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23.sep 2018
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El Tatio cautivo

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(Por Leyla Noriega)

¿Qué postal de la Región de Antofagasta no luce a los géiseres de El Tatio como una belleza natural en territorio likan antay?

Claro que lo último es obviado, porque manifestar que “está en territorio ancestral indígena”, es perder todas las garantías de explotación por parte del privado o del Estado. No obstante, los géiseres del Tatio son parte de las riquezas indígenas (a quien le guste o no, es así) y los representantes comunitarios de la zona se lo han hecho saber a cuanta persona se les pase por delante:  ” (El Tatio) pertenece a los ancestros y por ende a nosotros y nadie tiene el derecho de imponer su intervención”, enfatizaron dirigentes en declaraciones a La Estrella del Loa.

Más caliente que nunca brotan los chorros de agua de los géiseres. Más madrugadoras que nunca aparecen las nubes de vapor de la tierra; es que El Tatio se siente humillado porque sabe que puede perder su libertad y ser sometido al usufructo del territorio, maquinarias y explotación para generar energía geotérmica… Nuevamente a costa de los atropellos de los derechos indígenas.

“Ya antes se secaron las vegas y se han hecho grandes daños, llevándose el agua para las mineras, y a cambio, no recibimos nada. Todo está tal cual como lo dejaron nuestros abuelos. Tienen una deuda histórica para con nosotros y ahora que nos quiten El Tatio, es extremadamente peligroso. Vamos a desaparecer. Con la administración turística incluso logramos que volvieran algunos jóvenes que habían emigrado del pueblo por falta de oportunidades. Pero si se interviene y se saca el agua, ya no quedará nada”, expresaron los lugareños al matutino calameño la secretaría de la comunidad de Toconce.

Por su parte la Empresa Nacional de Geotermia, también a través de la prensa, dio a conocer detalles sobre el polémico proyecto que ha fortalecido la unión entre empresarios turísticos y familias originarias tanto quechuas como likan antay.

En sus declaraciones publicadas en El Mercurio de Calama, la contraparte se esmeró en aminorar los daños al ecosistema que traería la exploración profunda del Proyecto Quebrada del Zoquete, nombre oficial de la intervención.

Un alto ejecutivo explicó que no se afectarán tanto las aguas superficiales como subterráneas. “Estas fuentes no serán intervenidas por el proyecto, pues durante la construcción del pozo se entubará con acero la perforación y se rellenará con concreto el espacio anular entre la perforación y la tubería, de tal forma que el pozo quedará aislado de cualquier agua superficial o subsuperficial que exista en el sector y que potencialmente pudiese alimentar a las manifestaciones superficiales”, detalló al periódico.

Aseguró además, que han tomado contacto con los comuneros y que no afectaría al turismo… pero de eso los indígenas han escuchado mucho y entendido poco, ¿cómo?

Las mineras en su momento les dijeron que no afectarían el caudal de las aguas ni mucho menos la calidad de vida. Todo lo contrario la mejorarían (hoy vemos pueblos sin habitantes por la contaminación y desplazamiento forzoso); las sanitarias tampoco les mencionaron que para que las urbes tengan agua potable los pueblos se quedarían sin el vital recurso, y para más remate el Estado y su discurso “desarrollista” enriquece sólo a los ricos a cambio de la vida de poblaciones tradicionales.

Hoy el caso está en las cortes de justicia de la Región de Antofagasta y en Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se encuentra en trámite la medida cautelar contra el Estado de Chile ante la desprotección de la vida e integridad de comunidades indígenas, campesinas, turísticas y medio ambiente. Siendo la votación de la COREMA regional el que permitiría la exploración profunda y comienzo del fin.

Es que no es primera vez que a los indígenas se les pide “ceder” por un “bien mayor”. No es la primera vez que se nos coloca entre la espada y la pared como si estuviéramos en contra del resto de los habitantes y ser unos conservacionistas ridiculizados; no es la primera vez que se justifica una intervención y se judicializan las reivindicaciones indígenas.

Las comunidades originarias y agrícolas son testigos como la bullada bonanza de la explotación minera ha acabado con los recursos hídricos y con los pulmones de los calameños. Además, son testigos de miles de reinvenciones para seguir conservando su vida en sus territorios y es por eso se han unidos a los empresarios turísticos y acogen a toda persona que comparta este sentir, ya que nadie quiere ver al Tatio cautivo, y por su libertad seguiremos luchando.

Por: Leyla Noriega Zegarra, periodista.

http://www.migrantessomostodasytodos.blogspot.com

 

Ver Sección Territorios y Recursos

Enlaces relacionados:

http://atymasanpedro.blogspot.com/

 

Convenio 169 y Recomendaciones del Relator ONU James Anaya

CONVENIO 169 OIT  Artículo 15

1) Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2) En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

 

RECOMENDACIONES DEL RELATOR ONU  JAMES ANAYA. Septiembre 2009

54. El Relator Especial enfatiza la necesidad de que el Estado desarrolle un máximo de esfuerzos en la adecuación de sus políticas públicas y de la legislación sectorial, de tierras, aguas, geotermia, y medio ambiente, entre otras, para su compatibilidad con el Convenio Nº 169 de la OIT, y las obligaciones internacionales del Estado respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

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