 
1. El Comité examinó en sus sesiones 1876° y 1877° (CERD/C/1876 y CERD/C/1877), celebradas los días 28 y 29 de julio de 2008, los informes periódicos 17° a 19° de Ecuador refundidos en un solo documento (CERD/C/ECU/19). En su sesión 1896° (CERD/C/SR.1896) celebrada el 12 de agosto de 2008, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
A. Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción el informe periódico presentado por Ecuador y los esfuerzos realizados por el Estado Parte en presentar sus informes puntualmente. El Comité aprecia la oportunidad de reanudar el diálogo con el Estado Parte y expresa su reconocimiento por el diálogo abierto y sincero que mantuvo con la delegación y por la forma extensa y detallada en que se respondió, de forma oral y escrita, tanto a la lista de cuestiones como a las preguntas planteadas oralmente por los miembros. Asimismo, se destaca la composición diversa de la delegación, en particular, la presencia de un miembro de la comunidad afrodescendiente.
 
B. Aspectos positivos
 
3. El Comité nota con beneplácito la adopción por la Asamblea Constituyente de Ecuador en julio de 2008 del proyecto de la nueva Constitución política que será sometida a referéndum en septiembre de 2008 y en particular el reconocimiento de la naturaleza multiétnica y multicultural del país.
 
4. El Comité acoge con satisfacción la institucionalización dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Programa de Desarrollo Rural (PRODER) que tiene como objeto el dar seguimiento al Proyecto de Reducción de Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL) que terminó en 2007 y que atendía a través de siete oficinas regionales a ciudadanos de varias provincias y cantones con población indígena y afroecuatoriana.
 
5. El Comité se felicita por la organización por parte de la Comisión Permanente del Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador de procesos de capacitación en derechos humanos en 22 provincias del país que están dirigidos a la creación de una cultura de tolerancia y no discriminación, a través de la ejecución de los planes operativos del pueblo afroecuatoriano, migrantes, extranjeros y refugiados, entre otros.
 
6. El Comité observa con satisfacción la financiación por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la ejecución de una serie de proyectos en el marco de una estrategia de desarrollo territorial rural y urbano marginal, que tiene entre sus beneficiarios a organizaciones indígenas y afroecuatorianas.
 
7. El Comité se congratula por las acciones llevadas a cabo por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que tienden a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos indígenas y afroecuatorianos que viven en dicho distrito, tales como los Programas de Desarrollo Afroecuatoriano e Indígenas (2001), la Ordenanza para la Inclusión Social con Enfoque Étnico del Pueblo Afroecuatoriano (2007), el Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial (2007) y el Plan
Metropolitano Estratégico de Desarrollo Integral del Pueblo Afroquiteño(2007-2015).
 
C. Motivos de preocupación y recomendaciones
 
8. Teniendo en cuenta que el proyecto de la Constitución política garantiza los derechos específicos de los pueblos indígenas y de las comunidades afroecuatorianas, al Comité le sigue preocupando que un porcentaje elevado de personas pertenecientes a los pueblos indígenas y a comunidades afroecuatorianas sigan sufriendo de facto el racismo y la discriminación racial en el Estado parte.
 
El Comité recomienda al Estado parte a que se comprometa a luchar contra la discriminación racial mediante la elaboración de una política global y nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial. Asimismo el Comité solicita al Estado parte a que incluya en su próximo informe e indicadores sobre el disfrute de los derechos garantizados en el proyecto de la Constitución por los diferentes pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas, desglosados por población urbana o rural, edad y género.
 
9. Si bien el Comité acoge con satisfacción la información contenida en el informe periódico sobre datos estadísticos de la composición étnica del Estado parte, el Comité observa las limitaciones del Censo Nacional de la Población de 2001 y desea recibir información adicional sobre las características y la situación particular de los diferentes grupos étnicos.
 
El Comité recomienda al Estado parte que continúe mejorando la metodología empleada en el censo para que refleje la complejidad étnica de la sociedad ecuatoriana teniendo en cuenta el principio de autoidentificación, de conformidad con su Recomendación general 8 (1990) y con los párrafos 10 a 12 de la directrices aprobadas en su 71º período de sesiones para la presentación de informes específicos del Comité (CERD/C/2007/1). En este sentido, el Comité solicita al Estado parte a que incluya en su próximo informe periódico datos estadísticos desglosados de la composición de la población.
 
10. Si bien el Comité toma nota que el proyecto de la Constitución garantiza el disfrute de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, el Comité expresa preocupación por los obstáculos existentes en la Asamblea Nacional para la adopción de leyes específicas que garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos de los indígenas y afroecuatorianos tales como proyecto de ley de los derechos colectivos del pueblo negro o afroecuatoriano (art. 2)
 
El Comité insta al Estado parte a que continúe sus esfuerzos para la aprobación de legislación específica que garantice plenamente los derechos específicos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. El Comité solicita al Estado parte a que incluya en su próximo informe, información detallada al respecto.
 
