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27.feb 2017
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Comité de Derechos Humanos ONU. Informe de Recomendaciones a Chile

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onu El Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicó sus Observaciones y Recomendaciones al Estado de Chile, tras examinar el Sexto informe periódico de Chile.

Publicamos documento completo.

 

 


[Versión avanzada sin editar]

 

Comité de Derechos Humanos

111º período de sesiones

7 a 25 de julio de 2014

Tema 6 del programa

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

 

Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile

Proyecto preparado por el Comité

1. El Comité de Derechos Humanos examinó el sexto informe periódico presentado por Chile (CCPR/C/CHL/6) en sus sesiones 3068º y 3069º (CCPR/C/SR.3068 y 3069), celebradas los días 7 y 8 de julio de 2014. En su 3090ª sesión (CCPR/C/SR.3090), celebrada el 22 de julio de 2014, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del sexto informe periódico de Chile y la información brindada. Expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo establecido con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por este durante el período al que se refiere el informe para aplicar las disposiciones del Pacto. El Comité agradece al Estado parte sus respuestas escritas (CCPR/C/CHL/Q/6/Add.1) a la lista de cuestiones (CCPR/C/CHL/Q/6), que fueron complementadas por las respuestas orales de la delegación.

B. Aspectos positivos

3. El Comité acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte:

a) La adopción de la Ley 20.609 (2012), sobre la no discriminación;

b) La adopción de la Ley 20.507 (2011), sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas; y

c) La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2009, Ley 20.405.

4. El Comité acoge con satisfacción la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, o su adhesión a los mismos:

a) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el 26 de septiembre de 2008;

b) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el 8 diciembre de 2009;

c) El Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 12 de diciembre de 2008;

d) El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el 15 de septiembre de 2008; y

e) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y suProtocolo Facultativo, el 29 de julio de 2008.

 

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Reservas

5. Preocupa al Comité que el Estado parte mantenga las declaraciones que hizo en el momento de ratificar los dos Protocolos Facultativos del Pacto. (art. 2).

El Estado parte debe considerar la posibilidad de retirar sus declaraciones, en particular la relacionada con el Protocolo Facultativo del Pacto relativo al mecanismo de comunicaciones individuales.

Instituto Nacional de Derechos Humanos

6. El Comité acoge con satisfacción el establecimiento del INDH en 2009 y su acreditación en la categoría A por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC). Sin embargo, expresa su preocupación que el INDH no disponga de recursos propios suficientes para la plena ejecución de su mandato y que no cubra todas las regiones del territorio nacional (art. 2).

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para lograr que el INDH disponga de los recursos necesarios para poder desempeñar su mandato eficazmente, en todas las regiones del país.

Antiterrorismo

7. El Comité sigue preocupado (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 7) ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista (Ley No. 18.314), la cual es demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación. Por ejemplo, pese la información de la delegación de que esta ley no se utiliza para la persecución penal en contra de miembros de la comunidad Mapuche, al Comité le preocupa información que señala que ésta ha sido utilizada para la investigación y, en algunos casos, para la persecución penal de miembros de las comunidades Mapuches. El Comité reitera que las garantías procesales se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley (arts. 2, 14, 26 y 27)

El Estado parte debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra el terrorismo no estén dirigidas a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural. Asimismo, debe asegurar que las garantías procesales, contenidas en el artículo 14 del Pacto, sean respetadas. El Comité insta al Estado parte a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en contra de los Mapuches.

Investigación por casos de violaciones de derechos humanos del pasado

8. El Comité celebra los avances que se han dado en la investigación, juzgamiento y sanción por casos de graves violaciones de derechos humanos del pasado. Sin embargo, le preocupa al Comité la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción”, contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. El Comité también está preocupado sobre el carácter de secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT) (arts. 2 y14).

El Comité insta al Estado parte a derogar o enmendar el artículo 103 del Código Penal para hacerlo plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe continuar desplegando un esfuerzo riguroso para impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos, velando por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes. Debe también hacer público los documentos de la Comisión de Verdad y Reconciliación y la CNPPT.

