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2008. EPU. Ecuador. Examen y Recomendaciones

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A/HRC/8/20, 13 de mayo de 2008
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Octavo período de sesiones Tema 6 de la agenda
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
ECUADOR
 
ÍNDICE
Párrafos    
INTRODUCCIÓN                                                                                                   1 - 4
 I. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO   DE EXAMEN         5 - 59
 A. Exposición del Estado examinado                                                                     5 - 10
 B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado                                   11 - 59
 II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES                                                        60 - 61
 III. PROMESAS Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS                                                   62
Anexo. Composition of the delegation
INTRODUCCIÓN
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la decisión 5/1 del Consejo de Derechos Humanos el 18 de junio de 2006, celebró su primer período de sesiones del 7 al 18 de abril de 2008. El examen de la situación del Ecuador se llevó a cabo en la segunda sesión, que tuvo lugar el 7 de abril de 2008. La delegación del Ecuador estaba encabezada por el Excmo. Sr. Gustavo Jalkh, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. En su sexta sesión, celebrada el 9 de abril de 2008, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre el Ecuador.
2. El 28 de febrero de 2008, el Consejo de Derechos Humanos seleccionó el siguiente Grupo de Relatores (troika) para facilitar el examen: Italia, México y la India.
3. De conformidad con el párrafo 15 del anexo a la resolución 5/1, para examinar la situación del Ecuador se publicaron los siguientes documentos:
a) Un informe nacional presentado por escrito, de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/1/ECU/1);
b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/1/ECU/2);
c) Un resumen preparado por el ACNUDH, de conformidad con el párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/1/ECU/3).
4. Por conducto de la troika se transmitió al Ecuador una lista de cuestiones preparadas de antemano por los Estados miembros y los observadores del Consejo de Derechos Humanos.
I. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN
A. Exposición del Estado examinado
5. En la segunda sesión, celebrada el 7 de abril de 2008, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, Excmo. Sr. Gustavo Jalkh, presentó el informe nacional del Ecuador. Señaló que el Estado era Parte en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y que muy recientemente, el 3 de abril de 2008, había depositado su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo. El Ecuador estaba también al día en la presentación de informes a los órganos encargados de la supervisión de tratados. El Ecuador era además miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos y en 2002 había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales para que visitasen el país. En los seis últimos años el Ecuador había recibido cinco visitas de procedimientos especiales.
6. El Ecuador ha establecido también un mecanismo interno para la protección y la promoción efectivas de los derechos humanos. Ha aprobado un plan nacional de acción en materia de derechos humanos, que se está actualmente evaluando. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de reciente creación, coordina las actividades del Estado para garantizar la realización efectiva de los derechos humanos y, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualizará el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos para recoger las prioridades y los problemas actuales de modo operativo y para poder medir los progresos realizados. El Ecuador ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y creó en 2006 la Comisión Nacional de Derecho Humanitario, pero sigue pendiente el problema de la reforma de la legislación sobre el estado de emergencia en consonancia con el derecho humanitario internacional y la normativa internacional de derechos humanos.
7. La Constitución reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental y en el Ecuador no existe la pena de muerte. En cuanto a la erradicación de la tortura, el Ecuador ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ha comenzado ya el proceso de ratificación de su Protocolo Facultativo. Como parte de este proceso, la Asamblea Nacional Constituyente se ha ocupado, junto con diversas organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un proyecto encaminado a introducir reformas en el Código Penal, incluida una definición de la tortura conforme con la Convención. Siguen pendientes algunos problemas, como la necesidad de dar formación en materia de derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la eliminación de las jurisdicciones de las fuerzas públicas mediante una fusión jurisdiccional. En el esfuerzo por combatir la impunidad y reforzar el sistema judicial, es también necesario garantizar una mejor cobertura y la independencia estricta del poder judicial. El Ecuador ha creado la Comisión de la Verdad. Entre los principales problemas actuales cabe citar la reforma de la legislación sobre la seguridad nacional y la supresión de la jurisdicción de los tribunales militares y de policía para juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de policía y militares. Desde 2007, se ha integrado un manual de derechos humanos en la formación que se dispensa a la policía en la materia.
