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25.sep 2018
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Rol 5.940-2009. Recurso protección contra Programa Origenes por supuesta 'consulta'. Aucan Huilcaman y otros

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 Fallo : 5.940-2009.-
ocho de septiembre de dos mil nueve.
Tercera Sala

Temuco, veintisiete de julio de dos mil nueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 48 y siguientes comparecen Aucán Huilcamán Paillama, werkén encargado de la relaciones internacionales de la organización tradicional mapuche Aukin Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras; Juan Carlos Cayunao Legueque, comunidad mapuche Antonio Paine; José Nivaldo Romero Cañumir, comunidad mapuche Pewenko, comunidad Lonquimay; interponiendo acción de protección contra don Miguel Huaracán Reyes, coordinador nacional del Programa Orígenes, domiciliado en Avda. Providencia Nº 107 tercer piso, Santiago.

Funda su acción señalando que el Gobierno de Chile, a través del Programa Orígenes, durante el mes de mayo del año en curso, ha comenzado a propiciar una serie de eventos en el país y en la IX región denominado "Consulta sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas"; consulta que agrega, está siendo convocada vía telefónica, por medio de comunicaciones radiales y epistolares, dirigidas exclusivamente a las comunidades indígenas del territorio nacional.

Agrega que en reuniones celebradas en los últimos días, particularmente en las comunas de Melipeuco, Galvarino, Vilcún y Toltén de esta región, efectuadas en el mes de mayo del año en curso, se citó bajo el pretexto que se conversaría sobre los proyectos y se fijarían plazos para entregar recursos financieros; sin embargo, al iniciarse los encuentros se les informó que debían completar unas cartillas que contenían unas preguntas amenazándolos para el caso de no hacerlo, con no recibir los beneficios de los proyectos que contempla el programa.

En otro orden de cosas, indican los actores que en las consultas sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, se configura de manera plena y absoluta las arbitrariedades e ilegalidades del programa Orígenes, considerando que éste no tiene mandato legal ni institucional para reformar la Constitución de la República. En efecto, continúan, el Programa se instituyó para otorgar asistencia social y para la erradicación de la pobreza de los pueblos indígenas y no para dirigir un proceso tan relevante relativo a la reforma de la Carta Magna. Así las cosas, prosiguen los recurrentes, las arbitrariedades e ilegalidades fundamentos del presente recurso se configuran por omitir de manera sistemática las participación de los órganos institucionales con mandato para asumir una reforma constitucional, situación de especial relevancia si se toma en consideración que es la primera vez que en la historia constitucional de nuestro país se reformará la Carta Fundamental para que los pueblos indígenas sean parte integral del marco constitucional.

Apuntan que particularmente absurdo resulta desde el punto de vista del derecho, que un Programa para la erradicación de la pobreza convoque a una cuestión de extrema importancia como es el citado reconocimiento constitucional, destacando que sus resultados anuncian un mal futuro, al llevar a los destinatarios del reconocimiento constitucional únicamente a llenar una ficha con unas cuantas preguntas, desvirtuando el sentido jurídico sobre el reconocimiento constitucional indígena.

Señalan que creen que se decidió usar este procedimiento, por el tradicional menosprecio de mostrado históricamente por el Estado de Chile hacia los pueblos indígenas, configurando una vez más una situación de atentado contra la igualdad ante la Ley que reconoce la Constitución para los habitantes del país, independiente de su origen étnico.

Refiriendo la normativa internacional aplicable a la especie, cita en primer lugar el Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos los pueblos indígenas, el que dispone que los "Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado"; por su parte el Convenio 169 de la O.I.T., en relación a las consultas que atañen las cuestiones legislativas establecen los siguientes preceptos y fundamentos derivados del derecho internacional, Art. 6 "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Por otro lado, señala que la práctica jurídica internacional que se derivan de la aplicación de los instrumentos de derechos humanos, ha establecido que constituyen una condición y un conjunto de principios coherentes con los derechos humanos, las directrices internacionales que establecen el consentimiento libre, previo e informado en asuntos relevantes que afecten a los pueblos indígenas.

En el mismo orden de cosas, señalan los recurrentes que el Relator Especial de la Naciones Unidas, quien visitó nuestro país en el mes de abril del presente año, presentó entre otras recomendaciones al Estado de Chile la siguiente "La obligación de los Estados de consultar a los pueblos con carácter previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten directamente sus derechos y sus intereses está firmemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos. El cumplimiento de la norma de consulta o su realización sin observar sus características esenciales compromete la responsabilidad internacional de los Estados"; agrega que el mencionado funcionario recomendó además que para que la consulta a los pueblos indígenas en relación con la reforma constitucional sea verdaderamente una consulta previa, informada y significativa, esta no debe circunscribirse necesariamente al texto del informe aprobado por el Senado el pasado 7 de abril de 2009. Aunque este texto representa desde luego un insumo importante para la consulta, la consulta debería estar abierta en principio a otras cuestiones que, a la luz de las normas internacionales, la legislación interna, y las demandas legítimas de los pueblos indígenas pudieren tener cabida dentro del texto constitucional reformado".

Finalizan señalando en cuanto a las garantías constitucionales afectadas, la igualdad ante la Ley y el principio de legalidad del artículo Nº 7 de la Carta Magna.