Amnistía

9. El Comité nota con satisfacción la explicación provista por el Estado parte que la Ley de Amnistía (Decreto Ley No. 2.191 de 1978) no reviste aplicación práctica en Chile, sin embargo reitera su preocupación (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 5) que ésta continúe vigente lo que deja abierta la posibilidad de su aplicación (arts. 2, 6 y 7 del Pacto).

El Estado debe eliminar la vigencia legal de la Ley de Amnistía y asegurarse que la misma siga sin aplicarse a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Pueblos indígenas

10. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte, al Comité le sigue preocupando que los pueblos indígenas no sean consultados previamente en el proceso de adopción de decisiones respecto de cuestiones que afectan a sus derechos y que todavía no se haya establecido un mecanismo efectivo de consulta y participación indígena, de acuerdo a las normas internacionales. Al Comité le preocupa, pese al contenido de sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 19), la lentitud en la aprobación de la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y la morosidad en la aprobación del proyecto para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas. Asimismo, le preocupa que el mecanismo de compra de tierras para las comunidades indígenas es todavía insuficiente para garantizar el derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas (art.1 y 27).

El Comité recomienda al Estado parte que:

(a) acelere el proceso de reforma constitucional y que incluya el reconocimiento de los pueblos indígenas;

(b) realice todos los esfuerzos posibles, consultando a las comunidades indígenas, para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas;

(c) se establezca un mecanismo efectivo de consulta y que éste se ajuste a los principios del artículo 27 del Pacto y garantice el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas con respecto a decisiones relativas a proyectos que afecten a sus derechos, en particular debe velar por que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades indígenas antes de que se adopte cualquier medida que ponga en peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfiera sustancialmente en ellas; y

(d) redoble sus esfuerzos encaminados para garantizar el pleno derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.

No-discriminación e igualdad entre hombres y mujeres

11. El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la nueva ley de no discriminación, sin embargo le preocupa que esta ley no haya incluido el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, de conformidad con el artículo 3 del Pacto. Asimismo, el Comité nota con preocupación que prevalecen estereotipos, discriminación y marginación, en particular en contra de las mujeres (arts. 2, 3 y 26).

El Estado parte debe adoptar una legislación que garantice expresamente el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, de conformidad con el artículo 3 del Pacto. Asimismo, debe adoptar un mecanismo efectivo de reparación a las víctimas de discriminación.

12. Si bien toma nota del reconocimiento por la delegación de la necesidad de reformas a la legislación que discrimina la mujer en lo que se refiere a la administración de los bienes matrimoniales, el Comité lamenta que siga vigente el régimen de “sociedad conyugal” (arts.3 y 26).

El Estado parte debe acelerar la aprobación de una ley para abrogar el régimen de “sociedad conyugal”, asegurando que el nuevo régimen patrimonial del matrimonio garantice la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.

13. No obstante su recomendación previa (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 18), el Comité sigue preocupado por el bajo nivel de representación de las mujeres en el sector público y privado, en especial en funciones decisorias. Pese a la Ley No. 20.348 que establece igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, el Comité lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres y nota con preocupación las debilidades en la implementación de la Ley No. 20.348 y el bajo conocimiento de la población sobre la existencia de la misma. (arts. 2, 3 y 26).

El Estado parte debería hacer más esfuerzos por aumentar la participación de la mujer en los sectores público y privado y, si es necesario, tomar "medidas especiales de carácter temporal". El Estado parte debe aumentar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género y llevar a cabo campañas de sensibilización al efecto, especialmente en el ámbito laboral. El Estado parte debe adoptar urgentemente medidas concretas para asegurar la implementación de su legislación y que ésta garantice la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Discriminación en contra de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans (LGBT)

14. Pese al contenido de sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 16), el Comité está preocupado por las informaciones sobre la discriminación y los actos de violencia sufridos por las personas LGBT. Pese a la intención expresada por el Estado parte de derogar el artículo 373 del Código Penal, el Comité nota con preocupación que éste siga siendo utilizado para detener y hostilizar a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 3, 6, 7 y 26).