8. En respuesta a las cuestiones formuladas de antemano sobre el sistema penitenciario, cabe decir que en 2008 el Gobierno invertirá 90 millones de dólares de los EE.UU. en el sistema penitenciario, sobre todo en los sectores de infraestructura, centros de rehabilitación social, acceso a la asistencia letrada y detención preventiva. La meta que se ha fijado el Ecuador es que no haya en el país ningún niño encarcelado. El Ecuador promueve también un programa flexible para conceder el indulto a ciertas personas de conformidad con la ley, incluidos los enfermos en fase terminal, revisar el caso de los condenados a penas extraordinariamente graves y emprender un censo social de los detenidos, actividad actualmente en marcha.
9. Respecto de las cuestiones formuladas de antemano en relación con los defensores de los derechos humanos, se ha previsto amnistiar a todos los defensores de los derechos humanos procesados por protestas relacionadas con la minería y la tala. En relación con el acceso a la justicia y la reforma judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está coordinando la elaboración de un nuevo programa que tiene por objeto introducir en el juicio actuaciones orales y una transparencia mayor, creando centros de mediación y reforzando las carreras en la judicatura.
10. El Ecuador ha aumentado el presupuesto nacional en un 38% para poder invertir en los sectores sociales, en particular, ofrecer servicios de salud pública universales, gratuitos y de calidad y una enseñanza básica de calidad y gratuita, y crear oportunidades económicas para los grupos vulnerables. En relación con los derechos de la mujer, se ejecutan actualmente el Plan Nacional para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, el Plan Nacional para la prevención, erradicación y sanción de la trata de personas y el Plan Nacional de prevención y sanción de la violencia sexual. En relación con los derechos del niño, valga citar el Plan Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, en particular las actividades encaminadas a erradicar progresivamente el trabajo y la mendicidad infantiles y abordar la cuestión de la explotación de los niños. Se ha creado un consejo nacional para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad así como la Procuraduría de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un programa llamado "Ecuador sin barreras" promovido por el Gabinete del Vicepresidente. En cuanto a los derechos de los migrantes, como el Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, ha establecido la Secretaría Nacional del Migrante que se encarga de coordinar todas las actividades, aplicar las políticas y ofrecer una asistencia completa a los migrantes. El Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010 comprende también un programa que facilita el retorno de los ecuatorianos al país. El Ecuador ha ratificado todas las normas internacionales sobre refugiados y su marco institucional ofrece asistencia efectiva a los solicitantes de asilo, tanto para su reconocimiento como refugiados, como para su inserción social. A este respecto, el ACNUR reconoce que el Ecuador es un país con prácticas óptimas para la protección de los derechos de los refugiados. Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución reconoce la diversidad cultural del país y se han adoptado políticas públicas a largo plazo para atender las necesidades de las personas de ascendencia africana.
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
11. Durante el diálogo interactivo que siguió, formularon declaraciones 33 delegaciones.
12. El Representante de México pidió a la delegación del Ecuador que aportase información adicional sobre el punto de vista del Gobierno del Ecuador en relación con las cuatro cuestiones siguientes: i) información sobre las medidas adoptadas por el Ecuador en lo que atañe a la violencia de género, en particular las políticas legislativas y públicas encaminadas a combatir la violencia en el hogar; ii) información sobre la manera en que el Ecuador prevé completar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, sobre si existen las condiciones necesarias para el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, según se estipula en el Protocolo, y sobre si está previsto proceder a las reformas legislativas pertinentes en relación con el delito de tortura; iii) información sobre la educación intercultural bilingüe y su eventual obligatoriedad en el territorio nacional, y iv) interacción del sistema tradicional indígena de justicia con el sistema de justicia nacional.
13. La Federación de Rusia preguntó de qué modo evaluaba el Ecuador los progresos realizados en la ejecución del plan nacional de acción en materia de derechos humanos y qué resultados se habían obtenido y solicitó información sobre las medidas tomadas para combatir la corrupción y sobre su eficacia. También preguntó en qué fase de introducción de la enseñanza bilingüe se hallaba el Ecuador.
14. Túnez tomó nota de la existencia del Plan Nacional de Derechos Humanos y de la aplicación de diferentes medidas tomadas por el Estado en relación con la protección de los derechos humanos y observó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la FAO y el UNICEF habían apreciado las disposiciones tomadas por el Ecuador en favor de los derechos de las minorías, los niños, las mujeres y los trabajadores.
15. Guatemala expresó interés en las medidas tomadas para reducir el hacinamiento en las cárceles y para favorecer la rehabilitación penitenciaria y pidió información sobre la reforma de la justicia y la participación de la sociedad civil en ese proceso.
