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23.sep 2018
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OIT. Aplicación del Convenio 169 en Chile. Informe de Observaciones y Solicitud Directa 2014

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oitgeneve La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ha publicado su Informe  de Observaciones 2014. El documento contiene un capítulo con las observaciones sobre la aplicación del Convenio 169 en Chile.

La comisión toma nota de la irregular dictación del nuevo reglamento de Consulta impuesto por el Gobierno de Chile en 2013 (Decreto 66), que limita arbitrariamente los alcances de esta obligación estatal.La Comisión solicita al Gobierno chileno presente información acerca de cómo esta normativa prodria cumplir las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio. El irregular nuevo reglamento pretende eludir dichas obligaciones.

En materia de Tierras, la Comisión reitera al Gobierno de Chile sus observaciones anteriores, respecto a que los mecanismos de restitución de tierras y procedimientos de resolución de conflictos no se ajustan a las obligaciones internacionales de Chile. Solicita información detallada.

La Comisión envío una "Solicitud Directa" con interrogantes específicas al Estado. La próxima memoria de Chile sobe cumplimiento del Convenio 169 debe ser presentada en 2015.

Publicamos íntegro el capitulo con las observaciones y recomendaciones de la CEACR-OIT al estado de Chile.
10/02/2014

 


 


COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES
OIT- GINEBRA. Sesión Diciembre 2013. Publicación Febrero 2014

CHILE. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2008)


La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en septiembre de 2013. En respuesta a los comentarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el Gobierno señala que la ratificación del Convenio presenta el desafío de conciliar la aplicación del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con el desarrollo productivo del país, reduciendo la judicialización de los proyectos de inversión. Las contribuciones de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), del Consejo Minero y de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) indican que esperan que tanto el proyecto legislativo sobre la consulta indígena como el Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (aprobado mediante decreto núm. 40, publicado en agosto de 2013) se conviertan en herramientas destinadas a mejorar la seguridad jurídica de los proyectos de inversión en el país. Entre otros asuntos, la CORMA y el Consejo Minero destacan la necesidad de establecer una definición clara de la representatividad de los pueblos indígenas para llevar a cabo las consultas. Al respecto, la Comisión ha tomado nota del análisis transmitido en septiembre de 2013 por la Multigremial de la Araucanía sobre los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones interpuestos en la Novena Región (región con mayor población indígena del país) que guardan principalmente relación con la consulta y participación que establece el Convenio. De las sentencias analizadas se desprende, según la Multigremial, que la judicialización es una herramienta de paralización de proyectos de inversión o de comercio mientras que dure la orden de no innovar hasta tanto haya terminado el proceso ante la Corte Suprema. La suspensión del proyecto puede durar al menos un año y causar reservas a inversionistas. La Comisión invita al Gobierno a que al preparar su próxima memoria se siga comunicando con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y consulte con las organizaciones de los pueblos indígenas del país sobre las medidas tomadas para dar efecto al Convenio (partes VII y VIII del formulario de memoria). Sírvase incluir documentos sobre los procesos pendientes y decisiones judiciales que hayan tratado sobre las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio (parte V del formulario de memoria).


Consulta. Nueva normatividad. El Gobierno indica que, entre marzo de 2011 y julio de 2013, se establecieron mecanismos de diálogo con representantes de los pueblos indígenas para consensuar una nueva normativa de consulta y participación. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas sobre el funcionamiento de la Mesa de Consenso en la que el sistema de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participaron como observadores. El Gobierno puso en conocimiento de la Comisión el ilustrativo informe de la «misión de observación» del INDH, de agosto de 2013, sobre el proceso, el contenido y las resoluciones adoptadas en el marco de la Mesa de Consenso. La Mesa de Consenso sesionó entre marzo y julio de 2013 y sus labores culminaron con la firma de un protocolo en el que se establecieron los acuerdos alcanzados en 17 artículos del proyecto. El Gobierno indicó que no se habían logrado acuerdos sobre las definiciones de afectación directa y de las medidas a ser consultadas. La Comisión toma nota de que el 15 de noviembre de 2013, el Presidente de la República firmó el decreto supremo núm. 66 aprobando el reglamento que regula «el procedimiento de consulta indígena» en virtud del artículo 6, párrafo 1, a), y párrafo 2, del Convenio. Respondiendo al pedido de las organizaciones indígenas, el decreto supremo núm. 124 de 2009 quedará derogado al entrar en vigencia el nuevo reglamento. La Comisión pide al Gobierno que informe a la Oficina sobre la entrada en vigencia del nuevo reglamento sobre la consulta. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio.

