Centro de Políticas Públicas

www.politicaspublicas.net

15.sep 2019
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OIT. Informe ICCIT 2009. Aplicación del Convenio 169 por parte de Perú

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Extractos de las conclusiones:

"La Comisión subrayó la obligación del Gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta y la participación de los pueblos indígenas, que es la piedra clave del Convenio. (...) Esto se quedaría en una cuestión inquietante si los órganos y mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas no tuvieran los recursos humanos y financieros, independencia o una influencia real en los procesos de adopción de decisiones.

(...)Además, la Comisión exhortó al Gobierno a que elimine en la legislación las ambigüedades en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella en virtud del artículo 1, que es también un aspecto esencial que se ha de abordar para conseguir un progreso sostenible en la aplicación del Convenio. (...) La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio."

 


 

Conferencia Internacional del Trabajo
98.a Reunion, Ginebra, 2010

Aplicación del Convenio número 169 por parte de Perú.

Informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y conclusiones  adoptadas por el pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo  junio de 2009

ICCIT: Examen del caso individual relativo al Convenio núm. 169. Publicación: 2009

 

Un representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo dijo, en relación con las observaciones contenidas en el informe de 2008 de la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio núm. 169 y, en primer lugar, sobre el artículo 1, que el Perú había ratificado dicho Convenio, asumiendo la compatibilidad de sus disposiciones con el concepto o categoría jurídica de «comunidad campesina y nativa», que es el término que recoge la Constitución y el ordenamiento jurídico peruano. No obstante, el Congreso de la República ha elaborado un proyecto de ley denominado «Ley marco de pueblos indígenas u originarios del Perú» que comprende a las denominadas comunidades campesinas y nativas, así como a los indígenas en situación de aislamiento, en el que se define el término «pueblos indígenas u originarios» con una transcripción exacta del artículo 1 del Convenio núm. 169.


En lo que atañe a la segunda observación de la Comisión de Expertos, respecto a los artículos 2 y 33 del Convenio, recordó que el Gobierno ha creado una serie de instituciones para administrar los programas que afectan a los pueblos interesados. Indicó que en 2005, mediante ley núm. 28495, se creó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como organismo participativo, con autonomía administrativa y presupuestaria, con el mandato de proponer políticas y programas para el desarrollo de los pueblos indígenas. Por tratarse de una entidad de reciente creación cuyas competencias requieren cierta consolidación, el orador indicó que el Gobierno solicitará a la Oficina Subregional para los Países Andinos de la OIT su concurso técnico para el fortalecimiento institucional de este organismo.

Subrayó que el Perú avanza hacia la descentralización y la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales mediante políticas de concertación, fomento y capacitación de las entidades públicas y privadas a favor de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático peruanos. Prueba de ello es la Ley Orgánica de Municipalidades (ley núm. 27972), de mayo de 2003, que establece los consejos de coordinación, entre cuyos miembros figuran representantes de los pueblos nativos ubicados en las jurisdicciones correspondientes, y que crea mecanismos de vigilancia participativa. Desde esta perspectiva, recalcó también que son varias las leyes que han establecido una acción afirmativa en los pueblos indígenas en materia de derechos políticos regulando, por ejemplo, que al menos el 15 por ciento de los candidatos de las listas electorales a las asambleas municipales y regionales pertenezcan a un pueblo indígena.

A fin de resolver las reivindicaciones de las poblaciones indígenas de la Amazonía y de abrir un espacio de diálogo con sus representantes, temas que son objeto de la tercera observación de la Comisión de Expertos respecto a los artículos 2, 6, 15 y 33 del Convenio, el representante gubernamental declaró que se han derogado diversos decretos legislativos, mencionados expresamente en el informe de la Comisión, y que se ha creado una Comisión Multisectorial, el 20 de abril de 2009, con el fin de tratar los asuntos relativos a las propuestas presentadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Amazónica (AIDESEP) para que se deroguen varios decretos legislativos, una medida que ya se ha adoptado, previa aprobación del Congreso.

Asimismo se han creado consejos de coordinación local y otros procedimientos de consulta encaminados a fomentar la participación ciudadana e incluir a las comunidades campesinas o nativas en procesos que afectan al medioambiente, de acuerdo con los procedimientos de consulta establecidos en el artículo 6 del Convenio núm. 169 de la OIT.

No obstante, pese a la nueva legislación, el orador señaló que es necesario establecer una norma de alcance nacional y multisectorial que garantice el derecho de participación y consulta en todos los ámbitos de gobierno, norma que espera que el Congreso apruebe próximamente. En este sentido, cabe destacar el Plan de Participación Ciudadana, destinado a involucrar de manera organizada a las comunidades en los programas de monitoreo y vigilancia ciudadana de los impactos sociales y ambientales derivados de la ejecución de proyectos que afectan a la explotación de los recursos naturales cuando éstos ponen en riesgo las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. A este respecto, citó los casos del proyecto de Río Blanco, en la región de Piura, o de la exploración del cerro Condohuain para explotar sus yacimientos mineros.

Por último, el representante gubernamental se refirió a los acontecimientos del último fin de semana en la zona de Bagua, en la región de Cajamarca. Aunque los hechos y las responsabilidades aún están siendo investigados, afirmó que, a juicio del Gobierno, las protestas y movilizaciones han sido el resultado de la acción de grupos descontrolados que, tergiversando las reivindicaciones de las comunidades nativas, pretendían interrumpir el bombeo de petróleo y poner en peligro las instalaciones del gasoducto, lo que tendría graves consecuencias para millones de peruanos. No obstante, concluyó diciendo que lamentan los resultados y que el Gobierno mantiene su disposición al diálogo.

Los miembros empleadores agradecieron al Ministro de Trabajo y Promoción del empleo del Perú su presencia en la sesión de la Comisión y la información proporcionada. Señalaron que es el 20.º aniversario de la adopción del Convenio núm. 169, pero sólo es la quinta vez que la aplicación de este Convenio se ha debatido en esta Comisión. Los miembros empleadores hicieron hincapié en la importancia de este debate para el Perú y para los otros 19 países que han ratificado el Convenio, así como para toda la región. Indicaron que se trata del primer examen que tiene lugar en la Comisión sobre la aplicación del Convenio núm. 169 por parte del Perú, aunque la Comisión de Expertos ya ha formulado ocho observaciones desde que, en 1994, el Perú ratificó este Convenio.

La Comisión de Expertos continúa lamentándose porque el Gobierno no ha comunicado la información solicitada. Asimismo, el Gobierno no ha respondido a las comunicaciones de las organizaciones de trabajadores.

Los miembros empleadores tomaron nota de los problemas que ha tenido el Gobierno. Entienden que en mayo de 2009 se declaró el estado de emergencia por 60 días en zonas de la Amazonia y que recientemente se ha producido una confrontación en Bagua. Indicaron que la situación sobre el terreno parece muy delicada, pero hicieron hincapié en que el objetivo de la Comisión es examinar la aplicación del Convenio teniendo como punto de referencia el informe de la Comisión de Expertos.

Reconocieron que existen dificultades prácticas para la aplicación del Convenio en el Perú. Señalaron que el Gobierno se ha visto obligado, entre otras cosas, a establecer mecanismos apropiados y efectivos para realizar consultas con los pueblos indígenas y tribales y conseguir que participen en el examen de las cuestiones de su interés. Añadió que esto constituye una piedra angular del Convenio núm. 169. El Convenio establece que la consulta y la participación de los pueblos indígenas y tribales es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo social.