16. La delegación del Perú expresó su agradecimiento por la exposición del Ecuador y preguntó si existía en el país un registro nacional de las personas privadas de libertad. En relación con la libertad de expresión y opinión, incluido el derecho a recibir información, la delegación del Perú preguntó si había en el Ecuador una ley que garantizara el acceso a la información y, en caso afirmativo, qué progresos se habían realizado en la aplicación de sus disposiciones.
17. El Brasil pidió más información sobre la participación de los ciudadanos en el proceso de reforma de la administración de justicia y, teniendo en cuenta la función del Ecuador en la ejecución del Plan de Acción de México, pidió información sobre las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar un trato no discriminatorio y la integración de los solicitantes de asilo y de los refugiados.
18. Francia solicitó información sobre la aplicación del nuevo sistema adoptado tres años antes para la selección de jueces y magistrados y preguntó si el Ecuador había previsto crear órganos de inspección con objeto de supervisar la actividad de la policía.
19. China expresó su reconocimiento por el franco análisis que había presentado el Ecuador y pidió información sobre la manera de lograr la coordinación de los órganos de protección de los derechos humanos.
20. En relación con las medidas para combatir la violencia de género, la delegación del Ecuador señaló que se trataba de una política prioritaria. Había en la actualidad 31 comisiones de la mujer a las que podían acudir las mujeres para presentar denuncias. Esas comisiones estaban ya presentes en 17 provincias y se estaba procurando extender su presencia a otras. 
En relación con la lucha contra la tortura, la delegación señaló que el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura estaba en marcha y se confiaba en que la Asamblea Nacional Constituyente lo ratificara en breve. 
En respuesta a las cuestiones suscitadas por varios oradores en relación con los derechos de los pueblos indígenas, la delegación señaló que se había progresado hacia el reconocimiento de las prácticas del derecho consuetudinario, pero destacó que estas prácticas debían ser compatibles con el respeto de las garantías procesales y los principios generales de derechos humanos. 
Respecto a la eficacia de los planes de acción, la delegación señaló que se deseaba establecer parámetros estrictos para medir su avance, que podrían luego transformarse en políticas institucionales. 
En relación con la reforma penitenciaria, la delegación se refirió a la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema judicial y señaló que en las últimas semanas el Gobierno había propuesto financiar 20 tribunales penales nuevos con objeto de activar los procedimientos judiciales. Además, se había creado un servicio de defensa pública en asuntos penales, que ofrecía asistencia letrada a todos los ciudadanos y permitiría juzgar más rápidamente los casos. El Gobierno efectuaba también actualmente un censo completo de presos, que se actualizaría constantemente. La delegación señaló la importancia de crear un banco de datos de esta clase para disponer sin demora de información al día sobre las cárceles. 
En cuanto a la independencia del poder judicial, la delegación señaló que el país había pasado por la penosa experiencia de la crisis del Tribunal Supremo en 2004. Esta experiencia había despertado en el país una conciencia más clara de la necesidad de independencia del poder judicial, que se debía garantizar desde el comienzo de la carrera de un magistrado y a través de todos los procesos de selección y nombramiento de jueces y magistrados. El Gobierno se proponía promover la participación de la sociedad para garantizar una mayor transparencia en ese proceso de selección. 
En cuanto al derecho de acceso a la información, la delegación informó que existía en el Ecuador una ley sobre la transparencia de la información pública. Todas las instituciones públicas deben facilitar la información pública a toda persona que la solicite. Es ésta una práctica que ha producido excelentes resultados. El Gobierno y las instituciones públicas ponen sumo empeño en cumplir esta ley. 
Respecto del acceso a la justicia, la delegación observó que el programa estratégico de trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está orientado fundamentalmente a la supresión de tres barreras, a saber, las geográficas, las económicas y las culturales. Se ha procedido a una redistribución de los tribunales en el país de modo que estén más cerca del pueblo y el Gobierno está creando un servicio nacional de defensa pública para asuntos penales y civiles. El Gobierno establecerá también centros de mediación como método alternativo para la solución de conflictos, lo que acercará también a la población la solución de los conflictos. El Ecuador promueve asimismo la justicia de paz, una institución prevista en la Constitución pero que nunca se puso en práctica y para la cual se propone inspirarse en diversas buenas prácticas regionales, en particular las de su país vecino, el Perú. 
