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20.ago 2019
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Chile. Corte Suprema acoge argumentos del Gobierno y falla contra Comunidades Mapuche. Caso Línea de Transmisión Melipeuco-Freire

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sentencia

Corte Suprema falla contra comunidades mapuche, acogiendo apelación y controversiales argumentos presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Gobierno de Chile, Región de La Araucania.

 


 

CORTE SUPREMA DE CHILE

Caso: Asociación indigena Tragun Mapu Maile Allipen contra Comisión Evaluadora Ambiental, Región de la Araucanía.

Línea de Transmisión Melipeuco-Freire

Rol Nº 1602-2012

Santiago, ocho de junio del año dos mil doce.

 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos primero a cuarto que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que se ha solicitado por las comunidades indígenas recurrentes amparo constitucional respecto de la Resolución Exenta Nº 127 de 4 de octubre de 2011, emanada de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Línea de Transmisión en Postes de Hormigón 110 KV Melipeuco- Freire", del titular Enacon S.A. Indican en su libelo que este trazado eléctrico atravesaría once comunidades indígenas y se emplazaría colindante a otras veintiuna comunidades mapuches, entre ellas, las comparecientes.

Los reclamantes fundan la ilegalidad de dicha decisión en que el proyecto debió haber sido evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no por una Declaración de Impacto Ambiental, pues genera algunos de los efectos que enuncia el artículo 11 de la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente, lo cual tornaba obligatorio para el titular del proyecto su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la realización de un Estudio. Estos efectos son: Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, localización próxima a población protegida susceptible de ser afectada y alteración de monumentos pertenecientes al patrimonio cultural.

Un segundo motivo de ilegalidad que aducen los recurrentes lo constituye la infracción al deber de consulta contemplado en el Convenio N° 169 de la OIT, por tratarse de un proyecto susceptible de afectar directamente a las comunidades presentes en su área de influencia.

Finaliza expresando que esta actuación de la recurrida vulnera las garantías constitucionales previstas en los números 2, 6 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que para un adecuado examen del recurso conviene hacer una breve descripción del proyecto en cuestión. Se trata de una línea de transmisión de 110 Kv construida en postes de hormigón de quince metros de altura que considera una longitud total aproximada de 98,9 kilómetros que se inicia en la comuna de Melipeuco y alcanza hasta la localidad de Pitrufquén para conectarse al Sistema Interconectado Central. De esta longitud, más de 50 kilómetros corresponden a la ex línea férrea de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y los restantes a predios particulares.

La ubicación del proyecto comprende las comunas de Melipeuco, Cunco, Freire y Pitrufquén, todas situadas en la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía.

Cabe consignar que la justificación de su localización, según la Declaración de Impacto Ambiental, es la de lograr la menor intervención posible, utilizando una parte de la faja férrea del ramal abandonado de la Empresa de Ferrocarriles que va de Freire a Cunco. Esta elección, añade la encargada del proyecto, obedece entonces a que es un área que ya se encuentra intervenida por el hombre y, principalmente, a que el ancho de la faja férrea corresponde a la franja de seguridad de una línea eléctrica como la proyectada.

Tercero: Que las comunidades recurrentes pertenecen a la comuna de Freire, en la cual el tendido eléctrico ocupa, como se indicó, el ex ramal ferroviario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, empresa a cuyo favor se encuentran inscritas las propiedades que afectará el proyecto eléctrico en la comuna de Freire.

En síntesis, se debe dejar asentado que el área de influencia del proyecto en la comuna de Freire –lugar en que están asentadas las únicas comunidades originarias que se oponen al proyecto- está representada por esta faja ferroviaria en desuso desde 1960 que recorre 54 kilómetros de longitud con un ancho de 20 metros aproximadamente desde la comuna de Freire a Cunco.

Cuarto: Que también habrá de establecerse que los terrenos antes descritos no han sido calificados como indígenas. En efecto, tratándose de un concepto jurídico con contenido antropológico, el artículo 12 de la Ley N° 19.253 ha previsto requisitos jurídicos y de hecho que deben concurrir copulativamente para otorgar la calidad de tierra indígena a un determinado territorio. Así, el mencionado precepto dispone que son tierras indígenas aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión proveniente de ciertos títulos mencionados en la ley. 