Sin embargo, el problema consiste en que la Comisión de Expertos considera que, aunque existiera algún grado de participación general en el Perú y se realizasen consultas ad hoc sobre ciertas medidas, esto no sería suficiente para cumplir con los requisitos del Convenio. Los miembros empleadores indicaron que sigue existiendo preocupación y confusión sobre los criterios legislativos en lo que respecta a la cobertura de las poblaciones peruanas por el Convenio, y que si no existen criterios claros a este respecto persistirán las dificultades para aplicar el Convenio.

La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que defina claramente la cobertura, en consulta con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y que garantice dicha cobertura a todos los pueblos a los que se refiere el artículo 1 del Convenio. Sin embargo, los miembros empleadores consideraron que, en virtud de las disposiciones del Convenio, la cobertura está abierta a la interpretación ya que en el instrumento no se definen ni los pueblos «indígenas» ni los pueblos «tribales». A este respecto, instaron al Gobierno a que antes de responder a la Comisión de Expertos examine las definiciones que contiene el thesaurus de la OIT. Asimismo, subrayaron que, si no se resuelven los problemas de cobertura seguirán existiendo problemas de aplicación de los artículos 2 y 33 del Convenio, e indicaron que el Gobierno debería tratar claramente por qué algunos pueblos siguen sin estar cubiertos y proporcionar las razones para ello, a fin de que esta información pueda ser examinada por la Comisión de Expertos.

Asimismo, los miembros empleadores señalaron los problemas de aplicación de los artículos 6 y 17 (consultas y legislación). Hicieron hincapié en el vínculo claro que existe con sus comentarios sobre el artículo 1, ya que la Comisión de Expertos instó al Gobierno a adoptar medidas, con la participación de los pueblos indígenas, para establecer mecanismos apropiados de consulta y de participación y a que realizase consultas con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas.

En relación con los problemas de aplicación de los artículos 2, 6, 7, 15 y 33, la Comisión de Expertos se refirió a las numerosas y graves situaciones de conflicto. El Gobierno no ha respondido a estos comentarios.

Los miembros empleadores dijeron que no se encuentran en posición de examinar la información legislativa trasmitida por el Gobierno a la Comisión, pero instaron al Gobierno a que cada año proporcione información a la Comisión de Expertos. Plantearon un plan de acción para abordar los problemas de aplicación del Convenio que haga referencia clara a lo que está ocurriendo en el terreno y determine las situaciones de urgencia relacionadas con la explotación de los recursos naturales, en las que pueden estar en peligro las personas, las instituciones, las propiedades, los trabajos, las culturas y los entornos medioambientales de los pueblos concernidos. Los miembros empleadores opinaron que se trata de un caso grave de incumplimiento de la obligación de envío de memorias y que el Convenio no se aplica en su totalidad. Señalaron que el Gobierno debería adoptar con carácter inmediato medidas positivas a fin de proporcionar a la Comisión de Expertos la información que ha solicitado para poder realizar una evaluación adecuada de las cuestiones.

Los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno ratificó el Convenio núm. 169 en 1994. La aplicación de este Convenio fue objeto de comentarios de la Comisión de Expertos en 2006 y 2008, pero ésta es la primera vez que este país comparece ante la Comisión de la Conferencia para tratar los problemas relacionados con la aplicación de este Convenio.

Comentaron el contexto particular en el que tiene lugar esta discusión. Tras el violento conflicto que estalló en la región de Bagua, al norte del país, relacionado con la represión de una acción llevada a cabo desde hacía varios días por más de 30.000 indígenas y que, el 5 de junio de 2009, se cobró 33 vidas humanas, en muchos países se realizaron marchas de solidaridad con los pueblos autóctonos del Perú y para apoyar a los movimientos indígenas. Además, esta represión ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas y Tribales, que ha pedido al Gobierno que en el futuro evite todas las formas de violencia, y adopte y aplique medidas para proteger los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y tribales. Los miembros trabajadores recordaron que, en 2008, la Comisión de Expertos señaló diversas situaciones y conflictos graves, que pueden atribuirse a una intensificación de la explotación de los recursos naturales en las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas.

Señalaron los problemas legislativos que plantea este caso. Al igual que los demás países andinos, el Perú tiene una población en la que las comunidades indígenas siguen siendo importantes, pero se las mantiene apartadas del poder y no se las consulta cuando se abordan los derechos que les conciernen. Además, aunque en su Constitución el Perú haya reconocido formalmente el carácter multiétnico y multicultural del país, existe una verdadera disparidad entre la labor parlamentaria y la del poder ejecutivo. Cuatro decretos, entre los que se encuentra el decreto legislativo núm. 1090, derogan las leyes que prevén restricciones de orden social a la obtención de materias primas, lo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recordar la función que debería desempeñar el poder judicial en la solución y la reparación de los daños causados a los pueblos indígenas y tribales. El decreto legislativo núm.1090, de 28 de junio de 2008, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, modifica la Ley Forestal de 2000 a fin de adaptarla al Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Recientemente, este decreto ha sido suspendido durante 90 días por el Congreso del Perú. Por consiguiente, las conclusiones de la Comisión de la Conferencia podrían ser de importancia capital.

Posteriormente, los miembros trabajadores examinaron el análisis detallado de la situación de los pueblos indígenas del Perú que se realiza en el informe de la Comisión de Expertos. Una de las grandes dificultades planteadas, que es fuente de incertidumbre jurídica y de abusos, es la cuestión de la definición por la legislación peruana de los pueblos a los que se debería aplicar el Convenio. El concepto jurídico de «pueblos indígenas» no está definido en la Constitución y se utilizan varios términos para referirse a estos pueblos, creándose así una ambigüedad perjudicial. La Comisión de Expertos ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno que, en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, establezca un criterio unificado de pertenencia a los pueblos susceptibles de estar cubiertos por el Convenio, y no ha obtenido resultado alguno.

En el marco de la aplicación conjunta de los artículos 2 y 33 del Convenio, el Gobierno debe establecer instituciones y otros mecanismos dotados de los medios necesarios para cumplir sus funciones en la administración de los programas destinados a los pueblos interesados. Los miembros trabajadores declararon que la creación en 2005 del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) como organismo participativo, con autonomía administrativa y presupuestaria, no parece proporcionar las garantías previstas. La diversidad de representación existente en su seno facilita que se impongan las decisiones del Estado y la entidad no tiene poderes reales. Por consiguiente, apoyaron la solicitud que la Comisión de Expertos realizó al Gobierno de que se dote, con la participación de los pueblos indígenas, de instituciones realmente eficaces.

Para finalizar, los miembros trabajadores lamentaron que el Gobierno realice escasos esfuerzos para aplicar el Convenio y resolver, a través de consultas con los pueblos interesados, las numerosas situaciones de conflicto grave, que se pueden atribuir a la intensificación de la explotación de los recursos naturales en las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas.

El representante gubernamental de Colombia inició su intervención agradeciendo al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú la información proporcionada. Dijo que el Gobierno de Colombia reconoce la voluntad de diálogo del Gobierno, y alienta a los actores sociales a fortalecer los espacios de diálogo y a hacer uso de ellos como herramienta eficaz para lograr un mayor entendimiento y alcanzar acuerdos. Por último, invitó a la OIT a considerar favorablemente la solicitud de asistencia técnica presentada por el Gobierno del Perú.