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para proporcionar una protección eficaz contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género, en particular en el sistema educativo, y poner en marcha una campaña de sensibilización destinada al público en general con el fin de luchar contra los prejuicios sociales. El Estado parte debe derogar el artículo 373 del Código Penal y velar por que se proceda a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de todo acto de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

Aborto

15. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 8), expresa su preocupación por la persistencia de la criminalización absoluta del aborto que obliga a las mujeres embarazadas a busar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre un proyecto de ley en tramitación que pretende incluir excepciones a la prohibición absoluta del aborto, el Comité nota con preocupación que este proyecto no incluye la excepción al aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto. El Comité también está preocupado por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna y embarazos adolescentes (arts. 3 y 6).

El Estado parte debe establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva, en particular entre la población adolescente.

Violencia contra la mujer

16. El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas para combatir la violencia contra la mujer y la información provista por la delegación sobre una iniciativa de ley de eliminación de la violencia contra las mujeres que abarcará todas las formas y manifestaciones de ésta. No obstante, el Comité está preocupado por la persistencia de ese fenómeno. Al Comité le preocupa el delito de “maltrato habitual”, contenido en la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley No. 20.066), que impone una barrera procesal a la víctima que no puede denunciar los hechos directamente al órgano persecutor, en particular en casos de violencia psicológica. Al Comité también le preocupan las deficiencias en la atención a las víctimas de violencia y el número limitado de fiscales y personal judicial especializados en violencia doméstica (arts. 3, 6, 7, 14 y 26).

El Estado parte debe acelerar la adopción de la nueva ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que ésta abarque todas las formas y manifestaciones de violencia y que excluya el requisito del “maltrato habitual. De la misma forma, debe reforzar e institucionalizar una capacitación con perspectiva de género, obligatoria para todo el personal judicial y los miembros de la fuerza pública con el fin de asegurar que estén preparados para responder de forma efectiva a todas las formas de violencia en contra de la mujer. El Estado debería aumentar el número de fiscales y personal judicial especializados en violencia doméstica.

Prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes

17. Al Comité le preocupa que el plazo de prescripción para del delito de tortura sea de diez años (art. 7).

El Estado parte debe ampliar el plazo de prescripción para los delitos de tortura, teniendo en cuenta la gravedad de este delito, de forma que todos los actos de tortura se puedan investigar con eficacia y, en su caso, enjuiciar y sancionar.

18. Al tiempo que toma nota de la intención del Estado parte de designar el INDH como mecanismo nacional de prevención a los efectos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, al Comité le preocupa que dicho mecanismo aún no se haya creado (art. 7).

El Estado debe agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para crear un mecanismo nacional de prevención independiente.

19. El Comité observa con preocupación que sigue habiendo denuncias de torturas y malos tratos por parte de funcionarios del Estado. En particular, al Comité le preocupa el excesivo uso de la fuerza en el marco de protestas ciudadanas, así como casos de tortura durante el traslado y detención de personas, incluidas denuncias de violencia sexual policial en contra de niñas y mujeres, en el contexto de protestas estudiantiles (art. 7).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre otras cosas reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad y revisando los protocolos de actuación del personal encargado de hacer cumplir la ley, a la luz de los estándares internacionales en la materia. Asimismo, el Estado parte debe velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente, porque los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia y porque las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación.

Trata de personas

20. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la trata de personas (incluida la trata interna), el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica, el Comité está preocupado por la persistencia de esas prácticas, en particular en contra de mujeres y niñas. Al Comité le preocupa la falta de eficacia para combatir este delito (art. 8).