Artículo 7. Participación. El Gobierno indica que tiene la intención de presentar al Congreso un proyecto de creación de un consejo de pueblos indígenas que represente a los pueblos indígenas a nivel nacional y que cumpla el rol de asesorar en la formulación de las políticas que afecten a los pueblos interesados. En efecto, en el diálogo entre los pueblos indígenas y el Gobierno para consensuar una nueva normativa sobre la consulta se decidió no regular la participación. La Comisión recuerda que el Convenio se refiere a una participación activa de los pueblos indígenas que incluya la presentación de iniciativas y propuestas de medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo y que los lleven a decidir sobre sus prioridades [véase el Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, publicado por la OIT en 2013, página 20]. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado la efectiva participación de los pueblos indígenas en las decisiones susceptibles de afectarles directamente y el pleno efecto de las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 7, 15 y 16 del Convenio.

Tierras. El Gobierno informa que a través del decimotercer concurso de tierras de 2012 se adquirieron algo más de 3 300 hectáreas de tierras entregadas entre 2012 y 2013 a 605 familias que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y riesgo social. El Gobierno indica que cada entrega de tierras va acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se habían observado las dificultades que existían para regularizar los derechos a las tierras reclamadas por los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta la persistencia de una situación que no cumple con el Convenio, la Comisión reitera su pedido al Gobierno para que informe en su próxima memoria de manera detallada sobre la adecuación con el Convenio del mecanismo de regularización de tierras y su procedimiento de solución de conflictos. La Comisión espera poder examinar informaciones que permitan comprobar que se tuvieron en cuenta las preocupaciones expresadas por las organizaciones sindicales y los pueblos indígenas en las observaciones comunicadas en 2010 y se reconoció a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que consagran los artículos 13 y 14 del Convenio.

En una solicitud directa, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre otros puntos relacionados con la autoidentificación de los pueblos indígenas, los procedimientos de consulta que se han establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los recursos naturales, y los progresos alcanzados en salud y educación. La Comisión pide también informaciones sobre los temas pendientes relacionados con la regularización de tierras y la participación en los beneficios.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

 

 

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[10 Febrero 2014]