La miembro trabajadora del Perú indicó que el desconocimiento del Convenio núm. 169 por parte del Gobierno del Perú había producido graves consecuencias para los pueblos indígenas de su país. Los hechos actuales dejan un desolador panorama de violencia. El viernes 5 de junio, la policía inició una acción violenta contra la protesta que desde hacía dos meses llevaban a cabo las comunidades ubicadas en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas. Las protestas de las comunidades indígenas están dirigidas a exigir la derogación de los decretos legislativos dictados por el Gobierno, sin consulta previa, que despojan a las comunidades de sus derechos legítimos sobre el agua y el territorio, normas que violan flagrantemente el Convenio núm. 169 de la OIT ratificado por el Perú. La intervención armada para solucionar la huelga indígena, dejó como resultado la matanza de por lo menos 30 indígenas y 23 miembros de la policía.

La Amazonia tiene concesionadas 49 millones de hectáreas de 55 millones, es decir, que el 72 por ciento de su territorio ha sido entregado por el actual Gobierno para la exploración y explotación de hidrocarburos, a diferencia del Brasil, que sólo tiene concesionado el 13 por ciento o del Ecuador, que tiene el 11 por ciento. En la práctica, no se ha tenido en cuenta la firme convicción de las poblaciones indígenas peruanas, que señalan la necesidad de un desarrollo integral. La deforestación de inmensas extensiones de bosques primarios, la contaminación de los ríos con plomo y otros metales pesados, producto de la actividad minera y de la extracción de petróleo de manera irresponsable, son consecuencias que no afectan sólo al Perú, sino que van en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad. Por ejemplo, sólo entre 2006 y 2009 se produjeron 48 derrames de petróleo entre los lotes 8 y 1AB de Pluspetrol, contaminando los ríos Tigres y Corrientes y sus afluentes, y perjudicando a 34 comunidades indígenas. Según los informes del Ministerio de Salud, el 98 por ciento de las niñas y de los niños de esas comunidades sobrepasan los límites de metales tóxicos en sangre. Mientras hoy en la OIT el Gobierno es llamado a explicar su incumplimiento del Convenio núm. 169, en el Perú tiene lugar una jornada nacional de lucha para protestar por los sucesos ocurridos y para exigir al Gobierno que garantice todos los derechos de las comunidades indígenas.

Se formó un Frente de Solidaridad compuesto por organizaciones indígenas, sindicales y populares, para exigir el respeto de las 1.400 comunidades indígenas de la Amazonia peruana y de sus 65 grupos étnicos. La Comisión de Expertos ha formulado ocho veces comentarios sobre el Convenio núm. 169, en los que ha exhortado al Gobierno a adecuar la legislación y la práctica a las obligaciones derivadas de este Convenio. La CGTP, organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos presentaron un informe alternativo en 2008. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido con ninguna de esas observaciones. La violación del derecho a la consulta previa ha merecido que los expertos, en su último informe, mostraran su preocupación. Diez años después de la emisión de diversos informes de la OIT sobre la consulta previa en las medidas que afectan a los pueblos indígenas, se siguen presentando quejas relativas al incumplimiento de ese requerimiento. El Convenio núm. 169 contiene una serie de derechos que en su conjunto garantizan la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas. Uno de estos derechos, es la consulta previa sobre las decisiones que los afectan. Se trata de un derecho fundamental de la mayor relevancia histórica y política. Desde su reconocimiento, los Gobiernos están obligados a respetar la facultad de los pueblos indígenas de determinar su forma y su ritmo de desarrollo cultural, político, social y económico.

La crisis social y política que se vive en el país en estos momentos es de la mayor preocupación. El día anterior, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha hecho un llamamiento a las autoridades del Estado para que adopten todas las medidas adicionales necesarias para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas. El Gobierno, en sus intervenciones públicas, ridiculiza la lucha indígena, su defensa del territorio y la explotación sostenible de los recursos, desconociendo la discusión mundial sobre las medidas encaminadas a hacer del planeta un lugar posible para las futuras generaciones. Todos los países, en el marco de las Naciones Unidas, consideraron que éste es un tema fundamental. Entre las medidas más importantes tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, está la designación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Además, se estableció el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Posteriormente, se aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo el Perú uno de los países que apoyó activamente la aprobación de este instrumento.

A pesar de los discursos del Gobierno en el ámbito internacional sobre la adopción y el apoyo a estos mecanismos, sus políticas defienden y promueven el enriquecimiento de unos pocos a costa de los derechos de los pobladores ancestrales y desarrollan sus actividades sin precaver las consecuencias lesivas que producen en el medio ambiente. Las trabajadoras y los trabajadores peruanos exigen al Gobierno que mantenga un diálogo social real y con soluciones para superar esta profunda crisis. Rechazan las acusaciones que el Presidente ha lanzado contra los indígenas, sindicalistas y líderes populares, señalándoles como terroristas que se oponen al progreso del país. Están convencidos de que el postulado fundamental de la Constitución de la OIT, al que se comprometió también el Estado peruano, es una necesidad inaplazable; la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.

La oradora, atendiendo a la particular gravedad actual de la situación de los indígenas, solicitó que se enviara, lo antes posible, una Misión de Alto Nivel que evaluara la grave situación de incumplimiento del Convenio núm. 169 y que instara al Gobierno a proteger la vida de los miembros de las comunidades indígenas; garantizar el ejercicio integral de los derechos de los pueblos indígenas; derogar los controvertidos decretos legislativos; levantar el estado de emergencia y el toque de queda en la selva amazónica; y aplicar medidas urgentes para salvaguardar las instituciones, personas, bienes, cultura, trabajo y medio ambiente de los pueblos indígenas. Por último, consideró necesario que se reforzara en sus capacidades a la Oficina de la OIT en Lima, a efectos de atender las necesidades de seguimiento y acompañamiento técnico de los interlocutores sociales, para la aplicación del Convenio núm. 169.

Un observador, en representación de la Federación Sindical Mundial (FSM), valoró altamente la preocupación de la Comisión de Expertos respecto del incumplimiento del Convenio núm. 169 por parte del Gobierno e indicó que había hecho un seguimiento con gran calidad profesional. Los problemas de las poblaciones indígenas no son nuevos para los peruanos. En base a la información comunicada por la presidenta de la CGTP, el orador declaró que podía concluirse que el Gobierno, había contravenido sistemáticamente el Convenio núm. 169. Se trata de un crimen de lesa humanidad contra las poblaciones indígenas de la Amazonia, en el norte del Perú, que, manifestó, debería situarse en el marco político correspondiente, puesto que no es algo circunstancial, sino que obedece a las políticas neoliberales que el actual Gobierno sigue aplicando, a pesar de que los resultados han sido catastróficos en el Perú y en otros países de la región latinoamericana. Uno de los objetivos de estas políticas, además del aniquilamiento de los movimientos sindicales, fueron las privatizaciones de las empresas estratégicas y los recursos naturales para ser entregados a las empresas transnacionales. En el país, más del 90 por ciento de las empresas públicas fueron subastadas entre 1990 y 2000. La Amazonia es uno de los pulmones del planeta, pero tales empresas, lejos de protegerla, la contaminan y explotan sus riquezas a gran escala: el petróleo, la madera y la biodiversidad. Para ello, se requieren gobiernos cómplices. El Convenio núm. 169 es la tabla de salvación para impedir tal atropello y abuso contra las poblaciones indígenas de la Amazonia, y al mismo tiempo defender el medio ambiente y la vida de dichas poblaciones, puesto que la voracidad de las transnacionales y la complicidad de los gobiernos neoliberales, no tienen límites.