En cuanto a los refugiados, el Director General de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el Ecuador ha elaborado con sumo cuidado políticas encaminadas a promover la integración social y productiva de quienes solicitan el estatuto de refugiado. Estas políticas comprenden planes de contingencia interinstitucionales, que se aplican en casos de emergencia, por ejemplo desplazamientos masivos de Colombia al Ecuador. Desde hace varios años, el Ecuador sigue una política no discriminatoria en materia de salud, educación y trabajo. Toda persona que solicita el estatuto de refugiado tiene igualdad de acceso a la salud y a los centros educativos y, una vez conseguido el estatuto de refugiado, los beneficiarios pueden trabajar legalmente en el país. También existen en el Ecuador planes de integración social y comunitaria, que se ajustan al Plan de Acción de México de 2004. 
21. Cuba preguntó si se había fijado una fecha límite para el logro de la enseñanza básica gratuita y universal.
22. El representante de los Países Bajos tomó nota de los progresos ya realizados por el Ecuador en el sector de los derechos humanos y recomendó que se comunicasen con regularidad al Grupo de Trabajo los ulteriores avances en materia de reforma penitenciaria y de lucha contra todos los tipos de discriminación.
23. El Pakistán manifestó el deseo de obtener información adicional sobre las medidas tomadas para la protección de las comunidades afroecuatorianas contra el racismo y la xenofobia.
24. La Argentina solicitó información sobre la Comisión de la Verdad encargada de investigar los casos denunciados entre 1984 y 1988, incluidos los problemas con que se había tropezado y los éxitos obtenidos. La Argentina pidió también información adicional sobre la protección de los derechos de las personas discapacitadas.
25. El Canadá recomendó la continuación de la reforma del sistema judicial. Teniendo en cuenta la situación de los refugiados y los desplazamientos transfronterizos, el Canadá recomendó que el Ecuador tomase ulteriores medidas para combatir la trata de personas.
26. La República de Corea tomó nota de los esfuerzos desplegados por el Ecuador para promover los derechos de los pueblos indígenas, incluida la introducción de la enseñanza bilingüe. Preguntó cómo garantizaba o se proponía garantizar el Ecuador la protección de los derechos de los pueblos indígenas que vivían en regiones donde se procedía actualmente a exploraciones petrolíferas. 
También se pidió al Ecuador que expusiese con más detalle el contenido de la Ley de inmigración y la necesidad de un permiso de salida para viajar fuera del país. Corea preguntó además si el Ecuador había armonizado o estaba armonizando la definición del delito de tortura del Código Penal con la que figuraba en la Convención contra la Tortura.
27. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte señaló la necesidad de ulteriores progresos en la reforma judicial, las condiciones deficientes y el hacinamiento en las cárceles y las demoras procedimentales. Recomendó que continuase la reforma del poder judicial, en particular en lo que respecta a la independencia de la magistratura, la detención preventiva y la duración de ésta, y alentó al Estado a que siguiera recabando la participación de la sociedad civil en el proceso de examen periódico universal y en el seguimiento de los resultados de este proceso. 
Advirtiendo el empleo de una fuerza excesiva por la policía, alentó al Estado a que reforzara la formación de las fuerzas de policía en materia de derechos humanos. En relación con las cuestiones sociales, acogió con satisfacción la introducción de un plan para combatir el trabajo infantil. 
28. Respecto de la situación de los detenidos en las cárceles y la propuesta de mejoras mencionada, Suecia manifestó el deseo de que el Ecuador describiera con más detalle el calendario para la ejecución de esa propuesta y los mecanismos de seguimiento previstos. 
En relación con los tribunales militares y de policía separados y la preocupación por su falta de imparcialidad y en relación también con la decisión mencionada de que las violaciones de los derechos humanos se podrán examinar en esos tribunales, Suecia solicitó una explicación más detallada sobre las instancias judiciales y de otra clase que decidirían si un presunto delito constituye efectivamente una violación de derechos humanos y sólo se lo podría juzgar en un tribunal civil.
29. Chile tomó nota de la utilidad de las amplias consultas del Gobierno con la sociedad civil emprendidas para la elaboración del informe y pidió al Gobierno que diera más información sobre la manera en que se estaban incorporando los derechos humanos en la nueva Constitución.
30. En respuesta a estas últimas cuestiones, la delegación del Ecuador señaló que se disponía ya de un plan con presupuesto atribuido, que se ocupaba de los dos centros principales en Guayaquil. El año había comenzado con el establecimiento de nuevos centros de detención, lo que resolvería la falta de 10.000 plazas. También estaba prevista la creación de siete centros nuevos y se podrían tomar medidas mucho más concluyentes para la rehabilitación y la reinserción social de los presos. 
En relación con el acceso a la información pública, la delegación señaló que la información sobre todos los programas de los ministerios estaba disponible en su página web y que esta información se facilitaba para mostrar los progresos realizados en los diferentes sectores. 
