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16.dic 2019
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rol 3178-2010. Recurso comunidad Paillalef contra resolución CONADI

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 Fallo : 3.178-2010.
veinte de julio del año dos mil diez.
Tercera Sala

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

Temuco, diecinueve de abril de dos mil diez.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 21 y siguientes comparece don Antonio Cadin Huentelao, agricultor, con domicilio en la comuna de Cunco, comunidad de Juan Paillalef, quien afirma hacerlo en su calidad de Autoridad Tradicional Werkén de la citada comunidad, interponiendo acción de protección contra la resolución nº 1180 de fecha 6 de mayo de 2009 y notificada el día 5 de febrero de este año, emanada del Subdirector Nacional de la CONADI Sr. Nelson Huaiquipán Painen, la que dispuso dejar sin efecto las resoluciones exentas que van desde 1669 a 1682 de fecha 14 de octubre de 2005 y mediante las cuales se determinaba superficie de goce de terreno para los efectos de postular a los subsidios habitacionales.

Funda su acción señalando que la comunidad a la que pertenece es propietaria de un bien raíz de aproximadamente 30 hectáreas situado en lugar Curaco de la comuna de Cunco, y que el año 2005 ellos postularon a un programa denominado "Subsidio Habitacional Rural, SERVIU del MINVU, IX Región de la Araucanía", resultando finalmente beneficiados con tales subsidios, lo que se materializó con las resoluciones exentas identificadas más arriba las que beneficiaron a 13 comuneros ingresando por ende, afirma el actor, a sus patrimonios tal derecho de goce.

Pues bien, prosigue su relato, el Jefe de Unidad Jurídica solicitó un informe de legalidad de las mentadas resoluciones exentas, las que habían sido visadas por la abogado Sra. María Triviño Vargas, sin embargo, mediante memorando de 1 de febrero de 2007 tal profesional desconoció las medias firmas de visaje.

Paralelamente agrega el actor, en tramitación el proceso de adjudicación, doña Rosita Calfunao Paillalef y Hortensia Calfunao Paillalef, realizaron una denuncia ante la CONADI, por una supuesta ilegalidad de la autorización de las resoluciones en cuestión.

Ante esta situación, prosigue el actor, con fecha 14 de febrero de 2007 se dispone por parte de CONADI la instrucción de una investigación sumaria, a fin de determinar los funcionarios que habían intervenido en la elaboración y dictación de las resoluciones exentas, la efectividad de las denuncias de las Sras. Calfunao Paillalef y la determinación de eventuales responsabilidades de funcionarios de esa entidad. Tal investigación pasó de tal a sumario administrativo por resolución de noviembre de 2007. En el marco del mismo, de habría demostrado mediante informe pericial elaborado por Policía de Investigaciones, que las aludidas medias firmas a nombre de la abogado Triviño serían falsas, pues se trataría de imitaciones, lo que dio lugar a una denuncia ante el Ministerio Público en enero de 2008, la que fue archivada provisionalmente.

Atendido todo lo anterior, y concluido con informes que las resoluciones en cuestión no se habían apegado a derecho, se dictó la resolución recurrida; sin embargo, acota el recurrente, lo hechos investigados a los que se ha hecho referencia nada tienen que ver con la comunidad, pues a ellos se le adjudicaron en su momento válidamente lo subsidios rurales. Si hay alguna responsabilidad en este punto es exclusivamente de la CONADI, por la conducta manifiestamente negligente de sus funcionarios, quienes en definitiva están trasladando su responsabilidad a los comuneros, afectando con ello su legítimo derecho de goce del subsidio habitacional válidamente adquirido.

En cuanto al derecho aplicable al caso de autos, señala que la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida se traduce en la privación, perturbación y/o amenaza de su derecho de propiedad, derecho de goce del subsidio habitacional; citando al efecto además, el art. 1 del Convenio de la O.I.T nº 169 y los artículos 1, 7 y 34 de la Ley 19.253.

Solicita en consecuencia, se acoja el recurso y se deje sin efecto lo decretado por la Resolución recurrida Nº 1180 de 6 de mayo de 2009, retrotrayendo al estado anterior de la decisión en que se les adjudican los subsidios rurales.