Solicitan en consecuencia acogerlo y se adopten todas las providencias que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, considerando que se encuentra vulnerado por arbitrariedades e ilegalidades a raíz de la desinformación y tergiversación de un propósito tan relevante como se refiere el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

SEGUNDO: Que a fojas 61 y siguientes evacua su informe el recurrido, quien en primer término alega su falta de legitimidad pasiva. Al respecto señala que el Programa Orígenes no es el sujeto pasivo de la acción jurisdiccional, ya que como efectivamente lo expresa la recurrente, la consulta está siendo convocada por el Gobierno de Chile. En efecto, prosigue el recurrido, el 7 de abril de este año el Senado aprobó en general la idea de legislar sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; por ello, antes de la discusión en particular, es el Gobierno de Chile el que ha convocado a una consulta sobre el tema, con el objeto que las organizaciones indígenas den a conocer su parecer. Arguye que ese proceso de consulta contempla diversos instrumentos, a saber: Envía de minuta y guía de respuestas a organizaciones, comunidades y asociaciones, carta o mail; Difusión en medios de minuta y proceso de consulta; Capacitación a funcionarios públicos que trabajan directamente con comunidades u organizaciones indígenas; Talleres de consulta (provincia o comuna) y Ciclo de charlas locales.

Añade tal proceso de consulta está siendo dirigido por el Comisionado Presidencial para asuntos indígenas, don Eduardo Egaña, máxima autoridad designada por la Presidenta de la República para asesorar a los organismos competentes en materia indígenas, ello de conformidad al Convenio 169 de la O.I.T. y en coordinación con la CONADI.

Apunta además, que refuerza el proceso antes mencionado la circular Nº 55/2009 del Director Nacional de la CONADI que establece las características u objetivos que ha de tener el proceso de consulta, contemplando que el mismo debe iniciarse con reuniones informativas y en forma paralela entrega de documentos, combinando los esfuerzos de la Oficina del Comisionado Presidencial, de CONAD y, de sus socios estratégicos, agregando que dichas reuniones serán siempre encabezadas por un directivo de la CONADI, disponiendo que los Programas dependientes de la CONADI, entre ellos Orígenes, a través de sus funcionarios deben canalizar las reflexiones de las organizaciones.

Finaliza señalado que los resultados de tal consulta serán presentados a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Así las cosas, arguye que malamente puede atribuírsele al Programa Orígenes ser el órgano encargado del proceso de consulta, siendo que a tal Programa sólo le ha correspondido llevara a efectos acciones de información del proyecto de reforma constitucional y ser enlace con las organizaciones involucradas, a fin de permitir que estas puedan emitir su opinión y observaciones.

En segundo término expresa la ineptitud del libelo de interposición del recurso. En efecto, señala que de su lectura queda de manifiesto la inexistencia de "actos" u "omisiones" realizados o incurridos por el Programa Orígenes o sus funcionarios en relación a la consulta sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Agrega que consultada la Unidad Ejecutora Regional, se ha informado que los hechos descritos en el recurso no son efectivos, las organizaciones indígenas fuero citadas específicamente para recibir información del proyecto de reforma constitucional y en ningún caso lo fueron para la entrega de información de proyectos del Programa, ni menos aún que la entrega de recursos del Programa quedaba sujeta a la efectiva participación en dichas reuniones.

Como consecuencia lógica de lo anterior, prosigue el informante, no existe ilegalidad ni arbitrariedad y menos relación de causalidad en el desarrollo de las funciones y el supuesto atentado a los derechos o garantías constitucionales que se enuncian como vulneradas por los recurrentes; además, el Programa, en ningún caso ha omitido de manera sistemática la participación de los órganos institucionales del Estado, al contrario, al ser parte de CONADI, está realizando acciones de apoyo para el mejor desarrollo de la consulta.

Respecto a la vulneración del derecho de igualdad afirmado por los recurrentes, apunta que no se han efectuado acciones engañosas para convocar a dirigentes indígenas, y aún más, no se les está presionando a recibir la información bajo el supuesto que no se le entregarán los beneficios propios del Programa Orígenes.

Respecto por su parte a la vulneración al artículo 7 de la Constitución Política de la República, destaca que el artículo 20 no contempla a tal precepto como uno de los protegidos a través de la acción de protección, sin perjuicio de ello, dicha aseveración no es efectiva.

Apunta por último el informante, que los recurrentes más doña Teresa Melivilu Melinao y don Emiliano Lienlaf Caniulaf dedujeron recurso de protección contra la Ministra de Planificación fundamentados en hechos equivalentes a los del presente recurso, resolviéndose por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 5 de junio del presente año, que el mismo era inadmisible al no señalarse hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales.

Solicita en consecuencia rechazar el presente recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena "CONADI", creada por la Ley Nº 19.253, tiene en entre otras facultades, en su artículo 39, la de recabar opiniones de personas y comunidades indígenas sobre materias que favorezcan los derechos de las etnias originarias del país.

CUARTO: Que esta Corte estima que el hecho de solicitar opiniones sobre una posible reforma a la Constitución Política del Estado, léase a la Carta Fundamental de la República, no da margen para estimar que tal consulta sea arbitraria o vulnere garantías constitucionales de los recurrentes que menoscaben los derechos de las comunidades indígenas que dicen representar los recurrentes, por lo cual SE RECHAZA el presente Recurso de Protección, incoado.

Rol Nº 769-2009.-

Pronunciada por la Segunda Sala. Presidente Ministro Sr. Víctor Reyes Hernández, Ministro Sr. Álvaro Mesa Latorre y Fiscal Judicial don Luis Troncoso Lagos.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, ocho de septiembre de dos mil nueve.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de veintisiete de julio pasado, escrita a fojas 82.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 5.940-2009.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Hugo Dolmestch Urra, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sra. Sonia Araneda Briones y el Abogado Integrante Sr. Guillermo Ruiz Pulido.

 

 

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