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16.ene 2018
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OIT.Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas. CEACR Observación general Convenio 169

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Observación General del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe 2009.

En la víspera del 20.º aniversario de la adopción del Convenio, la Comisión toma nota de que el establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta y participación de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les conciernen es la piedra angular del Convenio, aunque sigue siendo uno de los principales desafíos que plantea la aplicación del Convenio en una serie de países.

 

Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.

 

 

La Comisión toma nota de que el Convenio hace referencia a tres procesos interrelacionados: la acción gubernamental coordinada y sistemática, la participación y la consulta.

Toma nota que los artículos 2 y 33 del Convenio leídos conjuntamente, disponen que los gobiernos tienen la obligación de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas y tribales, acciones coordinadas y sistemáticas para proteger los derechos y garantizar la integridad de esos pueblos. Deben establecerse instituciones y otros mecanismos apropiados a fin de administrar programas, en cooperación con los pueblos indígenas y tribales, que cubran todas las etapas, desde la planificación hasta la evaluación de las medidas propuestas en el Convenio. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 7 del Convenio, los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades de desarrollo y de participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les pueden afectar directamente.

El artículo 6 establece los requisitos del Convenio en relación con la consulta.

La Comisión toma nota de que en muchos países se han realizado auténticos esfuerzos en relación con la consulta y la participación a fin de aplicar el Convenio. Sin embargo, estos esfuerzos no siempre satisfacen las expectativas y aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales, y no cumplen con los requisitos del Convenio.

En algunos casos se han creado instituciones con responsabilidades relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, aunque en ellas hay poca o ninguna participación de esos pueblos, o carecen de los recursos o la influencia suficientes. Por ejemplo, las decisiones fundamentales que afectan a los pueblos indígenas y tribales en muchos casos son adoptadas por los ministerios responsables de minería o de finanzas, sin coordinación alguna con la institución responsable de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Como resultado de ello, esos pueblos no pueden opinar realmente sobre las políticas que les atañen.

Aunque el Convenio no impone un modelo específico de participación, requiere la existencia o establecimiento de instituciones u otros mecanismos apropiados, con los medios necesarios para cumplir debidamente con sus funciones, y la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales. Estas instituciones o mecanismos aún se tienen que establecer en una serie de países que han ratificado el Convenio.

La Comisión no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo. No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales. Incluso cuando hay cierto grado de participación general a escala nacional y se realizan consultas ad hoc sobre ciertas medidas, puede que esto no sea suficiente para cumplir con los requisitos del Convenio en lo que respecta a la participación en la formulación e implementación de los procesos de desarrollo. Por ejemplo, cuando los pueblos interesados consideran que la agricultura es la prioridad, pero sólo se los consulta en relación con la explotación minera después de que se haya elaborado un modelo de desarrollo para la región en el que se da prioridad a la minería.

En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos desafíos fundamentales:

i) garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y tribales; y

ii) incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y exploración de recursos naturales.

La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión — con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas — de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes.

Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos. Por consiguiente, la Comisión considera importante que los gobiernos, con la participación de los pueblos indígenas y tribales establezcan, de forma prioritaria, mecanismos apropiados de consulta con las instituciones  representativas de esos pueblos. Debería realizarse una evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de consulta, con la participación de los pueblos interesados, a fin de continuar mejorando su eficacia.

La Comisión alienta a los gobiernos a proseguir sus esfuerzos, con la participación de los pueblos indígenas y tribales, en los ámbitos siguientes, y que en próximas memorias transmitan informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto:

– desarrollo de las medidas y mecanismos previstos en los artículos 2 y 33 del Convenio;

– establecimiento de mecanismos de participación para la formulación de planes de desarrollo;

– inclusión del requisito de consulta previa en la legislación relacionada con la exploración y explotación de los recursos naturales;

– realización de consultas sistemáticas sobre las medidas legislativas y administrativas mencionadas en el artículo 6 del Convenio, y

– establecimiento de mecanismos eficaces de consulta que tengan en cuenta la concepción de los gobiernos y de los pueblos indígenas y tribales sobre los procedimientos a seguir.

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Conferencia Internacional del Trabajo, 98.ª reunión, 2009.
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Informe III (Parte 1A) Informe general y observaciones referidas a ciertos países

Oficina Internacional del Trabajo Ginebra

ISBN 978-92-2-320634-5

ISSN 0251-3226

Primera edición 2009

 

 


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Chile. TV Digital y Derechos de los Pueblos Indígenas

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Intervención de CLACPI  en sesión de Comisión de Senado por proyecto de Ley sobre Televisión Digital Terrestre.  30 de enero 2012. La TV Digital impactará directamente y de modo específico a los pueblos indígena, lo que constituye una oportunidad para el pluralismo cultural. Los Pueblos indigenas deben tener acceso al espectro radioeléctrico y contar con propios canales de TVDigital. Al mismo tiempo, los concesionarios de TV deben transmitir programación audiovisual indígena.

Se hace presente al Senado la obligación de realizar un proceso de consulta previa del proyecto de ley.