 En estos autos jamás fue materia de discusión que la franja ferroviaria no tiene ocupación indígena actual y, por tanto, no pueden ser consideradas tierras indígenas en los términos que establece el citado 12 de la denominada Ley Indígena.

[Nota: La Corte omite  Artículo 13 Convenio 169 que modifica Ley Indígena: Art 13:  "La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat"]

Quinto: Que tal como lo señalaran los diversos organismos con competencia ambiental que intervinieron en este procedimiento de evaluación, no es posible vislumbrar de qué manera este tendido eléctrico pueda provocar una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos reclamantes, puesto que no afecta viviendas, servicios, accesos o sitios de significación cultural, teniendo en consideración que el trazado en la comuna de Freire corresponde a una zona ya intervenida por un ex ramal ferroviario de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Sexto: Que la alegación de proximidad a población protegida tampoco es un criterio suficiente por sí mismo si no se ha justificado algún grado de afectación a aquélla. En la especie, no se ha explicitado ningún impacto concreto a las comunidades aledañas que pueda generar este proyecto.

Es así como ninguno de los siete sitios de significación cultural que fueron catastrados en el proceso de evaluación se encuentran dentro del trazado de la línea, y el más cercano denominado "sitio de los caballos", ubicado a una distancia de veinte metros del proyecto, se halla emplazado en un sector colindante a un camino público en que ya existen postes de distribución de energía eléctrica, de modo que no se producirá un cambio relevante en la situación actual.

Séptimo: Que la instalación eléctrica a la cual sólo se oponen seis de las casi treinta comunidades indígenas a las que el propio recurso alude, no sólo no presenta evidencias de generar las consecuencias invocadas por los recurrentes, sino que éstos como pueblo originario ni siquiera han justificado alguna afectación a sus derechos en sus tierras, sistemas de vida, creencias y bienestar.

Por consiguiente, no es posible constatar la ilegalidad denunciada ni la procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental, al no configurarse alguna de las causales por las cuales se exige su elaboración.

Octavo: Que en cuanto a la procedencia de la Consulta en los términos exigidos por el Convenio 169 de la OIT, es pertinente recordar que el artículo 6 N° 1 letra a) de ese instrumento dispone que ella procede respecto de los pueblos interesados tratándose de la adopción de medidas "susceptibles de afectarles directamente". Y según se ha señalado precedentemente, los recurrentes no han explicitado razonablemente cómo les afectaría el proyecto calificado favorablemente por la autoridad ambiental recurrida.

De ello se sigue que el reproche de ilegalidad fundado en la omisión de este deber de consulta dispuesto por el mencionado Convenio también ha de ser desestimado.

Noveno: Que finalmente esta Corte estima necesario dejar consignado que, sin desconocer el carácter preventivo que informa al sistema de evaluación ambiental, tampoco se puede prescindir de ciertos estándares de proporcionalidad en el análisis de esta materia.

En este sentido se vuelve a destacar que la línea de transmisión utilizará una ex faja ferroviaria como vía en aquella parte del tramo objeto de controversia por las comunidades aledañas. Jamás se argumentó por los actores que esos terrenos –de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado- les prestaran funciones ambientales relevantes, como la presencia de especies vegetales o animales, existencia de humedales o sitios de significación cultural.

La proximidad alegada tampoco resulta en este caso una pauta suficiente, pues tanto el trazado como la franja de seguridad de la línea eléctrica se encuentran fuera de los bienes, servicios, equipamientos y sitios de significación cultural y espiritual que conforman el bienestar básico de los grupos humanos cercanos.

En fin, de la revisión de estos antecedentes no es posible reparar que el proyecto en cuestión produzca alteraciones o interferencias en las comunidades reclamantes.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veinte de enero de dos mil doce, escrita a fojas 165 y se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor. Pierry.

Rol Nº 1602-2012.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B. y Sra. María Eugenia Sandoval G. Santiago, 08 de junio de 2012.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

 

En Santiago, a ocho de junio de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

 


Link a Base de Datos Poder Judicial

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