En cuanto al acceso a la justicia, la delegación se refirió a la importancia del principio de la independencia de la justicia y de la transparencia. En particular, sobre la cuestión de la carrera judicial, el Gobierno estimaba que los jueces deberían ser funcionarios públicos pero estaban sujetos a evaluación. El sistema no había funcionado de un modo perfecto en el Ecuador, pero el Gobierno confiaba en que se establecería un sistema de carrera y en que éste pudiera repercutir en la independencia del poder judicial. La delegación indicó también que los tribunales ordinarios se estaban ocupando de los casos de violación de los derechos humanos por funcionarios militares y de policía y estaban obteniendo resultados y sancionando a los miembros de estas fuerzas. La delegación reconoció que el Ecuador necesitaba suprimir los tribunales de policía y militares e indicó que esta supresión se efectuaría dentro de los plazos previstos de reforma institucional. 
En relación con la pregunta de China sobre la coordinación de los diferentes organismos, la delegación señaló que esta coordinación incumbía al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Respecto de la buena práctica policial de disponer de un órgano que verificase la observancia de los derechos humanos por los miembros de la policía, la delegación señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deseaba establecer una oficina en el Ministerio del Interior a este respecto con objeto de generar en la policía una cultura de respeto de los derechos humanos. 
Acerca de los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución garantizaba que el Estado era una sociedad multicultural y multiétnica. El Ecuador no sólo era Parte en el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes sino que también había copatrocinado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Gobierno había apreciado las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y en febrero de 2007 había establecido, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. En el Ministerio del Interior existía un Departamento de Educación del Pueblo Indígena y un sistema de educación intercultural bilingüe, la Dirección de Salud del Pueblo Indígena formaba parte del Ministerio de Salud y había una dirección nacional de pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo. La Ley orgánica sobre las instituciones indígenas recientemente aprobada por el Congreso garantizaba el estatuto legal de las diferentes instituciones indígenas.  
El Ecuador había desplegado también un gran esfuerzo para aceptar a la población afroecuatoriana como elemento importante de desarrollo y participación en la economía y la sociedad y se había creado un Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano adscrito al Gabinete del Presidente. La delegación señaló que ya no se exigía un permiso de salida para viajar fuera del país.
31. El Uruguay puso de relieve las amplias consultas emprendidas por el Ecuador para la preparación de ese informe y la invitación permanente a los procedimientos especiales para visitar el país. Como resultado de las visitas realizadas, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales habían identificado diversas dificultades en ciertos sectores y formulado recomendaciones para superarlas. Era evidente que el Ecuador había hecho un esfuerzo y seguía esforzándose por garantizar la promoción y la protección de quienes vivían en su territorio, fueran éstos nacionales o extranjeros. El Uruguay pedía al Representante del Ecuador que facilitara información sobre la manera en que el sistema de justicia indígena coexistía con las normas internacionales.
32. Eslovenia solicitó información sobre la forma en que el Ecuador había integrado la perspectiva de género en la preparación de su informe y recomendó que el Ecuador siguiera incluyendo la perspectiva de género en el proceso de seguimiento del Examen Periódico Universal. 
También solicitó información sobre cómo abordaba el Ecuador la cuestión de la doble discriminación de la mujer perteneciente a una minoría étnica y su falta de representación política, con objeto de cumplir las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
Eslovenia se refirió también a los incidentes notificados de abusos y tortura contra miembros de la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestidos y preguntó qué estaba haciendo el Gobierno para aplicar el principio de la universalidad y la normativa internacional general en materia de derechos humanos a la orientación sexual y a la identidad de género. Eslovenia recomendó que el Ecuador pusiera más empeño en obtener la no discriminación por estas razones y en aplicar los Principios de Yogyakarta.
33. La República Dominicana expresó su agradecimiento por la exposición efectuada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En particular, solicitó más información sobre la Comisión de Coordinación Pública y sobre sus actividades. En relación con el derecho a la vida, la República Dominicana pidió información sobre las medidas adoptadas por las autoridades ecuatorianas para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
34. Venezuela reconoció los esfuerzos desplegados por el Ecuador para promover y proteger los derechos humanos y felicitó al Gobierno por el amplio proceso de consulta entablado para la preparación del informe. Pidió por otra parte al Ecuador que facilitase más información sobre los derechos sociales y económicos, los derechos colectivos y los derechos civiles y políticos, en particular en el proceso de redacción de las disposiciones constitucionales.