El orador declaró que el Gobierno no tenía intenciones de dar cumplimiento al Convenio núm. 169, pese a las reiteradas llamadas de atención de la Comisión de Expertos. Utilizó las «facultades delegadas» por simple mayoría del Parlamento, encabezada por el partido del Gobierno y sus aliados. Este instrumento fue utilizado para dictar un paquete de decretos legislativos, entre los que se encontraba lo relacionado con la venta de territorios de la Amazonia, pero en ellos viven poblaciones indígenas, que respondieron con denuncias ante los organismos nacionales e internacionales. La CGTP se constituyó en plataforma de lucha. Tales decretos legislativos son inconstitucionales y representan una vulneración del Convenio núm. 169, puesto que no se realizaron consultas con las poblaciones amazónicas afectadas, por lo cual éstas exigieron la inmediata derogación de esos decretos. Esto hubiera permitido iniciar el diálogo en el marco de la consulta dispuesta por el Convenio, pero el Gobierno se negó a la derogación, haciendo gala de su autoritarismo. Ante esta actitud de intransigencia, los pueblos indígenas afectados iniciaron movilizaciones de protesta y, al no ser escuchados, declararon una huelga general en la región de Bagua-Jaen. Tras cincuenta y cinco días, el Gobierno, en lugar de derogar esos decretos, recurrió a la violencia armada con acciones a cargo de fuerzas represivas fuertemente armadas, con el empleo de helicópteros desde los que ametrallaron a las poblaciones, produciéndose la matanza que hoy conmociona al pueblo peruano y a la comunidad internacional. Los responsables son el Poder Ejecutivo y el Parlamento, los que, de haber tenido voluntad política, hubieran podido solucionarlo y evitar la muerte de decenas de pobladores indígenas y de policías. Estas matanzas no son las primeras del actual gobierno, puesto que en su primer mandato, de 1985 a 1990, también se produjo una matanza de centenares de presos políticos y de asesinatos de campesinos. Al respecto, recomendó la lectura del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lamentó que en su segundo gobierno repitiera los mismos métodos, al extremo que en la actualidad criminaliza las protestas sindicales y sociales, con unas fuerzas represivas que pueden utilizar armas de fuego contra los manifestantes. En tres años del actual gobierno, se produjeron más de 27 fallecimientos de obreros y campesinos por acciones de las fuerzas represivas. Solicitó a la OIT que enviara una Misión de Alto Nivel al Perú para ayudar a hacer viables: el inmediato cese de la represión a las poblaciones indígenas; la derogación de los decretos legislativos cuestionados; el inicio de un diálogo con los pueblos afectados en el marco de la consulta contenida en el Convenio; el cese inmediato del estado de emergencia y de la suspensión de las garantías constitucionales decretadas por el Gobierno; y que los máximos responsables de las matanzas sean juzgados y castigados. Para los crímenes de lesa humanidad, no puede haber ni olvido ni perdón.

Tras la petición de dos mociones de orden, el Presidente de la Comisión recordó que, en aras del interés de los debates, tenían que respetarse las reglas del decoro parlamentario que rige en la Comisión desde 1926. Instó a los mandantes a ceñirse a la observación de la Comisión de Expertos que había sido objeto de la discusión.

El miembro empleador del Perú declaró que las cuestiones puntuales referidas a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en relación con el Convenio núm. 169, ratificado mediante la Resolución Legislativa núm. 26.253, de 2 de febrero de 1994, habían sido materia del comentario formulado por los miembros empleadores, pero, al haberse traído a colación temas recientes a los que no se refiere la respectiva nota a pie de página, es pertinente expresar lo siguiente: el Estado de Derecho de un país tiene dos pilares indispensables. El primero es el «imperio de la ley». Nadie puede estar por encima de la ley y la legalidad. El segundo es la «división de poderes». Cada poder del estado tiene sus propias facultades, funciones y competencias. Las normas de la OIT forman parte del derecho peruano, según el artículo 55 de la Constitución Política del Estado y, como tal, deben ser observadas. El hecho de que, por razones de urgencia, no se hubiera podido observar o cumplir un determinado precepto, de ninguna manera puede justificar actos de naturaleza delictiva, puesto que para ello existen los canales respectivos para su adecuación, en caso de presentarse dicha contingencia.

El decreto legislativo núm. 1090, que unifica los procedimientos aplicables a las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria, había sido expedido como consecuencia de la «facultad delegada» en el Poder Ejecutivo por el Congreso, mediante la Ley núm. 29157, para legislar sobre diversas materias relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Como dicha norma había sido cuestionada, mediante el decreto supremo núm. 031-2009 PCM, de 20 de mayo de 2009, se creó una Comisión Multisectorial para abordar la problemática de los pueblos amazónicos con carácter permanente. Se acordó analizar punto por punto el contenido de ese decreto legislativo. A pesar de lo acordado, más adelante su dirigencia cambió su posición de revisar dicha norma para solicitar su inmediata derogación, dando origen a actos de violento enfrentamiento y apartándose, así, de los cauces legales que prevé el ordenamiento, habida cuenta de que la ley sólo se deroga o modifica con otra ley.

En su carácter de representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Cámara de Comercio de Lima, el orador dio lectura al pronunciamiento de los empresarios peruanos en el que se condenan enérgicamente los hechos de violencia ocurridos los últimos días y se transmiten las condolencias a los deudos de los policías y de la población civil. Se respaldó al Gobierno en las medidas adoptadas para el restablecimiento del principio de autoridad y de seguridad ciudadana, con estricto respeto a los derechos humanos y en especial, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que actúan en pleno ejercicio de las facultades que les otorga la Constitución.

Se solicitó a la ciudadanía que no se dejara manipular por grupos que buscan crear el caos y se instó a mantener la calma, a deponer los actos de violencia y a respetar la democracia, las instituciones y las leyes. Se hizo un llamamiento a las autoridades regionales y locales, así como a los empresarios de todas las regiones del país, para que, trabajando conjuntamente, se encuentren los mecanismos de concertación y de diálogo que mejor respondan a las aspiraciones de la ciudadanía.

Por último, se reiteró el compromiso de los empresarios con el desarrollo sostenible del Perú. Se seguirá trabajando por una agenda nacional que, dejando de lado intereses particulares y de corto plazo, construya un país próspero, con identidad y paz social.

La miembro gubernamental de Dinamarca, que hizo uso de la palabra también en nombre de Noruega, recordó que el Perú ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT y suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se pide el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, así como de los derechos relativos a sus tierras, territorios y recursos tradicionales, y su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Con respecto a los hechos violentos ocurridos en Bagua a partir del 5 de junio de 2009, la oradora expresó su profunda preocupación y su apoyo a las declaraciones formuladas el 5 de junio de 2009 por el Presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y el 10 de junio de 2009, por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. La oradora destacó la importancia de que todas las partes se abstuvieran del recurso a la violencia y transmitió su más sinceras condolencias a todas las víctimas y a sus familias.

A tenor de la información recibida, la movilización de los pueblos indígenas de la región del Amazonas se produjo como respuesta a un conjunto de decretos legislativos que facilitaban las concesiones de explotación a empresas de extracción en esa zona. Esos decretos se promulgaron sin las necesarias consultas y en violación del derecho de los pueblos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado. En vista de la gravedad de las circunstancias, la oradora hizo un llamamiento al Gobierno del Perú para que, mediante mecanismos adecuados, entablara un diálogo amplio con las organizaciones de los pueblos indígenas, de conformidad con los artículos 2, 6, 15, 17 y 33 del Convenio núm. 169 y con la Declaración de las Naciones Unidas, y que, con la participación del Ombudsman y de los organismos internacionales, realizara una investigación independiente e imparcial de los incidentes ocurridos en Bagua.

