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"Hemos recibido información sobre proyectos hidroeléctricos, que son más de 80, los cuales se están desarrollando sin haberse efectuado, por parte de las autoridades del Estado, una consulta previa, libre e informada."

Abramovich, relator para Guatemala y para los Pueblos Indígenas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país centroamericano, destacó la exclusión de los pueblos indígenas.

ENTREVISTA DE PRENSA LIBRE, GUATEMALA

¿En qué temas se centró su gira de trabajo en el país?

El objetivo de la visita es darle seguimiento a la situación de los derechos humanos en Guatemala, el desarrollo de los procesos judiciales relacionados a crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, medidas de protección a defensores de derechos humanos y la situación de los pueblos indígenas, en particular porque la CIDH desarrolla un en estudio del derecho a la consulta de las comunidades.

¿Y cuál es la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil?

Distintas cosas: en relación con el conflicto armado interno, el gran tema es la impunidad y la falta de avances en las investigaciones, salvo algunos casos aislados donde hubo sentencias, pero no se ha condenado a jefes de comandos militares que estuvieron detrás de las masacres.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene alrededor de ocho mil casos de esclarecimiento histórico y solo hay dos fiscales para ello; hay alrededor de 30 órdenes de detención sin ejecutar, desde hace más de 10 años. Esto explica la falta de coordinación del Ministerio Público y la Policía.

¿Ha visto falta de voluntad del Estado para saldar la deuda con las víctimas del conflicto armado interno?

Se observa esa falta de voluntad política en el poco presupuesto que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos, en la desidia de la Policía y la desaparición de los archivos en el Ejército; eso marca que sigue habiendo grupos que presionan sobre el Estado, y obstáculos importantes que impiden el avance en las investigaciones.

¿Qué evaluación hace sobre la situación de los pueblos indígenas?

Vimos distintos temas, aunque el central es la consulta; hemos recibido información sobre proyectos hidroeléctricos, que son más de 80, los cuales se están desarrollando sin haberse efectuado, por parte de las autoridades del Estado, una consulta previa, libre e informada.

Algunas comunidades han organizado consultas con los consejos municipales, y la Corte de Constitucionalidad dice que esas consultas no tienen efecto vinculante. Ante esto, creemos que es necesario tener un procedimiento claro en el Estado, para asegurar una consulta que cumpla con todas las reglas; tal vez lo mejor es tener una ley.

¿Cómo ve la situación de los defensores de derechos humanos?

Es preocupante; hay un alto número de defensores amenazados, agredidos y muertos, incluso aumentaron las muertes de sindicalistas. Hay fiscalías especiales, pero no hay avances en las investigaciones. Guatemala es uno de los países del continente con más medidas cautelares (de la CIDH).

¿Cuál es la evaluación que pudo hacer del acceso a la justicia?

El problema central es la falta de confianza de la población en el sistema de justicia. La cantidad de casos en el sistema interamericano y el número de medidas cautelares marcan que hay una absoluta desconfianza, y ha sido por los altos índices de impunidad. En ese sentido, para la CIDH es muy importante el proceso que se abre ahora con la nueva Ley de Comisiones de Postulación (para elegir magistrados de la CSJ).

¿Cree que hay muchas esperanzas de la sociedad civil con esta nueva ley?

Las decisiones de los jueces impactan en la vida cotidiana de las personas.

Es muy importante que se aproveche la oportunidad que se abre con esta ley, que se implemente adecuadamente y se garantice la publicidad. Es una oportunidad histórica para empezar a cambiar, desde la Corte (Suprema de Justicia) hacia abajo, la administración de justicia.

FUENTE
www.prensalibre.com