35. Honduras observó que las personas de edad constituían un importante segmento de la población y preguntó qué tipo de medidas estaba tomando el Ecuador para garantizar que disfrutasen de los derechos fundamentales. También pidió información sobre los emigrantes ecuatorianos y sobre las políticas gubernamentales que garantizaban su derecho al regreso y su reintegración económica y social.
36. Indonesia señaló que el Ecuador había obrado diligentemente en favor de la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente la promoción de los derechos de la mujer en la esfera política, y había puesto empeño en combatir la corrupción y la pobreza. Indonesia preguntó cuál era, a juicio del Gobierno, el mayor problema con que tropezaba para promover los derechos de grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y los migrantes.
37. Australia solicitó información sobre la conformidad de las instituciones nacionales de derechos humanos con los Principios de París.
38. Sri Lanka señaló que el Ecuador había emprendido un proceso de honda transformación, que tenía muchos elementos en común con otros países.
39. Los Estados Unidos de América deseaban más información sobre la promoción de la independencia del poder judicial, el mayor respeto del estado de derecho y el calendario para la ejecución de las medidas tomadas a este respecto. Tomaron nota también de los informes sobre la impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad y pidieron información adicional sobre la acción del Ecuador para prevenir el empleo excesivo de la fuerza y las ejecuciones ilegales por las fuerzas de seguridad y para perseguir a los autores de estos actos.
40. Bolivia se refirió a las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades para los migrantes y expresó su deseo de recibir información adicional sobre la protección de los derechos de las poblaciones indígenas.
41. La Santa Sede expresó su apoyo por la manera en que el Ecuador definía el derecho a la vida y al derecho a no ser objeto de presiones excesivas al respecto. Pidió también más información sobre la aplicación del derecho a la vida.
42. Azerbaiyán tomó nota de la adopción del plan de acción en favor de los derechos humanos y pidió también más información sobre la reforma del poder judicial y su situación actual.
43. Italia recomendó la adopción de medidas adecuadas para combatir el trabajo infantil y la explotación de los niños y para erradicar la violencia de género, en particular la violencia en el hogar. También recomendó la adopción de medidas adecuadas para mejorar las condiciones de detención, como recomendó el Comité contra la Tortura en 2006 y 2007. Italia señaló también la importancia de la formación en derechos humanos a todos los niveles.
44. Nicaragua manifestó su aprecio por el completo informe presentado por el Ecuador y por la información proporcionada sobre los progresos realizados en la promoción y la protección de los derechos humanos. Observando que el Ecuador estaba redactando una nueva Constitución y acogiendo con agrado la adopción de un plan de desarrollo nacional con un criterio fundado en los derechos, pidió a la delegación del Ecuador que facilitara información sobre la manera en que el actual proceso de reforma constitucional se incorporaría en el plan de desarrollo nacional.
45. Alemania señaló que las condiciones en las cárceles eran una de sus principales preocupaciones y pidió información adicional sobre el trabajo infantil y la explotación sexual de los niños, en particular sobre las medidas y criterios que el Ecuador había utilizado para progresar en esta esfera.
46. Ghana preguntó si las nuevas reformas constitucionales iban a reforzar la protección de los derechos de los migrantes, los indígenas y los afroecuatorianos.
47. En respuesta, el representante del Ecuador declaró que, para cumplir los Principios de París, se había establecido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y señaló que el imperio de la ley era fundamental para el respeto de los derechos humanos y que el sistema de justicia nacional era el primer garante de estos derechos. Este sistema velaba por la sanción de toda violación de los derechos humanos y constituía el plan nacional de seguridad para los ciudadanos, además de aumentar la capacidad de la policía. El Ecuador observó que se había organizado un programa de formación con objeto de aumentar los conocimientos prácticos de la policía en materia de derechos humanos.
48. Este progreso estaba relacionado con los derechos sociales y económicos, y las políticas nacionales de seguridad y empleo se aplicaban a diversos grupos como los pueblos indígenas, las personas de ascendencia africana, los migrantes y las personas de edad, con una perspectiva de género.
49. Dos políticas del Gobierno guardaban relación con la educación y la salud. En 2005 se elaboró un plan decenal de educación cuya finalidad fundamental era ofrecer la enseñanza elemental gratuita. La consignación presupuestaria había aumentado a 38%. Se habían reducido los obstáculos al ingreso en las escuelas y se habían iniciado programas, como el programa de libros de texto para las escuelas, cuyo objeto era atender a 1,3 millones de niños y que garantiza la diversidad cultural. Este programa comprendía libros de texto bilingües en idiomas indígenas. También se proporcionaban uniformes escolares gratuitos. Se habían creado 15.000 empleos de maestro y el sistema de educación era objeto de una planificación estricta, con un aumento de las inversiones en educación, incluida la infraestructura y la formación de un número mayor de maestros.
