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14.oct 2019
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Mesa de consenso y el marco normativo del deber de consulta. ¿El reglamento en elaboración se ajusta a recomendaciones del Relator ONU?

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mesaconsensoEl Gobierno chileno lleva adelante un singular proceso de "mesa de consenso" para un Reglamento de la consulta a los pueblos indígenas. En el proceso participan funcionarios de Ministerios y representantes de la minoria de organizaciones indígenas que aceptó seguir la elaboración de un Reglamento de consulta dialogando en base a la propuesta del Gobierno.

Como se recordará, el 1 de Diciembre de 2012, la mayoria de asistentes a un Encuentra Nacional de Pueblos Indígenas, rechazó la propuesta del Gobierno, y exigió un nuevo documento basado en las recomendaciones del Relator ONU.  El Gobierno se desentendió el llamado, y en marzo de 2013 retomó el proceso en base a su propuesta.

 


EL RECHAZO INDIGENA A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO. Y LAS RECOMENDACIONES DEL RELATOR ONU

En Agosto de 2012 el Gobierno presentó una propuesta de reglamento de consulta. La propuesta fue rechazada en forma unánime por diversas organizaciones de todos los pueblos indígenas, por no ajustarse a estándares internacionales.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Chile, habia solicitado la cooperación técnica del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para  poder avanzar en un texto de reglamento acorde a las normas internacionales. La solicitud fue reiterada públicamente por Chile en Octubre de 2012, por medio de un discurso del Embajador de Chile ante la Asamblea General de la ONU. En paralelo, el Gobierno solictó comentarios a la propuesta, tanto a la OIT y agencias de Naciones Unidas en Chile.

A inicios de Noviembre de 2012, el Relator Especial presentó a Chile su informe de Observaciones y Recomendaciones. El documento fue retenido por el Gobierno de Chile, el que envió una delegación oficial del Gobierno de Chile, con representantes de 4 ministerios,  que viajaron especialmente a Estados Unidos a dialogar con el Relator Especial el 27 de Noviembre de 2012, con la misión de lograr bajar las recomendaciones. Finalmente, la delegación aceptó el conjunto de recomendaciones, y se hizo público el Informe el mismo dia 27 de Noviembre de 2012.

Asimismo, el Relator expuso sus recomendaciones via videoconferencia a una amplia reunión de dirigentes indígenas, el dia 30 de Noviembre.

El Informe del Relator Especial formula un conjunto sistemático de observaciones, y finaliza con la recomendación expresa del imperativo de reformular por completo la propuesta de Reglamento de Consulta  y del instrumento conexo de Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, para poder iniciar un proceso de diálogo con los pueblos indígenas, basado en estándares internacionales. El Informe del Relator sobre la propuesta de Chile ha sido difundido a nivel mundial, y es tomado como referencia en diversos países y organismos internacionales.

El 1 de Diciembre de 2012, la mayoria de asistentes a un Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, rechazó la propuesta del Gobierno, y exigió un nuevo documento basado en las recomendaciones del Relator ONU.

Pese a la importancia del Informe del Relator Especial, y  su amplia acogida en la dirigencia indígena, sin embargo, extrañamente el Gobierno chileno no hizo mayor difusión del mismo, ni publicó sus respuestas al mismo informe.

El informe del Relator ha circulado en Chile solo por parte indígena. Tampoco el Gobierno ha publicado los documentos de observaciones a la propuesta de reglamento, formuladas por agencias de Naciones Unidas.  

En paralelo el Gobierno de Chile prosiguó la tramitación de dictación de un Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al cual remite la consulta de proyectos de inversión que afecten a pueblos indígenas.

LA MESA DE CONSENSO

En marzo de 2013, el Gobierno chileno retomó el proceso de elaboración del Reglamento de consulta, a través de una "Mesa de consenso" entre equipos jurídicos y técnicos de Gobierno y algunas organizaciones indígenas que habian  elaborado sus propias contrapropuestas.   Sorprendentemente, los trabajos de la "Mesa de Consenso" han tomado como base de referencia a la propuesta del Gobierno del mes de agosto de 2012, misma que ya habia sido objetada por las propias organizaciones indígenas, y observada por Naciones unidas. Y, de modo inexplicable, la "mesa de consenso" omite las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas y la referencia a estándares internacionales.

La labor de la mesa, ha consistido, básicamente, en comentar, consensuar y elaborar un Reglamento de consulta a partir de la propuesta  gubernamental de agosto de 2012. Esta impronta se grafica en un esquema de actas organizadas en base a columnas. Primera columna: propuesta del Gobierno; Segunda columna: contrapropuestas de organizaciones indígenas; Tercera columna: consensos; Cuarta columna: nueva redacción propuesta por el Gobierno.

 

REDUCCION DEL MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS INDIGENAS, Y DEL DEBER DE CONSULTA

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Al revisar las actas (las tablas)  de la "mesa de consenso" se constata que ésta va dando forma a una peculiar y alarmante versión chilena de "estándares" de consulta.

El caso del Protocolo inicial, y el artículo 1 sobre objeto de la consulta es ilustrativo de ese "estandar criollo". En efecto, se reduce el marco normativo solo al Convenio 169, rehusar el Gobierno que se haga referencia a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  e introducir  una mención engañosa a los tratados internacionales  "que versan sobre la materia", a sabiendas que el único tratado con esa característica sería el Convenio 169 de la OIT. De ese modo en la práctica se elude el conjunto del corpus iruis que regula el deber de consulta.

Cierra esta operación, la clausula que subordina la interpretación y aplicación de la consulta a la Constitución chilena, una cláusula que no estaba en la propuesta inicial de Agosto 2013, y que subordina un principio de derecho internacional a la cuestionada Constitución de Pinochet.

Sin duda, la peculiar Mesa de Consenso realiza un ejercicio de diálogo, si bien no representantivo de las mayorias. Sin embargo,  es evidente que los debates y articulados que van elaborando y "consensuando",  no solo omiten las observaciones del Relator Especial,  sino que se alejan manifiestamente  de los estándares internacionales.

Al mismo tiempo, en base a los registros audiovisuales disponibles, se constata que  la mesa se ocupa largos tiempos en impases que bien  se podrian superar si se hubiese seguido la recomendación de reelaborar la propuesta, para entonces realizar un diálogo amplio e inclusivo.

¿Estará a tiempo la "mesa de consenso" para releer las Recomendaciones del Relator Especial y/o para ajustarse a los estándares internacionales? 

A fin de cuentas, lo que se está reglamentando es una norma de derecho internacional,  el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas.

 

Víctor Toledo Llancaqueo

7 de Mayo 2013

 

Reglamentación Consulta Chile

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