Una observadora, representante de la Internacional de Servicios Públicos, declaró que, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio que suscribió Perú con el Gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de la República, en diciembre del 2007, había delegado al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y las medidas para mejorar la competitividad de la economía. El Gobierno peruano viene legislando a través de decretos legislativos y supremos que no sólo vulneran la Constitución Política del Estado sino principalmente el Convenio núm. 169 de la OIT. En julio de 2007 el Gobierno adoptó decretos supremos que han criminalizado los movimientos pacíficos, la libertad de expresión, la libre asociación, los derechos humanos básicos. A la vez otorgó una licencia a la policía nacional y a las fuerzas armadas para disparar y matar en el supuesto de estar cumpliendo sus deberes de mantener el orden. Es preciso señalar que estos decretos supremos no fueron autorizados por el Congreso de la República y que, en aplicación de los mismos, 13 dirigentes están siendo procesados por terrorismo internacional. En junio de 2008, el Gobierno peruano adoptó 103 decretos legislativos. Dos de estas normas autoritarias modifican el actual régimen jurídico de los procesos judiciales, vulnerándose fundamentalmente principios básicos de la administración de justicia como la legalidad y el derecho de defensa; pero lo más grave y que llevó a la convulsión social y a la matanza de indígenas es la vulneración del Convenio núm. 169 de la OIT, pues se ha transgredido el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho que deben perdurar y reproducir su cultura dentro de sus respectivos territorios, sin exclusiones, discriminación ni imposiciones; se ha desconocido el derecho de los pueblos indígenas a vivir libremente en sus tierras y territorios, manteniendo la propiedad colectiva de estos territorios para sus generaciones y gozando de protecciones especiales para que no se degraden ni se pierdan sus espacios de vida y para que puedan aprovechar sus recursos.

La oradora puso de relieve la vulneración del derecho de consulta y participación en la adopción de la ley y la eliminación de la participación indígena en el Consejo Directivo del INDEPA, que ahora es una institución sólo estatal y no de concertación con los indígenas, como se estableció en su ley de creación. Señalo igualmente que el transfondo de estas normas autoritarias es la privatización de los bosques de producción y que éstos se encuentran ubicados en territorios tanto de indígenas como de las comunidades andinas y campesinas.

La oradora indicó que el Gobierno peruano había argumentado que dichas normas están destinadas a mejorar aspectos relacionados con la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y que tal argumento fue rebatido por la portavoz de la Agencia de Investigaciones Ambientales, Sra. Andrea Jonson, al manifestar su preocupación, tanto por el contenido como por el proceso que permitió aprobar la nueva ley. La falta de consulta con los pueblos indígenas y la falta de transparencia demostrada por el Gobierno peruano, es inaceptable en un país que se considera democrático, y quien pone en peligro el TLC es el propio Gobierno peruano y no los indígenas ni los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.

La oradora dio seguidamente una serie de datos relativos a las comunidades indígenas. De acuerdo al último censo de comunidades indígenas y amazónicas, existen 1786 comunidades indígenas, de las cuales 1183 cuentan con títulos de propiedad y 603 están inscritas en registros públicos; 65 etnias, de las cuales 45 están asentadas en la selva peruana; y más de 300 lenguas. El 60 por ciento del territorio es amazónico, existen 13 lenguas o dialectos y 14 pueblos o segmentos de pueblos aislados concentrados en la franja fronteriza con el Brasil, siendo 66 millones las hectáreas de bosque tropical. Las instancias internacionales competentes consagran el vínculo especial que los pueblos indígenas mantienen entre su territorio, su cultura y su vida. Estas comunidades indígenas ocupan sus territorios desde antes de que se formara el Estado peruano como tal y, no obstante ello, la política actual del gobierno tiende a desconocer a los pueblos indígenas, los cuestiona de manera reiterativa y pública, cuestiona la validez de los territorios comunales y promueve que se facilite la venta de dichas tierras, señalando que la única alternativa de desarrollo es que esas tierras sean gestionadas por grandes capitales. Tal es así, que más del 70 por ciento de la Amazonia está cubierta por lotes de explotación de hidrocarburos y las concesiones mineras se concentran en el área andina del país, precisamente en regiones donde existe el mayor número de comunidades campesinas.

La oradora pasó luego a exponer una cronología de atentados contra campesinos, indígenas y ambientalistas. Se refirió al enfrentamiento de indígenas y militares en el que murieron dos comuneros en septiembre de 2007. Indicó que, en una consulta popular llevada a cabo en los distritos de Ayabaca y Huancab, el 90 por ciento de los 31.000 votantes rechazaron el proyecto minero Rio Blanco que la empresa China Majaz quería poner en ejecución y que, a pesar de la libre determinación de los pueblos prevista en el Convenio núm. 169 de la OIT, el Gobierno peruano ha querido imponer el proyecto y, para lograrlo, acusó de terroristas a 28 peruanos, entre ellos, autoridades municipales, ambientalistas y ONG.

En marzo de 2008, cuando el 97 por ciento de los votantes rechazó, también en una consulta popular realizada en la región de Loreto Iquitos, la política privatizadora del Gobierno, fueron atacados por las fuerzas del orden, falleciendo dos indígenas. Cincuenta y dos indígenas se encuentran hasta hoy privados de su libertad. Los más jóvenes fueron torturados física y mentalmente, colgándolos de los árboles a modo de ahorcamiento, como ejemplo de coerción para otros indígenas.

La oradora considera, sin embargo, que lo más grave es la presencia del grupo paramilitar Comando Canela, que se infiltra en movimientos pacíficos y promueve la violencia. Dicho grupo estaría integrado por un número significativo de policías asignados al servicio de inteligencia, según resolución directoral núm. 2718-2008. Por su acción durante el paro agrario en Barranca y Ayacucho, el 18 y 19 de febrero de 2008, resultaron muertos tres campesinos.

Por último, la oradora solicitó la presencia de una Comisión de Alto Nivel de la OIT en el Perú, considerando que este caso tiene el carácter de humanitario, pues los indígenas heridos y sin defensa están siendo trasladados a los cuarteles del ejército para procesarlos penalmente bajo la acusación de terrorismo, sin que puedan asegurar su adecuada defensa por el costo que ésta implica. Se refirió igualmente a las condiciones de vulnerabilidad de los indígenas y a la extrema violencia ejercida por el Gobierno.

La miembro trabajadora del Reino Unido expresó su preocupación por los acontecimientos que habían tenido lugar la semana pasada en Bagua. Este suceso aconteció después de dos meses de protestas pacíficas por parte de los pueblos indígenas y opositores a la legislación aprobada por el Gobierno, que infringe el Convenio núm. 169, en el cual se estipula que deben realizarse consultas efectivas con los pueblos indígenas. El Convenio núm. 169 tiene en cuenta el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a vivir sin ser objeto de exclusión o de discriminación, a habitar libremente sus tierras y territorios, y a salvaguardar la propiedad colectiva para futuras generaciones. Prevé protección especial para evitar la pérdida de su sustento y garantiza el beneficio del uso de los recursos. No obstante, el Perú adoptó el año anterior legislaciones destinadas a permitir vender más fácilmente el territorio comunal. Esto no sólo constituye una violación de los derechos constitucionales de participación y de consulta de las comunidades rurales y nativas, sino también un incumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución del Perú.