50. En cuanto al sistema de salud, el Ecuador señaló que se había producido una auténtica revolución. Había unas brigadas de salud básica que ofrecían atención domiciliaria. El Ecuador había transferido considerables recursos para proporcionar equipo y mejorar la infraestructura. Se procedía al suministro gratuito de medicamentos genéricos y el Gobierno había establecido además un programa encaminado a erradicar la malnutrición infantil.
51. En lo que respecta al incentivo laboral, el departamento social tenía un programa territorial completo para coordinar esas actividades. El Ecuador se refirió al desarrollo económico a este respecto, incluidos los programas de contratación pública que ofrecían trabajo a la población de ascendencia africana.
52. El Ecuador señaló que la Constitución garantizaba la igualdad entre el hombre y la mujer. Se había creado una comisión encargada de aplicar esas disposiciones. En la actualidad existían algunas deficiencias y la nueva Constitución serviría de base para abordar la cuestión de la igualdad. Era necesario obtener el apoyo del movimiento femenino y coordinar las exigencias para la nueva Constitución. Se necesitaba una participación mayor de la mujer en la Asamblea y en el plano local y un reforzamiento de las instituciones pertinentes, la principal de las cuales era la Secretaría de Planificación, que incorporaba perspectivas de género transectoriales en las políticas públicas, además del Consejo Nacional de la Mujer que comprendía organizaciones de la sociedad civil para aumentar su impacto en la política pública e incrementar la consignación presupuestaria para asuntos de la mujer. La perspectiva de género era una prioridad de todas las políticas. El Ecuador destacó la participación del movimiento social en la preparación de informes y la elaboración de planes para obtener la igualdad de oportunidades.
53. En cuanto a la inserción económica y social de las personas de edad, el Ecuador ha elaborado una política pública pertinente y un nuevo sistema para administrar programas integrados y crear las condiciones necesarias para ofrecer atención completa en 64 unidades geriátricas, así como programas de formación para servicios basados en la comunidad. Esta política se está aplicando en colaboración con instituciones del sector privado y se llevan a cabo programas de asistencia integrada en hogares y se proporcionan también alimentos a diario. El Ecuador dispone de hogares para las personas de edad privadas de libertad y ha creado también el primer instituto de investigaciones sobre gerontología.
54. En relación con el tratamiento que se da a los migrantes, la delegación indicó que en 2007 se había creado la Secretaría Nacional del Migrante, en cuya política el ser humano sigue ocupando un lugar central. También se ha aprobado un plan nacional de desarrollo humano para las migraciones, teniendo en cuenta las opiniones de la sociedad civil. La Secretaría Nacional tiene una función de coordinación de las diferentes instituciones con hincapié en el género. Un proyecto concreto es "Casa ecuatoriana", en el que se presta atención especial a la mujer. Hay un programa voluntario de retorno digno y sostenible y el Gobierno dedica un presupuesto anual de 5 millones de dólares de los EE.UU. a la ejecución de programas productivos en los que pueden participar la sociedad civil y organismos públicos. El Ecuador trata de aplicar una política consecuente y de cumplir sus obligaciones en relación con los migrantes. Los esfuerzos que despliega el Estado deben recibir el apoyo de la comunidad internacional.
55. La creación de una institución nacional para defender los derechos humanos entraña la coordinación con otros órganos, incluido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras instituciones independientes. En virtud de la legislación y de la Constitución ecuatorianas, la vida está protegida desde el momento de la concepción.
56. En cuanto a la protección social de los niños, en particular la eliminación del fenómeno de los niños de la calle, la delegación indicó que el Ecuador dispone de un plan de protección nacional especial y ha procurado identificar las zonas donde los niños se ven obligados a mendigar y son víctimas de explotación laboral en la calle. El Ecuador está ejecutando un plan nacional para erradicar la mendicidad infantil que conduce a la explotación sexual y laboral, en colaboración con los niños afectados.
57. En lo que respecta a la coordinación entre órganos de derechos humanos, la delegación indicó que el Ecuador había establecido en 2002 un organismo de coordinación en el que participaban varias instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil y que comprendía la participación de éstas en la preparación de informes a los órganos de tratados y en el examen y evaluación de las recomendaciones formuladas por los procedimientos especiales, incluida la difusión de las recomendaciones.