Solicitud directa (CEACR) - adoptada 2013, publicado reunión CIT 102 º 2014

Artículo 1 del Convenio. Autoidentificación. El Gobierno manifiesta en la memoria recibida en agosto de 2012, que desde la entrada en vigor del Convenio, el término etnia fue remplazado por el de pueblo indígena. La Encuesta de caracterización socioeconómica CASEN 2011 reconoce la existencia de 1 369 563 indígenas en Chile, equivalentes al 8,1 por ciento de la población estimada del país. En respuesta a los comentarios formulados en 2012, el Gobierno indica que los artículos 60 y 61 de la Ley Indígena reconocen la calidad indígena de las comunidades huilliches y pehuenches. Además, en las actas de las sesiones de aprobación de la Ley Indígena se ha dejado constancia de la existencia de comunidades cuyos representantes son escasos en la actualidad. La Comisión se remite a los comentarios formulados por las organizaciones indígenas en 2010 y pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas para que los pueblos changa, chono, huilliche y pehuenche estén protegidos por las medidas destinadas a dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio.
Artículo 3. Derechos humanos y libertades fundamentales. El Gobierno señala que como resultado de la aplicación restrictiva que se hace desde el año 2009 de la ley núm. 18314 que sanciona conductas terroristas, hay solamente 42 causas por delitos terroristas, de las cuales sólo ocho correspondieron a hechos ocurridos en la región de la Araucanía. De las 22 causas substanciadas contra imputados indígenas, sólo una es por delitos contemplados en la ley núm. 18314. El Gobierno indica también que la policía recibe capacitación en materia de cultura indígena, que carabineros de Chile incorporó unidades de apoyo operativo para atender a comunidades indígenas y que los programas de formación de carabineros, policía de investigación y funcionarios encargados de penitenciarías incluyen materias de derechos humanos y no discriminación. Recordando la preocupación expresada por las organizaciones indígenas en 2010, la Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas adoptadas para evitar que se utilice la fuerza o la coerción en violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados.
Artículos 2 y 33. Acción coordinada y sistemática con la participación de los pueblos indígenas. Nueva institucionalidad indígena. El Gobierno incluye en su memoria ejemplos de instancias de participación de los pueblos indígenas en el país, tales como las 1 120 mesas de coordinación y seguimiento establecidas en 2012 y 2013 por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en las que representantes de las comunidades indígenas participan en la planificación de las inversiones. El financiamiento dado a estas mesas supera los 350 millones de pesos. Asimismo, el Gobierno informa que, en mayo de 2012, el Presidente de la República propuso a los pueblos originarios la creación del Área de Desarrollo Indígena de Ercilla, con el fin de crear instancias de participación permanente de las diversas organizaciones indígenas de la zona en las decisiones que las afecten. El Gobierno señala también que en virtud de la ley núm. 20249 que crea espacios costeros marinos de pueblos originarios, la Subsecretaría de Pesca otorgó en 2012 un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) sobre un sector de fondo de mar y porción de agua en Punta Capitanes, región de Los Lagos, para ser administrado por la comunidad indígena de Altué. La Comisión solicita al Gobierno que siga brindando ejemplos sobre la manera en que se asegura la participación eficaz de los pueblos indígenas en las instituciones que administran los programas que los afectan. La Comisión espera que el Gobierno pueda dar a conocer los resultados de la consulta sobre la institucionalidad indígena y la manera en que se han tenido en cuenta las preocupaciones y prioridades de los pueblos indígenas.
Estudios de impacto ambiental. La Comisión toma nota de que, el 24 de diciembre de 2013, entra en vigencia el decreto núm. 40 que dicta el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El reglamento dispone que se ingresa al SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o, cuando el proyecto o actividad presente alguna de las causales contempladas en el reglamento, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La Comisión toma nota de que el artículo 85 del reglamento del SEIA retoma los términos del artículo 6, 1), a), y 2), del Convenio al establecer que en los casos de EIA que afecten directamente a los pueblos indígenas, se diseñará y desarrollará un proceso de consulta a los pueblos interesados. Según el artículo 86 del reglamento del SEIA, para los proyectos que ingresan al SEIA con declaraciones y para ciertos estudios que no generen aparentemente una afectación directa, pero que se emplacen en tierras indígenas o en sus cercanías; se ha previsto la realización de «reuniones» con los pueblos interesados para recoger sus opiniones, analizarlas y, si procede, exigir su reingreso como EIA que genera afectación directa y asegurar la celebración de consultas. En el artículo 27 del reglamento se contempla la posibilidad de que, previamente al ingreso al SEIA de un proyecto susceptible de afectación directa a pueblos indígenas, el servicio considere los mecanismos decisorios, costumbres y estructuras organizativas de tales grupos y realice «reuniones» con los pueblos interesados con el objeto de recoger sus opiniones y considerarlas en su decisión. Sin embargo, si un proyecto que ingresa en el SEIA conlleva el traslado o la reubicación de los pueblos indígenas (artículo 7 del reglamento SEIA), se ha previsto la necesidad de contar con el consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa de los pueblos interesados, sin atender a todas las otras situaciones previstas en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 16 del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre el resultado del recurso de protección interpuesto por algunas organizaciones indígenas contra el reglamento del SEIA. La Comisión invita al Gobierno a presentar en su próxima memoria informaciones sobre la manera en que los procedimientos de consulta que se han incluido en el reglamento del SEIA aseguran la efectiva aplicación de los artículos 6 y 7 del Convenio. En caso de que un estudio de impacto ambiental conlleve la explotación de recursos existentes en tierras indígenas y/o el reasentamiento de comunidades indígenas, la Comisión invita al Gobierno a indicar cómo se asegura el cumplimiento de todos los requerimientos de los artículos 15 y 16 del Convenio.
Recursos naturales. El Gobierno indica en su memoria que las concesiones mineras son otorgadas por resoluciones judiciales, y no a través de medidas administrativas y que sólo dichas medidas pueden ser sometidas a consulta. Entre los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deben someterse al SEIA previstos en el artículo 3 del reglamento, no figuran las concesiones mineras en la etapa de exploración previa a la prospección ni en la etapa de explotación. La Comisión reitera su pedido al Gobierno de que se modifique la legislación nacional para que los pueblos indígenas sean consultados antes de que se emprenda o autorice cualquier programa de recursos naturales existentes en sus tierras y que puedan participar de los beneficios derivados de su explotación. La Comisión espera poder examinar informaciones que permitan comprobar que se han salvaguardado específicamente los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que establece el artículo 15 del Convenio.
Salud y educación. La Comisión toma nota de que el 13 de octubre de 2012 entró en vigor la ley núm. 20584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Esta ley establece en su artículo 7 el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos originarios. El Gobierno señala que, por resolución exenta núm. 665 del Ministerio de Salud de 25 de noviembre de 2012, se constituyó en el Ministerio de Salud un grupo de trabajo cuyo objetivo es proponer un reglamento que contenga un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas. La Comisión toma nota de que en 2012 se lanzó el Plan de Rescate de la Lengua con el objetivo de que 20 000 personas pertenecientes a pueblos indígenas recuperaran su lengua a través de sus modos de enseñanza ancestral y de sus sabios. Durante el primer año del programa se capacitaron 10 000 personas y se pretende continuar capacitando al mismo número de personas por año. El Gobierno señala que a diciembre de 2012 existen 356 escuelas que implementan el Programa de Educación Intercultural Bilingüe y otras 200 que implementan estrategias de rescate cultural y de la lengua indígena con recursos de subvención preferencial. La Comisión invita al Gobierno a seguir presentado informaciones sobre los progresos realizados en relación con las disposiciones del Convenio relativas a la salud (artículo 25) y a la educación (artículos 26 y 27). La Comisión solicita al Gobierno que agregue también indicaciones sobre la manera en que se ha progresado en la aplicación de las otras disposiciones de las partes V y VI del Convenio.

 


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