Durante décadas, se han explotado exhaustivamente los recursos naturales sin la participación ni la consulta de los pueblos que ocupan estas tierras; las políticas relativas a la minería y al petróleo del Perú no ofrecen garantías de participación para los pueblos indígenas del país. Se han explotado millones de hectáreas de depósitos de gas y yacimientos de petróleo y se han destinado millones de hectáreas de selva virgen a la reforestación, todo ello sin consultar con los pueblos cuyos derechos están garantizados por el Convenio núm. 169. Asimismo, se han realizado estas actividades sin hacer referencia al derecho de recibir una indemnización adecuada por los daños a los territorios, mientras los beneficios de esta explotación redundan en beneficio de las instituciones estatales y empresas interesadas. En lugar de fomentar un programa agrario nacional que garantice una superficie de tierra suficientemente grande a las comunidades indígenas, y proteja la pluralidad cultural y étnica de la nación peruana, como se estipula en el Convenio núm. 169, el Gobierno ha promocionado la disolución de las comunidades y el desarrollo y provecho de productores particulares.

En cuanto al informe de la Comisión de Expertos, la oradora indicó que la Constitución del Perú es contradictoria y vaga, ya que no expresa de forma explícita qué pueblos pueden invocar las garantías del Convenio. En lugar de la expresión «pueblo indígena», en la Constitución del Perú, se emplean los términos «comunidad nativa» y «comunidad rural», vestigios de la época colonial y que inducen a confusión en cuanto al ámbito de la protección jurídica existente.

No es ninguna sorpresa que el Perú no responda a la Comisión de Expertos ni haga que su legislación refleje las solicitudes de la misma; las críticas previas respecto de las prácticas laborales tampoco se han visto atendidas, y la omisión a la hora de resolver el incumplimiento del Convenio núm. 169 sigue el mismo camino. La política actual del Gobierno consiste en negar la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos. El Presidente García ha cuestionado públicamente la validez de las tierras comunales y declarado que la única forma de garantizar el desarrollo es cedérselas a grandes empresas y multinacionales. Asimismo, deniega las solicitudes de organizaciones indígenas y ecologistas, alegando que su única motivación es el anticapitalismo o una ideología proteccionista y que se oponen al desarrollo en el Perú. El Presidente se opone al reconocimiento de las poblaciones indígenas aisladas, y ha declarado que estos grupos son una mera invención, a pesar de que varias instituciones y organizaciones los han reconocido, como el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.

Más del 70 por ciento de la Amazonia peruana está ahora expuesta a la explotación privada, por parte de enormes compañías petrolíferas y de gas, como la anglo francesa Perenco, la norteamericana Conco Phillips y Talisman Energy, que han invertido miles de millones de dólares de los Estados Unidos en la extracción de recursos naturales en esta región. Durante décadas, los pueblos indígenas han sido testigos de cómo estas empresas devastaban la selva que constituía su hogar, al igual que un tesoro vital para la humanidad. Esta Comisión tiene el deber de responder con una determinación firme y clara a este incumplimiento flagrante del Convenio núm. 169 y el consiguiente sufrimiento de estos pueblos, que han tratado de defender sus derechos oponiéndose a la terrible y aterradora destrucción de sus tierras.

Un miembro empleador de Colombia manifestó que la OIT sólo debe referirse a los asuntos propios que le conciernen, esto es, el mundo del trabajo. Los asuntos más generales relacionados con los pueblos indígenas y tribales, son competencia de otros organismos de derechos humanos y de diversos pactos internacionales, y como tales han de abordarse en los escenarios que correspondan, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos. Sólo entre los artículos 20 y 25 del Convenio están contenidos los aspectos laborales. Mencionó un proyecto de ley con miras a reglamentar el tema de los pueblos indígenas del país y otros temas en los foros pertinentes, con el apoyo de las poblaciones afectadas. Dicho proyecto de ley debe promulgarse rápidamente. También se refirió al INDEPA, en el sentido de que cuenta con grandes participantes indígenas, pero que está en proceso de evolución. La Oficina Regional de la OIT había ofrecido su asistencia técnica. Se crearon mesas de diálogo en la selva amazónica y existe participación y consulta en el ámbito local con los sectores de los hidrocarburos para la exploración y la explotación en las tierras indígenas; también en los sectores de la energía y del medio ambiente.

Solicitó que no figuraran en el informe de la Comisión de Expertos los nombres de las empresas de que se tratara. Al tiempo que manifestó su pesar por los hechos de violencia acaecidos últimamente, se hizo eco de la disposición que tiene el Gobierno del Perú hacia el diálogo. Por último, destacó el artículo 34 del Convenio en cuanto a su naturaleza y alcance. En él, está contenido el elemento de flexibilidad, con arreglo a la situación de cada país. También expresó su deseo de que se aplicaran sanciones a los responsables de los recientes acontecimientos.

El miembro gubernamental del Uruguay, que hizo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), destacó lo señalado por el Ministro de Trabajo del Perú en relación con los avances que se han registrado para asegurar la aplicación del Convenio núm. 169 y que se han traducido en el establecimiento de mecanismos regionales y locales de diálogo con los pueblos indígenas, en la creación del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, así como en mecanismos de diálogo contenidos en las normas que regulan las actividades extractivas. El orador resaltó también lo manifestado por el Ministro de Trabajo del Perú respecto de la indeclinable voluntad política del Gobierno de ese país de continuar dialogando con los pueblos indígenas para lograr consensos en los temas que afectan a sus intereses. Valoró el reconocimiento que tiene el Perú de los desafíos que ha de afrontar para lograr la plena aplicación del Convenio y solicitó a la Oficina que, de acuerdo con las solicitudes del Gobierno, le brindara la asistencia técnica necesaria. Tomó nota de que varios países de la región habían sido llamados a comparecer ante esta Comisión, aun cuando son países que colaboran con los mecanismos de control y hacen esfuerzos, en el ámbito nacional, para el logro de la plena aplicación de los derechos laborales. Manifestó su preocupación por el hecho de que esta situación se siga prolongando ininterrumpidamente en desmedro del examen, por parte de esta Comisión, de situaciones graves en distintas partes del mundo. Por último, solicitó que se tuviesen en cuenta, en las conclusiones de la Comisión, los importantes avances logrados por el Perú en la aplicación del Convenio.

La miembro trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó que el Gobierno está obligado a reconocer, respetar y proteger a los pueblos indígenas, teniéndose en cuenta lo establecido en su propia Constitución Nacional y en los tratados internacionales, como el Convenio núm. 169, ratificado hace 15 años. Sin embargo, existe una política reiterada contra los pueblos indígenas, a partir del primer gobierno de quien ejerce hoy la presidencia, pasando por Fujimori, Toledo y que ahora se ve profundizada en su segundo mandato. Una política que se ha expresado fundamentalmente en las consecutivas reformas legislativas para penalizar las protestas de los indígenas, organizaciones populares, dirigentes sindicales y campesinos. Todo esto, en aras de limitar y proscribir su capacidad de lucha y así arrebatarles a los indígenas los derechos que históricamente les ha reconocido el pueblo peruano. La oradora indicó que, según el artículo 3 del Convenio núm. 169, el Gobierno está obligado a garantizar a los pueblos indígenas el goce de todas las libertades fundamentales, sin obstáculos, ni discriminación. También señala que no debe utilizar ninguna fuerza o coerción que viole sus derechos y libertades. La característica del modelo de desarrollo peruano se basa, sobre todo, en la explotación de sus recursos naturales, lo cual trae consigo la destrucción de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, sin que se haya considerado el impacto de estas políticas que directamente inciden en su deterioro. La oradora subrayó que lo importante es ubicar el contexto en el cual se producen estos cuatro decretos, que han desencadenado los recientes acontecimientos, calificados de genocidio y de terrorismo de estado. El contexto es el de la imposición del Tratado de Libre Comercio del derrotado ALCA por parte del Gobierno, sin la consulta democrática del pueblo peruano, a diferencia de cómo se hace en los países de Europa en lo que respeta a la Constitución de la Unión Europea. El papel de la OIT es importante y la oradora apoyó la solicitud a la Comisión de una Misión de Alto Nivel que logre detener los ajusticiamientos y la violencia y que abogue por la erradicación definitiva de los cuatro decretos que vulneran los derechos de los indígenas peruanos.