58. En sus observaciones finales, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que el Ecuador apoyaba plenamente el Examen Periódico Universal como mecanismo que garantizaba la universalidad y la igualdad de trato de todos los Estados sobre la base de un diálogo interactivo y de la cooperación, promoviendo la capacidad del Estado para mejorar la aplicación de las políticas públicas y de las prácticas de promoción y protección de los derechos humanos. Señaló que el ejercicio había sido útil para inspirar las políticas públicas en el país.  
59. El Ministro afirmó también que el Ecuador esperaba la asistencia de la comunidad internacional y aguardaba las recomendaciones que se le presentarían como parte de este ejercicio. Destacó que el intercambio de prácticas era uno de los principales objetivos del Examen Periódico Universal y señaló que la política del Ecuador en relación con los migrantes se centraba en las personas y trataba de obtener que el proceso de migración fuese digno y que las sociedades de origen y destino participasen efectivamente. Pidió pues a todos los países que no lo hubieran hecho todavía que ratificaran la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
60. Durante el diálogo interactivo, diferentes países formularon las siguientes recomendaciones:
1. Dar información en el futuro sobre los ulteriores progresos en la reforma penitenciaria y la lucha contra la discriminación (Países Bajos);
2. Continuar la formación de las fuerzas de policía en materia de derechos humanos (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
3. Aplicar los planes para la erradicación del trabajo infantil y prever su seguimiento (Italia);
4. Tomar medidas adecuadas para mejorar más las condiciones de los detenidos en las cárceles, como recomendó el Comité contra la Tortura en 2006 y 2007 (Italia);
5. Establecer un calendario y un mecanismo de seguimiento en relación con la mejora de la situación de los detenidos en las cárceles (Suecia);
6. Incluir una perspectiva de género en el proceso de seguimiento del Examen Periódico Universal (Eslovenia);
7. Aplicar medidas para combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, así como otras violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestidos (Eslovenia);
8. Tomar medidas adecuadas para erradicar la violencia basada en el género, concretamente la violencia en el hogar (Italia y México);
9. Continuar la reforma del sistema judicial (Canadá y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
10. Tomar ulteriores medidas para combatir la trata de personas (Canadá).
61. Todas las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo han sido examinadas por el Ecuador y gozan de su apoyo.
Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe
reflejan la posición del Estado o Estados que las presentaron y/o el Estado examinado, y no
debe interpretarse que han recibido el respaldo del conjunto del Grupo de Trabajo
[Párrafo insertado A/HRC/8/20/Corr.1, 11 de junio de 2008 ]
III. PROMESAS Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS
62. Antes de la adopción de los resultados por el Pleno del Consejo en junio de 2008, el Ecuador estará listo para presentar promesas y compromisos voluntarios sobre la base de su informe al Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta el contenido del diálogo interactivo y después de un amplio proceso de consulta interna.
Anexo
COMPOSITION OF THE DELEGATION*
H.E. Mr. Gustavo Jalkh, Minister of Justice and Human Rights, Head of the delegation
H.E. Mr. Emilio Izquierdo, Under-Secretary of Multilateral Relations, Minister for Foreign Affairs
H.E. Mr. Mauricio Montalvo, Permanent Representative to the United Nations Office at Geneva 
Mr. Augusto Saá, Director-General of Human Rights and Social Affairs, Ministry for Foreign Affairs 
Mr. José Rosero, Vice-Minister of Coordination and Social Development, Ministry of Coordination and Social Development 
María de Lourdes Portaluppi, Under-Secretary of Family and Child Protection, Ministry of Economic and Social Inclusion; delegate of the National Child Counsel
Juan Meriguet, Under-Secretary of People, Social Movements and Citizen Participation 
Felipe Abril, Under-Secretary of Policy Coordination, Government Ministry 
Ximena Abarca, Executive Director of the National Council for Women 
Remigia Saldaña, Director of Protection Policies at the Migrant National Secretariat 
Juan Holguín, Minister, Deputy Permanent Representative the United Nations Office at Geneva 
Carlos Santos, Counsellor 
Luis Vayas, First Secretary
Leticia Baquerizo, Second Secretary 
María del Carmen Vivar, Third Secretary 
Ramiro Rivadeneira, Adviser to the Minister of Justice 
Lorena Sánchez, General Direction of Human Rights and Social Affairs Assistant.

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