11. Si bien el Comité toma nota del Acuerdo ministerial Nº 2467 por el cual se garantiza al pueblo rom el derecho a la libre asociación con fines pacíficos, el Comité siente preocupación ante la falta de reconocimiento jurídico como grupo étnico del pueblo rom en el proyecto de Constitución del Estado parte. (art.2)
 
El Comité recuerda al Estado parte su Recomendación general 27 (2000) relativa a la discriminación de los romaníes y alienta a que el Estado parte adopte y ponga en ejecución estrategias y programas nacionales así como manifieste una voluntad política decidida con el fin de mejorar la situación de los romaníes y su protección contra la discriminación por parte de organismos estatales, así como por parte de toda persona u organización.
 
12. Si bien el Comité acoge con satisfacción que la Constitución vigente reconoce el derecho de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas a administrar justicia conforme a sus culturas y tradiciones, el Comité expresa preocupación porque dicho reconocimiento legal no se haya traducido en la práctica a través de un modelo de administración de justicia que aplique el derecho indígena. (art. 5(a))
 
El Comité recuerda al Estado parte su Recomendación general 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y funcionamiento de la justicia penal (apartado B, párrafo 5e) y exhorta al Estado parte a velar por el respeto y reconocimiento de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos. En este sentido, el Comité alienta al Estado parte a que agilice el proceso de adopción del proyecto de Ley de Compatibilización y de Distribución de competencias en la administración de justicia que tiene como objetivo principal lograr hacer compatibles las funciones del sistema de justicia de los pueblos indígenas con las del sistema judicial nacional.
 
13. Le preocupa al Comité que las mujeres indígenas sigan siendo objeto de una doble discriminación fundada tanto por su origen étnico como por su género y en particular el asesinato de mujeres indígenas.(art. 5(b))
 
El Comité recuerda al Estado parte su Recomendación general 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género y recomienda que tome medidas especiales para la protección de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas. Asimismo, el Comité urge al Estado parte a que tome medidas inmediatas para que ponga fin al asesinato de las mujeres indígenas.
 
14. El Comité expresa su inquietud sobre los presuntos abusos y violencia por parte de las fuerzas armadas contra algunos pueblos indígenas para asegurar los intereses de las empresas petroleras, mineras y madereras que operan en territorios indígenas. (art. 5 (b))
 
El Comité recomienda que el Estado parte investigue las acusaciones de abusos y violencia contra los pueblos indígenas cometidas por algunos miembros de las fuerzas armadas y que sean sancionadas las personas responsables. Asimismo, el Comité exhorta al estado parte a que tome las medidas oportunas para prevenir dichos actos y, a este respecto, le recomienda que refuerce la capacitación en derechos humanos a las fuerzas armadas del Estado inclusive las disposiciones contenidas en la Convención.
 
15. El Comité nota con preocupación la baja participación de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas en la vida política así como la escasa representación de indígenas y afroecuatorianos en el congreso (art.5 (c))
 
El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general 23 (1997), apartado 4 d), recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas y afroecuatorianos, en especial de la mujer en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública.
 
16. Si bien el Comité toma nota de la aprobación de la Ley de consulta y participación como complemento al artículo 84 de la Constitución vigente que exige el consentimiento previo fundamentado, el Comité reitera su preocupación por la explotación de los recursos del subsuelo de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y que en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente. Igualmente expresa su inquietud por los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente que las actividades de extracción que las empresas ocasionan a expensas del ejercicio del derecho a la tierra y los derechos culturales de los pueblos indígenas afectados (art. 5 (d) v))
 
El Comité exhorta al Estado parte a que aplique plenamente en la práctica la Ley de consulta y participación y que a la luz de su Recomendación general 23 párrafo 4 (d) consulte a la población indígena interesada en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de  los proyectos de extracción de recursos naturales. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que garantice que las empresas petroleras lleven a cabo estudios del impacto ambiental sobre las tierras donde planean iniciar una explotación antes de la obtención de la licencia en cumplimiento con el Decreto del Gobierno de 2002.
 
17. El Comité siente preocupación porque, pese a las garantías constitucionales del derecho de la población indígena a poseer bienes en régimen comunal, el Estado parte no proporciona seguridad jurídica a dicha población ni una protección efectiva contra el desalojo forzoso de sus tierras ancestrales (art. 5 (d) (v))
 
El Comité insta al Estado parte a velar por que la población indígena esté efectivamente protegida legalmente contra el desalojo forzoso de sus tierras ancestrales y sea debidamente indemnizada, en caso de que tal desalojo tenga lugar.
 
18. El Comité siente preocupación por el goce restringido de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los indígenas y afroecuatorianos en particular con respecto a la vivienda, la educación, salud y empleo debido principalmente al nivel creciente y persistente de pobreza en el Estado parte (art. 5 (e)).
 