Un miembro del Foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas agradeció a la OIT la oportunidad que se le había brindado de dirigirse a la Comisión de Aplicación de Normas. Expresó su gran preocupación por los violentos sucesos acontecidos en Bagua el 5 de junio y se refirió a la información comunicada por la Misión Permanente del Perú a las Naciones Unidas, que se presentó en el Foro permanente. Hizo también referencia a una declaración realizada por el Presidente del Foro permanente en la que se exigía, entre otras cosas, el cese de la violencia en todas partes, y presentó sus más profundas condolencias a todas las víctimas de la violencia y a sus familias.

Los sucesos del 5 de junio dieron lugar a un estado de sitio decretado por el Gobierno el 8 de mayo de 2009, que fue declarado en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas de la región amazónica por una serie de decretos legislativos que otorgaban a la industria minera concesiones en la zona sin obligación de celebrar consultas apropiadas y de respetar los derechos de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e informado. La Presidenta del Foro permanente había expresado anteriormente su preocupación por el estado de sitio que tuvo como resultado el cese de las libertades políticas y personales de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los dirigentes y de los defensores de los derechos humanos, y una presencia militar cada vez mayor en los territorios indígenas.

El orador recordó que, como parte del Convenio núm. 169 de la OIT, el Gobierno estaba obligado a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como otros instrumentos relativos a los derechos humanos. Además, Perú había iniciado negociaciones relativas a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y había sido uno de los países que había apoyado activamente su adopción, exigiendo el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de las personas, así como los derechos relativos a sus tierras tradicionales, territorios y recursos, y a su consentimiento libre, previo e informado, tal y como figura en los artículos 26, 29 y 32.

Habida cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad urgente de evitar que estos hechos se reiteren, invitó al Gobierno a trabajar con los pueblos indígenas para a entablar un diálogo verdadero y respetuoso entre el Gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas; realizar con carácter urgente una investigación independiente e imparcial de los incidentes ocurridos en Bagua con la participación del Ombudsman y de las agencias internacionales; garantizar una asistencia médica inmediata y urgente para todos los heridos y asistir a las familias de las víctimas; y cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel nacional e internacional relativas a la protección de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos, en particular su derecho a la vida y a la seguridad.

Por último, el orador manifestó su voluntad de que el Foro permanente bridara la ayuda necesaria al Gobierno y a los pueblos indígenas afectados para que éstos estudien la manera de alcanzar un acuerdo basado en el diálogo, el entendimiento mutuo, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. Es sumamente urgente que el Gobierno y los pueblos indígenas afectados realicen conjuntamente nuevos esfuerzos para resolver, de manera abierta y transparente, los conflictos en la región, promoviendo el diálogo, evitando la violencia y respetando los derechos humanos.

El representante gubernamental del Perú, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, tras agradecer la preocupación puesta de manifiesto en la Comisión, manifestó que tal preocupación debe acompañarse de actos de buena fe para que el Gobierno pueda dialogar con las comunidades representativas. Al expresar su disconformidad con algunas intervenciones, trajo a colación aquello de que «miente, miente, que algo queda».

En relación con la consulta a la que se refirieron varios representantes de los trabajadores, el orador instó a un diálogo social con buena fe, que ha sido siempre un soporte de la OIT. Mencionó, a modo de ejemplo, una reciente página web en la que se hacía aparecer a la OIT sentando a su país en el banquillo de los acusados. El diálogo social supone la búsqueda de unos interlocutores que procuren niveles de entendimiento para los intereses comunes de los países.

En cuanto al desarrollo legislativo, indicó que la ley núm. 29376 acababa de ser aprobada en el Congreso de la República. De conformidad con esta ley, no existe un plazo de suspensión de 90 días para los decretos legislativos. El 24 de marzo de 2009 se creó, mediante decreto, una mesa de diálogo permanente compuesta por el Gobierno y los indígenas de la Amazonia peruana. Esto viene a demostrar la gran voluntad que existe para dialogar con las comunidades indígenas. El 31 de marzo del año en curso, se estableció una comisión de trabajo. Todo esto, añadido a la Comisión Multisectorial, es elocuente del fortalecimiento de la institucionalidad indígena, es decir, que está acreditada la buena disposición del Gobierno en la línea del diálogo social.

En cuanto a los decretos legislativos, están autorizados por la legislación, pudiendo el Poder Legislativo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes. Existe un tribunal de garantías constitucionales que puede determinar la inaplicabilidad si se excede del marco legal. El decreto legislativo núm. 1090 fue dictado para ordenar una legislación dispersa. En relación con esto, es importante destacar el hecho de que se había titulado, a través de un programa, a más de 1.250 comunidades. No se pudo titular a 240 comunidades por haber desaparecido, debido a un incendio, toda la documentación. Hay que destacar que en la Amazonia existe una tala ilegal y trabajo forzoso, habiéndose deforestado más de 10 millones de hectáreas por falta de una normativa. En la actualidad, está en el Congreso un proyecto de ley orientado al establecimiento de una ley marco. No se puede admitir que se solicite la derogación de todas las leyes para luego sentarse a dialogar. Por último, añadió que, cuando asumió el actual Gobierno, el índice de pobreza superaba el 50 por ciento. Hoy ha descendido al 35,8 por ciento y se espera que se reduzca al 30 por ciento a fines de 2010.

Los miembros empleadores declararon que el caso que se estaba examinando era grave, por cuanto incluía la no presentación de memorias y la falta de aplicación del Convenio. Dado que los pueblos indígenas y tribales suelen ser algunos de los más desfavorecidos de la sociedad, los miembros empleadores instan al Ministro a que considerara la posibilidad de elaborar un plan de acción destinado a tratar los problemas relacionados con la aplicación del Convenio núm. 169.

Con respecto al artículo 34 del Convenio núm. 169, el orador desea recordar que «la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país». Asimismo, el orador instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y positivas con el fin de proporcionar a la Comisión de Expertos la información que necesita para evaluar apropiadamente estas cuestiones. En cuanto a la petición de asistencia técnica en materia legislativa formulada por el Gobierno, el orador declaró que ello debería constar en las conclusiones, a fin de asegurar la prestación de un apoyo constructivo, especialmente en lo relativo a la correcta interpretación del artículo 1 del Convenio núm. 169. Una aclaración exhaustiva de las dificultades y preocupaciones de ámbito nacional, con la participación de los interlocutores sociales, contribuiría a superar las dificultades legislativas y prácticas. Los miembros empleadores esperaban que las conclusiones abordaran el examen del Convenio núm.169 y los comentarios de la Comisión de Expertos, y añadieron que la Comisión de Expertos había solicitado al Gobierno que respondiera pormenorizadamente a sus comentarios, en 2009.