El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, incluyendo la trata interna de personas. El Estado parte debe velar por la aplicación efectiva del marco jurídico en vigor contra la trata y tráfico de personas en todos los niveles del Estado y debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de inmigración, y ofrecer protección, rehabilitación y reparación a las víctimas. El Estado debe, asimismo, garantizar que las denuncias de esas prácticas sean investigadas, que los responsables comparezcan ante la justicia y sean condenados con penas adecuadas.

Condiciones de detención

 

21. El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte, sin embargo, le preocupa la persistencia de los altos niveles de hacinamiento, las malas condiciones imperantes en los lugares de detención y la ausencia de objetivos precisos para resolver los problemas Asimismo, le preocupa la elevada tasa de encarcelamiento, inclusive en los sitios de privación de libertad para jóvenes. Pese a la información provista por el Estado parte de que el promedio de la duración de la medida disciplinaria de celda solitaria ha disminuido, el Comité expresa nuevamente su preocupación (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 11) por el persistente uso de esta medida (arts. 7 y 10).

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. En particular, el Estado parte debe adecuar los centros de privación de libertad para jóvenes a los estándares internacionales. El uso de la medida disciplinaria de celda solitaria debe ser revisado y su aplicación restringida a circunstancias excepcionales y por períodos estrictamente limitados.

Tribunales Militares

22. El Comité toma nota con satisfacción de la promulgación de la Ley 20.477 que limita la competencia de tribunales militares, sin embargo considera que ésta no cumple plenamente con la recomendación anterior del Comité (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 12). El Comité toma nota del Tribunal Constitucional, sin embargo le preocupa que los tribunales militares sigan teniendo competencia respecto a delitos en contra de civiles cometidos por militares, incluso por carabineros (arts. 2, 6, 7 y 14).

A la luz de la recomendación anterior del Comité, el Estado parte debe modificar las normas penales militares vigentes para excluir del fuero militar los casos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, debe prohibirse que los tribunales militares juzguen a civiles.

Inmigración

23. El Comité acoge con satisfacción la nueva iniciativa de ley sobre migración, sin embargo le preocupa que ésta no garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto, en particular lamenta que la ampliación del plazo de presentación de recursos contra las decisiones de expulsión (48 horas) sea muy exiguo. Al Comité le preocupa que la Ley de Extranjería en vigor determine la posibilidad de confiscar documentos de identidad de un trabajador migratorio cuando éste viole las leyes de migración (arts. 12 y 13 del Pacto).

El Estado parte debe acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre migración, asegurando que éste garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto. El Estado parte debe asegurar a las personas sujetas a procesos de deportación el ejercicio efectivo de su derecho a ser oídos, a contar con una representación adecuada y el plazo adecuado para interponer recursos contra las decisiones de expulsión. El Comité alienta al Estado parte a eliminar la práctica de confiscar los documentos de identidad a un trabajador migratorio y adecuar su legislación al artículo 12 del Pacto, tomando en cuenta la Recomendación General No. 27 (1999) sobre libertad de circulación.

Objeción de conciencia al servicio militar

24. Pese la información suministrada por el Estado parte de que la normativa vigente establece la voluntariedad como criterio prevalente para llenar las vacantes de reclutamiento y que la realización obligatoria perdura sólo como criterio subsidiario, el Comité sigue preocupado que la ley vigente no reconozca la objeción de conciencia al servicio militar, como lo indicó anteriormente (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 13) (art. 18).

El Estado parte debe agilizar la adopción de una legislación que reconozca la objeción de conciencia al servicio militar.

25. El Estado parte debe difundir ampliamente el Pacto, los Protocolos Facultativos del Pacto, el texto de su sexto informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales, para concienciar en mayor medida a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país, así como la población en general. El Comité pide al Estado parte que, al preparar su séptimo informe periódico, realice amplias consultas con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

26. De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, dentro del plazo de un año, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 7, 15 y 19 supra.

27. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, que habrá de presentarse a más tardar el 31 de julio de 2019, facilite información concreta y actualizada sobre todas sus recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto.

 


 

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