El Comité recomienda que el estado parte tome las medidas necesarias para lograr una protección efectiva contra la discriminación en varias esferas, en particular con respecto al empleo, la vivienda, la salud y la educación. Igualmente solicita al Estado parte a que incluya en su próximo informe información sobre el impacto de los programas destinados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población indígena, así como datos estadísticos sobre los progresos realizados a este respecto.
 
19. Si bien el Comité toma nota de los últimos avances en la lucha contra el analfabetismo entre la población indígena y afroecuatoriana, al Comité le sigue preocupando la alta tasa de analfabetismo de los pueblos indígenas y comunidades  afroecuatorianas (art.5 (e)(v).
 
El Comité alienta al Estado parte a que emprenda acciones a corto y medio plazo para la aplicación efectiva de medidas que disminuyan el analfabetismo entre los indígenas y afroecuatorianos. Asimismo el próximo informe del Estado parte deberá incluir datos precisos sobre el porcentaje de indígenas y afroecuatorianos que tengan acceso a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
 
20. Si bien el Comité toma nota con agrado la introducción de un sistema de educación bilingüe en el Ecuador, gracias al cual se dispensa enseñanza a niños indígenas en español y en sus propios idiomas, al Comité le preocupa la falta de aplicación en la práctica del sistema bilingüe intercultural (art. 5 (e) v)).
 
El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca los mecanismos legislativos que contribuyan a la estabilidad de la institucionalidad indígenas, en particular se recomienda que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, de Salud Intercultural y el Consejo de nacionalidades del Ecuador (CODENPE) sean institucionalizadas mediante ley y que se les asignen los recursos necesarios para que puedan ejercer de manera efectiva sus funciones.
 
21. Si bien el Comité acoge con agrado la facultad de la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DINAPIN) para recibir quejas individuales y colectivas, toma nota que no ha recibido información sobre si los casos tramitados por la DINAPIN han sido resueltos ante los tribunales nacionales (art.6)
 
El Comité recomienda al Estado parte que proporcione información en su próximo informe sobre los resultados de casos resueltos ante los tribunales nacionales que traten sobre la discriminación racial contra los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas y si las víctimas recibieron debido resarcimiento. Asimismo, el Comité recuerda al Estado parte a que difunda ampliamente información acerca de los recursos internos disponibles contra los actos de discriminación racial, las vías legales existentes para obtener reparación en caso de discriminación y sobre el procedimiento de denuncia individual previsto en el artículo 14 de la Convención.
 
22. Le preocupa al Comité la discriminación racial existente hacia los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas en los medios de comunicación, incluyendo representaciones estereotipadas y denigrantes hacia los pueblos indígenas en programas de televisión y en artículos de prensa. (art. 7)
 
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial en los medios de comunicación, tanto en los canales públicos como privados como en la prensa. Adicionalmente, el Comité recomienda al Estado parte que promueva en la esfera de la información, la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales existentes en el Estado parte, incluyendo la adopción de un código de deontología de los medios de comunicación, que comprometa a los medios de comunicación a respetar la identidad y cultura de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas.
 
23. El Comité recomienda al Estado Parte que tenga en cuenta los elementos pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptada en septiembre de 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia (A/CONF.189/12, chap.1) al incorporar en su ordenamiento jurídico interno la Convención, en particular los artículos 2 a 7.
 
Recomienda también que en su próximo informe periódico facilite información sobre planes de acción y otras medidas adoptadas para dar cumplimiento en el ámbito nacional a la Declaración y el Programa de Acción de Durban. El Comité alienta a que el Estado parte participe activamente en el Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión de Durban así como también en la Conferencia de Revisión de Durban en 2009.
 
24. El Comité recomienda que se difundan los informes del Estado Parte tan pronto como se presenten y que se publiquen asimismo las observaciones del Comité al respecto en los idiomas oficiales y nacionales del Estado parte.
 
25. El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de conformidad con las directrices armonizadas sobre la preparación de informes bajo tratados internacionales de derechos humanos, en particular aquellos relativos al documento básico común, tal y como fue adoptado en la quinta reunión inter-comités de los órganos de tratados de derechos humanos que tuvo lugar en junio de 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4)
 
26. El Comité recomienda que el Estado parte consulte ampliamente para la preparación de su próximo informe periódico con las organizaciones de la sociedad civil  que trabajan en el campo de la protección de los derechos humanos, en particular en la lucha contra la discriminación racial.
 
27. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención y al artículo 65 del reglamento enmendado del Comité, el Comité pide al Estado Parte que informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10, 13 y 16 dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las observaciones presentes.
 
28. El Comité recomienda al Estado Parte que presente sus veinte, veintiuno y veintidós informes periódicos en un solo documento antes del 4 de enero de 2012 tomando en consideración las directrices para el informe específico al Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptadas por el Comité durante su 71º período de sesiones (CERD/C/2007/1). El informe debe contener información actualizada y responder a todos los puntos comprendidos en las observaciones finales.