Los miembros trabajadores subrayaron que las declaraciones realizadas por los diferentes oradores habían demostrado la existencia de una situación sumamente urgente. Los asesinatos denunciados están vinculados al tema contemplado por el Convenio núm. 169. Se debe respetar no sólo la libertad de expresión, sino también el lenguaje parlamentario. En lo que respecta al decreto legislativo núm. 1090, éste fue suspendido durante noventa días, el tiempo necesario para que el Gobierno entendiera que el texto debía modificarse, con el fin de ponerlo de conformidad con los requisitos del Convenio relativos, en particular, a la consulta de los pueblos indígenas. En el artículo 7 del Convenio se establece el derecho a la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de planes de desarrollo de las regiones donde viven. Se prevé también que los proyectos específicos de estas regiones deben promover la mejora de sus condiciones de vida. El Convenio núm. 169 no se limita al derecho del trabajo, como se afirmó de manera equivocada. Éste forma un todo y el conjunto de sus artículos es competencia de esta Comisión. Los miembros trabajadores pidieron el envío de una Misión de Alto Nivel tan pronto como fuera posible, como sugirieron numerosos gobiernos, así como el Relator Especial de las Naciones Unidas, a efectos de establecer las condiciones políticas y jurídicas que permitan garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, tal y como se prevé en el Convenio. El informe de esta Misión deberá presentarse ante la Comisión de Expertos durante su reunión de 2009, para que ésta pueda determinar qué medidas se han adoptado y las que quedan por adoptarse.


Conclusiones

La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. Señaló que la Comisión de Expertos lleva años formulando comentarios en los que expresa preocupaciones acerca de los problemas persistentes en la aplicación del Convenio en diversas esferas, en particular con respecto a la necesidad de establecer criterios armonizados para la identificación de los pueblos indígenas (artículo 1), la necesidad de desarrollar una acción sistemática y coordinada para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad (artículos 2 y 33), así como la necesidad de establecer mecanismos adecuados de consulta y participación, que son proporcionados con los medios necesarios para efectuar sus funciones, incluso con respecto a la adopción de medidas legislativas y la explotación de los recursos naturales (artículos 2, 6, 7 y 15, párrafo 2 del artículo 17 y artículo 33). La Comisión expresó su preocupación por la reiteración del Gobierno en no facilitar respuestas a las peticiones específicas de información hechas por la Comisión de Expertos.

La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se ha preparado un proyecto de ley marco de pueblos indígenas que, entre otras cosas, define la expresión «pueblos indígenas y aborígenes» en los términos del artículo 1 del Convenio. Con respecto a los artículos 2 y 33, el Gobierno hace referencia al Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), que se estableció en 2005. Con respecto a los artículos 6 y 17, el Gobierno declaró que los decretos legislativos núms. 1015 y 1073 relativos a las condiciones para disponer del territorio comunal fueron derogados mediante ley núm. 2926 de 2008. Con respecto a la consulta y la participación, el Gobierno ha establecido una mesa redonda de diálogo permanente entre el Estado del Perú y los pueblos indígenas de la Amazonia peruana en marzo de 2009, y en abril de 2009 el Gobierno estableció una comisión multisectorial a modo de nuevo foro de diálogo para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia.

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que en 2008 se emitieron algunos decretos legislativos relativos a la explotación de los recursos naturales, entre ellos los decretos legislativos núms. 1064 y 1090, y que la divergencia de puntos de vista entre el Gobierno y los pueblos indígenas afectados en torno a estos decretos no pueden resolverse a través de los mecanismos de diálogo establecidos. El Gobierno también informó a la Comisión de una ulterior movilización de pueblos indígenas y de incidentes acaecidos en Bagua el 5 de junio de 2009 que produjeron numerosos muertos y heridos entre la población indígena y la policía.

La Comisión expresó su grave preocupación por esta violencia y por los muertos y heridos que ocasionó e instó a todas las partes a abstenerse de ejercer la violencia. La Comisión pidió al Gobierno hacer mayores esfuerzos para garantizar sin discriminación los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con sus obligaciones en el marco del Convenio (artículo 3). La Comisión observó que la situación actual del país surge en relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. La Comisión señaló que, durante varios años, la Comisión de Expertos había formulado comentarios acerca de la promulgación de legislación con respecto a estas cuestiones sin consultar a los pueblos indígenas afectados, lo que es contrario al Convenio.

La Comisión se congratuló del compromiso declarado del Gobierno de restablecer el diálogo y de instaurar un marco legislativo coherente que se ocupe de los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas. La Comisión recalcó que un diálogo auténtico debe estar basado en el respeto de los derechos y la integridad de los pueblos indígenas. La Comisión se congratuló de la reciente suspensión por el Congreso de los decretos legislativos núms. 1064 y 1090 y del establecimiento, el 10 de junio de 2009, de un grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonia con el fin de facilitar la búsqueda de soluciones a las reclamaciones de esos pueblos. Exhortó al Gobierno para que haga mayores esfuerzos para asegurar que no se aplique ni promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por estas medidas, en plena conformidad con las prescripciones del convenio.

La Comisión subrayó la obligación del Gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta y la participación de los pueblos indígenas, que es la piedra clave del Convenio. Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades y de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, como prevé el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio. Esto se quedaría en una cuestión inquietante si los órganos y mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas no tuvieran los recursos humanos y financieros, independencia o una influencia real en los procesos de adopción de decisiones.

A este respecto, la Comisión instó al Gobierno a que establezca inmediatamente un diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas en un clima de confianza y respeto mutuo y exhortó al Gobierno a que establezca los mecanismos de diálogo requeridos en el Convenio, con el fin de asegurar que la consulta y la participación sea sistemática y efectiva. Además, la Comisión exhortó al Gobierno a que elimine en la legislación las ambigüedades en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella en virtud del artículo 1, que es también un aspecto esencial que se ha de abordar para conseguir un progreso sostenible en la aplicación del Convenio.

La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio. Pidió al Gobierno que elabore a este respecto un plan de acción en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Saludó la petición de asistencia técnica por el Gobierno y consideró que la OIT puede efectuar una contribución válida a este respecto mediante el Programa para promover el Convenio núm. 169 (PRO169). La Comisión pidió al Gobierno que facilite en 2009 información completa en su memoria en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT respondiendo a las cuestiones planteadas en la observación de la Comisión de Expertos, así como los asuntos planteados en las comunicaciones recibidas por la Comisión de Expertos enviadas por varias organizaciones de trabajadores, que fueron preparadas en colaboración con organizaciones de pueblos indígenas.

Finalmente, la Comisión tomó nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno en el sentido de que se ha formulado una invitación al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas para visitar el país.

Los miembros trabajadores deploraron que, habida cuenta de la gravedad del caso examinado, la solicitud de Misión de Alto Nivel no haya sido aceptada, aunque el Gobierno haya invitado a visitar el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.


 

Descripción:(ICCIT Observación individual)
Convenio:C169
País:(Perú)
Sesion de la Conferencia:98
Documento:16
CLASSIFICATION:12_03

Fuente. Ilolex 


 

Nota:

La Conferencia Internacional del Trabajo establece en cada reunión una comisión especializada, la Comisión de Aplicación de Normas, que delibera fundamentándose en el informe de la Comisión de Expertos (CEACR). La Comisión de la Conferencia es un órgano tripartito, compuesto por delegados gubernamentales, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Como resultado de su trabajo, la Comisión de la Conferencia somete su informe al Plenario de la Conferencia, para su adopción.

El Informe de la Comisión de Aplicación de Normas se somete a la Conferencia en el tercer punto del orden del día: "Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones". El informe está dividido en dos partes: la primera, informe general; la segunda, observaciones e informaciones relativas a algunos países. La primera parte refleja la discusión general en el seno de la Comisión de la Conferencia y la segunda abarca la discusión de los informes de la CEACR sobre los convenios ratificados, incluyendo su aplicación en los territorios no metropolitanos (artículos 22 y 35 de la Constitución).


www.politicaspublicas.net

 

 

 

Online

En este momento hay 96 lectores conectados