SEGUNDO: Que a fojas 59 y siguiente evacua su informe la entidad recurrida, quien de manera preliminar explica que la figura del "derecho de goce" junto con el de uso, fueron creadas por la Ley Indígena para permitir el acceso de las personas indígenas a los beneficios del subsidio habitacional rural, beneficio que se tramita y otorga en conjunto por CONADI y SERVIU; refiriendo tres situaciones que se pueden verificar en este tipo de casos, siendo los antecedentes presentados por el actor los relativos a aquella denominada "Derecho real de uso sobre un goce", hipótesis en la que conforme al art. 17 inciso 5º de la Ley, el derecho de goce se constituye para aquellas comunidades indígenas titulares exclusivas de tierras indígenas indivisas contempladas en el artículo 12 de la Ley. Sin embargo, prosigue el informante, tal vía no era procedente en este caso, pues la comunidad a la que pertenece el actor no era la propietaria exclusiva del inmueble, sino que compartía el dominio con doña Rosa Calfunao Paillalef, quien no había sido parte de la solicitud; situación que no había sido informada por la comunidad al afirmar que no existían otros titulares. Añade que esta situación se develó a propósito de un reclamo de la Sra. Calfunao Paillalef tanto en CONADI como Contraloría General de la República, y lamentablemente cuando las resoluciones de goce ya habían sido dictadas, sin que hubieran sido aquellas revisadas por la unidad jurídica competente, lo que dio lugar a un sumario administrativo y una denuncia ante el Ministerio Público; tras lo cual se elaboraron por la unidad 97 noventa y siete jurídica informes respecto de las resoluciones exentas, concluyendo que su tramitación no se había ajustado a derecho.

Destaca en otro orden de cosas el informante, que la contraria en parte alguna de su libelo señala cuál sería la irregularidad, ilegalidad o arbitrariedad de la que adolecería la resolución exenta cuestionada, limitándose en su exposición a describir el procedimiento viciado al que ya se ha hecho referencia.

Añade que pese al defecto acotado del recurso, cabe precisar que la resolución exenta no es arbitraria ni ilegal, de hecho del propio recurso se puede desprender que la tramitación del procedimiento que concluyó con las resoluciones exentas que aprobaron los goces adoleció de graves anomalías que hacían que las mismas no tuvieren valor alguno; en otras palabras, en apariencia eran resoluciones, pero en cuanto a su fondo constituían actos viciados incapaces de producir efectos; por lo que la lógica consecuencia es que fueran dejados sin efecto mediante otro acto como lo fue la resolución nº1180. Así, se concluye que tal acto no sólo fue legal, sino que además racional y exento de arbitrariedad.

Por todo lo expuesto solicita se rechace la presente acción.

TERCERO: Que como expresa la parte recurrida, los actores de protección de sus derechos constitucionales no han acusado aparte de reclamar en contra de la Resolución Nº 1180 y los antecedentes que sirvieron para decretarla, si dicho acto es arbitrario o ilegal; más los referidos antecedentes dejan en claro, junto a la documental que se han allegado, que los pretendientes o postulantes a los beneficios habitacionales no cumplían con las exigencias legales por no tener el dominio o goce exclusivo de tierras indígenas, resultando en definitiva, como lo expresa en su informe el señor Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo -que fuera solicitado por la propia defensa de los recurrentes - que éstos no cumplen con las exigencias del artículo 15 del D.S. Nº 174 de 2005. En efecto, al no darse los presupuestos del artículo 17 de la Ley 19.253 a su respecto, pues los recurrentes no son exclusivos detentadores de los derechos del predio, como se comprobó ante reclamo de las comuneras Rosita Paillalef y Hortensia Calfunao Paillalef, quienes además recurrieron Contraloría Regional, todo lo que fundamentó la Resolución 1189, reclamada.

CONADI no hizo más que rectificar un error debidamente establecido y los recurrentes, por su parte, no han acreditado que sean justos detentadores de los derechos que invocan.

En consecuencia, no se acogerá el presente recurso.

Y visto además lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que NO HA LUGAR a la acción de protección deducida por don Antonio Cadin Huentenao contra CONADI.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó Víctor Reyes Hernández, ministro.

Rol Nº 270-2010.

Pronunciada por la Segunda Sala Presidente, Ministro Sr. Archibaldo Loyola López, Ministro Sr. Héctor Toro Carrasco y Ministro Sr. Víctor Reyes Hernández.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, veinte de julio del año dos mil diez.

Vistos:

Se elimina el fundamento tercero de la sentencia en alzada.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Tercero: Que, como puede advertirse, en la especie falta uno de los requisitos que precedentemente se indicó como básico para el planteamiento y acogimiento de una acción cautelar como la de autos, esto es, la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser protegido, pues el que se invoca no está definido ni determinado. En la especie se requiere la declaración de derechos, lo que no corresponde hacer en este procedimiento pues ello debe ocurrir luego de la sustanciación del proceso correspondiente y en la sentencia que dicte el tribunal ordinario que corresponda.

Cuarto: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el recurrente.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de diecinueve de abril último, escrita a fojas 94.

Se previene que el Ministro Sr. Brito estuvo por confirmar el fallo teniendo únicamente presente que del examen de los autos no se desprenden antecedentes que justifiquen los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que al dejar la recurrida sin efecto las resoluciones exentas Nº 1669 a 1682 mediante la resolución Nº 1180 de 6 de mayo de 2009, no se habían producido los efectos de aquellas, y que en tales condiciones la administración puede obrar del modo que lo hizo.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño y de la prevención, su autor.

Rol Nº 3.178-2010.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito, Sra. Rosa Egnem y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz.

 

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